Jiménez se opone a que la morgue regrese a la Corte

La decisión depende del gobernador Manzur.

07 Dic 2018
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APRETÓN DE MANOS. Daniel Posse, presidente de la Corte, y el ministro público fiscal Edmundo Jiménez en octubre. la gaceta / foto de Osvaldo Ripoll (archivo)

El gobernador Juan Manzur quedó en el medio de una controversia entre la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal por el control del Cuerpo Médico Forense y Morgue Judicial. Ocurre que el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, notificó al titular del Poder Ejecutivo que se opone a que el organismo técnico regrese al alto tribunal, como pretenden todos los vocales. Un día después de que trascendiese que la Corte había pedido a Manzur el envío de un proyecto de ley que disponga la devolución de la morgue, Jiménez manifestó que ese pedido carece de asidero práctico y jurídico. Manzur quedó así en la posición de referí entre las cabezas de las dos instituciones judiciales.

“Es erróneo y falaz que la imparcialidad del Cuerpo Médico Forense esté afectada por su pertenencia al Ministerio Público Fiscal”, dijo Jiménez para rebatir el principal argumento que esgrimió la Corte al solicitar el retorno del equipo. Esta unidad de apoyo para las investigaciones penales dependió del alto tribunal hasta comienzos de 2017, cuando la Legislatura dividió al Ministerio Público en un órgano para la acusación (fiscal) y otro para la defensa, y emancipó a las instituciones resultantes de los controles que ejercían los jueces supremos. La ley que remodeló los Tribunales colocó al cuerpo en disputa bajo el ala del Ministerio Público Fiscal, órgano que debe representar los intereses de la sociedad en la Justicia. Según Jiménez, Manzur debe ratificar esa distribución para evitar retrocesos y porque corresponde a los fines de las corrientes procesales modernas.

El ministro público fiscal dijo que los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar fundamentaron la necesidad de recuperar la oficina de los profesionales forenses y patólogos con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictados hace décadas, que no tienen incidencia en la persecución penal. Jiménez cuestionó a la Corte provincial por expresar dudas sobre la independencia de los informes y peritaciones confeccionadas por los técnicos: “no resulta propicio en nuestro sistema procesal penal hablar de imparcialidad en materia probatoria. Lo que debe protegerse es el derecho al control de parte (de los procedimientos), que se cumple en todas las pruebas”.

El jefe de los fiscales dijo que la morgue estaba a cargo del Ministerio Público en Mendoza, donde rige el modelo procesal penal que Tucumán adoptó en 2016, aunque aún no está vigente. “La reforma goza de buena salud, y no hay registro de que las partes hayan solicitado la intervención jurisdiccional para garantizar la imparcialidad de los informes o peritaciones (...)”, opinó. Jiménez sostuvo que el Cuerpo Médico Forense había mejorado su rendimiento desde que estaba en su estructura y reducido sus plazos de actuación. Y adujo que todo podría obedecer a intereses de los profesionales escogidos por la Corte: “lógicamente, movilizar a estas personas a constantes cambios e innovaciones produjo la resistencia de estos en pos de mantener el estado de confort del que gozaban y, por ello, fomentan una política separatista para recuperar viejos paradigmas laborales”.

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