El gobierno pide el poder de otorgar planes de pago en impuestos y recibe críticas opositoras

El Gobierno prepara una serie de actualizaciones al Código Tributario de la Provincia y a la Ley Impositiva. A través de un proyecto firmado por el gobernador Juan Manzur y por su ministro de Economía, Eduardo Garvich, el Poder Ejecutivo (PE) solicitó al Legislativo más de 40 modificaciones las normas tributarias.

Si bien la gran mayoría de los cambios parecen tener consenso en el cuerpo colegiado, en la oposición ya anticiparon su rechazo a la solicitud de la Casa de Gobierno para contar con la facultad de otorgar planes “de carácter general, sectorial o para determinado grupo o categoría de contribuyentes o responsables”.

Una de las críticas centrales a esa propuesta se sustenta en que la Constitución asigna a la Legislatura la competencia para “establecer los impuestos y contribuciones” que nutren las arcas de la Provincia, y fijar “regímenes tributarios de excepción”. Además, plantaron el nuevo sistema podría dar lugar a una concesión discrecional e inequitativa de planes de pago de tributos.

Alcances y límites

El proyecto de Manzur, recibido el 19 de septiembre por la Legislatura, expresa que el conjunto de modificaciones “tiene como fundamento la necesidad de contar con un sistema jurídico tributario previsible, estructurado, actualizado y perfeccionado continuamente”. Añade que el objeto es “lograr la uniformidad normativa y armonización tanto con las normas del Código Civil y Comercial de la Nación como con las nuevas normas de procedimiento tributario nacional y las disposiciones locales de las restantes jurisdicciones provinciales”.

En ese marco, el PE incorporó la solicitud para habilitar “regímenes de regularización de deudas fiscales, estableciendo los alcances y límites de tal delegación, con el objete de agilizar el dictado de medidas tendentes a la percepción de dichas deudas”. Y detalló que esta medida ya fue dispuesta por “otras jurisdicciones provinciales, como Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, entre otras”.

Manzur, desde su asunción como gobernador en 2015, gestionó dos “moratorias” ante el cuerpo legislativo: una en 2016 y otra en 2017. En ambos casos, la Cámara aprobó los proyectos y los contribuyentes pudieron saldar sus deudas con planes de pago.

Si bien la facultad que solicita ahora el gobernador excluye el poder de disponer quitas en los importes, sí están contemplados tres eventuales beneficios: “la posibilidad de regularización en pagos parciales, con o sin interés de financiación”; “la reducción de intereses, recargos y sanciones”; y “beneficios adicionales según la modalidad y condiciones de cancelación de la deuda regularizada”. Además, el PE podrá resolver sobre los “requisitos y condiciones” que deben cumplir los morosos ante Rentas.

El vicepresidente de la comisión de Hacienda, Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario), aseveró que en materia tributaria el principio es “la generalidad”, y eso queda de lado en la propuesta oficialista. “Esto es gravísimo. Es como pretender que el Poder Legislativo directamente cierre sus puertas y no cumpla con sus deberes republicanos. Lo tributario es indelegable y no es algo antojadizo, que se me ocurra a mí o a otro legislador. Así lo dice la Constitución”, indicó el ex secretario de Hacienda del amayismo.

En ese sentido, el dirigente de Cambiemos advirtió que otra sería su postura si el proyecto sólo contemplara eventuales planes de pago de alcance general, y no para “segmentos de actividades”. “Es complicado cuando lo tributario se mezcla con lo discrecional. Esta iniciativa tiene tachas de inconstitucionalidad”, agregó Bellomío. Y aseveró que la administración de Manzur “en lo referido a beneficios fiscales, siempre los proyectos vienen con nombre y apellido; en este caso seguramente también los tiene”.

Claudio Viña (Nueva Fuerza-Cambiemos) objetó que las cuestiones tributarias no sean abordadas con asesoría de los sectores especializados en esa materia, como el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas o la Federación Económica. Indicó además que la potestad requerida por Manzur para dictar planes de pago “vulnera todos los principios liminares del derecho tributario”, ya que el PE podrá “establecer moratorias generales o sectoriales, condonando intereses y multas u otorgando beneficios o quitas”. “Es vasta la doctrina que rechaza este tipo de delegación de facultades, que está consagrada tanto en la Constitución nacional como en la provincial”, planteó Viña, precisamente autor de un proyecto para una moratoria de tributos provinciales.

El titular del bloque UCR, José Canelada, también anticipó su rechazo a ese permiso especial. “Esta delegación es insólita, más parecida a una tiranía camuflada por una aparente legalidad. Entendemos que se deben establecer mecanismos que faciliten el cobro (de impuestos). Pero debe ser un debate amplio, por todos conocido, que garantice la igualdad de trato. Una vez más debemos alertar que Manzur pretende avanzar en una norma que será impugnada por inconstitucional”, indicó el dirigente de Cambiemos.

Todavía no hay una fecha estimada para que el proyecto de Manzur llegue al recinto. De hecho, aún la comisión de Hacienda y Presupuesto no emitió su dictamen al respecto. Pero la idea del oficialismo es comenzar a abordar la propuesta cuanto antes.