Legisladores evalúan el informe de seguridad y las respuestas que dejó Maley

El funcionario pidió que la Justicia ordinaria investigue los casos de narcomenudeo Los opositores pretenden dar una respuesta crítica. Los oficialistas volvieron a llamarse al silencio. Plan de equipamiento.

29 Ago 2018
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SIN PAUSA. Los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia en Seguridad se reunirán hoy, pese al asueto del Día del Abogado. la gaceta / foto de antonio ferroni

Como si se tratara de una mesa evaluadora, los legisladores que integran la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia se reunirán hoy por la mañana para analizar el informe y las respuestas a los interrogantes que le habían elevado a Claudio Maley, ministro de Seguridad.

El funcionario, en las respuestas a las que accedió LA GACETA, profundizó algunos conceptos que había vertido en su informe cuatrimestral y brindó más detalles en otros. Por ejemplo, indicó que se encuentra vigente un plan de Equipamiento Global. “Tendrá un vasto impacto territorial, ya que está previsto satisfacer las necesidades policiales y penitenciarias en toda la provincia. El plan comprende la adquisición de armamento, chalecos balísticos, equipamiento antidisturbios, vehículos en general e inclusive un laboratorio científico de última generación. Desconociendo el monto de esta operación, existe el compromiso del PE de afectar un importante porcentaje de esto a la compra de equipamiento policial”, explicó.

Maley también dio explicaciones sobre otros temas polémicos como los servicios adicionales que realizan los policías; la cantidad de armas que tiene secuestrada la fuerza; informe sobre los clanes en la provincia; una serie de informes estadísticos y un detalle de las medidas que se están tomando por la crisis carcelaria de la provincia. (Ver “Las otras respuestas”)

“Sutil diferencia”

“Esta Comisión podría ayudar en generar el espacio y el criterio necesario para definir la provincialización de la norma contra el narcomenudeo, que esto constituye el principal flagelo enquistado en los barrios más vulnerables y representa el primer eslabón para que los jóvenes desde temprana edad incursionen en la actividad delictiva”, sostuvo el funcionario.

La suspensión de la aplicación de esta norma fue promovida por el Poder Ejecutivo.

El funcionario reconoció que las estadísticas son analizadas en detalle y consignó que prácticamente no han habido cambios respecto del año pasado. “Sus índices arrojan variables, especialmente en determinadas modalidades delictivas. Comparadas con el mismo período de 2017, las cifras finales en porcentuales ínfimos que marcan sólo una sutil diferencia”, explicó.

“El panorama delictivo nos preocupa de tal manera que nos ocupamos en forma constante en revertir la situación de inseguridad en la que se ve inmersa la sociedad. En los últimos siete meses de gestión, esto ha generado que los arrestos policiales se encuentran colapsados. En un 80% están ocupados por autores de delitos contra la propiedad, como ser motoarrebatadores, rompevidrios, asaltantes y escruchantes”, especificó.

Final abierto

Lo que no está en claro es cuál será el resultado de la reunión que se desarrollará hoy. Los opositores pretenden que al menos se le envíe al ministro una devolución crítica sobre el informe y las respuestas que brindó a la comisión. Los oficialistas, en cambio, siguen manteniendo un prudencial silencio.

“Lo primero que debemos definir es si continuaremos siendo una pantomima o si trabajaremos en serio. No necesitamos más discursos interminables, sino acciones concreta”, opinó Claudio Viña (Nueva Fuerza).

El radical José María Canelada sostuvo que “la comisión de emergencia no puede ser un espacio para sólo escuchar peroratas del ministro de turno. Los tucumanos no podemos seguir esperando a que el gobernador (Juan) Manzur nos tome en serio. La Legislatura no puede seguir legitimando que en las calles reine el delito”.

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