Cambia de juez la causa por los “gastos sociales”

El titular del Juzgado N° 2 se inhibió por la fecha de la denuncia.

10 Dic 2018
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EN 2015. Una camioneta de la Cámara trasladará las valijas desde el banco. LA GACETA / INÉS QUINTEROS ORIO

La causa penal que investiga la presunta malversación de fondos públicos durante 2015, a través del sistema de “gastos sociales” de la Legislatura, cambió de Juzgado de Instrucción. Así, la definición sobre el futuro del proceso, que involucra a la anterior composición del cuerpo legislativo, se mantiene abierto.

Fuentes judiciales confirmaron a LA GACETA que el juez de Instrucción en lo Penal N° 2 de la Capital, Facundo Maggio, se inhibió de entender en el caso, al considerar que, por la fecha de la denuncia -finales de 2015- le corresponde al Juzgado N° 4 de ese fuero -permanece acéfalo- resolver sobre el desarrollo del expediente.

En diciembre, ese despacho es subrogado por el juez de Instrucción N° 1, Alejandro Tomas. Este magistrado deberá resolver si la causa permanece en esa oficina. En caso de que Tomas disienta con su par Maggio, la cuestión deberá ser dirimida por la Cámara de Apelaciones en lo Penal.

Este trámite toma trascendencia a partir de la decisión que había tomado fiscal de Instrucción N° 2, Claudio Bonari, de elevar un requerimiento al Juzgado de Instrucción. Los denunciantes Oscar López (apuntó a la anterior conformación legislativa) y Eudoro Aráoz (puso la mira en gestión previa del Ejecutivo) tienen dos versiones: la primera, que Bonari elevó un pedido para avanzar con medidas de prueba sobre las autoridades y los legisladores de la composición 2011-2015. La segunda, que el fiscal solicitó el archivo del expediente, como había resuelto en 2016 el ex fiscal de Instrucción N° 5 -hoy ministro de la Defensa- Washington Navarro Dávila, aunque luego esa decisión fue revocada por el ministro Fiscal Edmundo Jiménez. Este es el último caso penal abierto que investiga el manejo de más de $ 600 millones en 2015 a través del sistema de “gastos sociales” a personas, derogado en agosto de 2016 por el vicegobernador Osvaldo Jaldo -continúan los subsidios a instituciones, entre otros aportes que surgen de las arcas legislativas-.

Entre febrero y octubre de ese año, de una sucursal bancaria céntrica salían valijas cargadas con dinero. Según los informes a los que accedió LA GACETA, en ocasiones se retiraban $ 2 millones, pero había días en los que se extraía por ventanilla hasta $ 10 millones en efectivo. La plata era transportada en una camioneta oficial de la Cámara, según se mostró mediante fotos, y entregada en la sede de Muñecas 951 del Poder Legislativo. Allí, en Tesorería, era entregada en mano a los legisladores -el manzurista Reneé Ramírez admitió en 2016 que cobraba $ 150.000 al mes por este concepto- o a los beneficiarios de las “ayudas sociales”. A pesar del planteo de distintas demandas ante el fuero administrativo y de resoluciones judiciales, el gobierno decidió no dar a conocer hasta el momento el listado de las personas que recibieron subsidios.

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