07 Diciembre 2018
FOTO TOMADA DE ELTIEMPO.COM.
La Fiscalía de Barcelona presentará una querella contra la Shakira por fraude fiscal, acusándola de haber evadido sumas millonarias a la Hacienda española entre 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales.
El Ministerio Público comunicó a la defensa de la cantante colombiana que tiene archivado un escrito de alegaciones que su abogado presentó para demostrar que no había defraudado al fisco. En las próximas semanas se querellará contra ella por delitos contra la Hacienda pública, según reprodujo la agencia de noticias Télam.
El caso
La Fiscalía abrió en 2017 diligencias para investigar a Shakira a raíz de un informe remitido por la Agencia Tributaria que alertaba que la cantante habría evadido el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) entre los años 2011 y 2014, simulando presuntamente que durante esos ejercicios residió más de seis meses al año en paraísos fiscales.
Hace unos días, la defensa de Shakira presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona en el que alegaba que la artista colombiana estaba al día de sus pagos con Hacienda y pedía el archivo de las diligencias abiertas en su contra.
Según publicó el periódico catalán "La Vanguardia", hace unos meses Shakira pagó U$S 22,7 millones correspondientes a las deudas e intereses al fisco de 2011, mientras que en los últimos días ha abonado otros U$S 14,5 millones a cuenta de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Además, la artista también aduce que, hasta el año 2015, nunca ha pasado más de 183 días en España, por lo que no llegó a la permanencia suficiente en el país para que, de acuerdo con los criterios de la Agencia Tributaria, se la pueda considerar contribuyente de la Hacienda española, y que sus ingresos proceden en un 96% de terceros países.
El comunicado recuerda que Shakira, pareja del futbolista español Gerard Piqué, con quien tienen dos hijos, ha pagado la deuda que le reclamaba la Agencia Tributaria como "muestra de su disposición a solucionar la discrepancia" entre sus asesores fiscales y Hacienda, pese a la existencia de criterios técnicos contrarios a su consideración como residente fiscal en España antes de 2015.
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