“Este es un momento de apertura al diálogo con todos los sectores; no de ajustes”

La discusión presupuestaria está ingresando en zona de definiciones. El Gobierno nacional ha dejado en claro que el esfuerzo fiscal debe ser compartido entre Nación y provincias (incluyendo a los municipios y comunas rurales) para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), hay dos escenarios probables para hacer los deberes y que el efecto de un ajuste en las cuentas públicas sea lo menos doloroso posible para la gestión.

• Si el recorte se calcula sobre el gasto proyectado originalmente para 2019, el monto es de $ 360.000 millones. Así se cumple con la meta de déficit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

• Por otra parte, si el recorte se calcula sobre el gasto proyectado este año, sería de $ 140.000 millones.

De una u otra forma, el gobernador tucumano Juan Manzur ya ha sentado posición: “las provincias que vienen realizando una administración equilibrada de las finanzas públicas no pueden asumir el peso de un ajuste que no toma en cuenta la conducta fiscal”. Y continúa en esa línea. “Tucumán es una de las pocas provincias que no registra déficit y que está al día con sus obligaciones”, afirmó ayer en una charla con LA GACETA.

El freno de la economía y la fuerte caída que experimentó la industria el mes pasado obligan a los gobernantes a generar escenarios que faciliten los negocios. “Este es un momento de apertura al diálogo con los distintos sectores, no de ajuste”, remarcó.

Manzur no ha dicho nada acerca de modificar la carga tributaria, particularmente, respecto del peso del distorsivo impuesto sobre los Ingresos Brutos, una medida que el lunes ha reclamado el Foro de Convergencia Empresarial.

En el Ministerio de Economía tucumano creen, sin embargo, que el marco de la reducción paulatina de aquella mochila fiscal ya está dado en el Consenso Fiscal, firmado por la Nación y la mayor parte de las provincias el 17 de noviembre último. Esa baja de alícuotas impositivas se observará desde el año que viene y en dos años sucesivos más. Manzur, en ese aspecto, sí dejó en claro que cumplirá el pacto fiscal.

El probable recorte

Se ha planteado que a las dos terceras partes del ajuste necesario del gasto lo afrontará la Nación y a la tercera parte restante lo absorberán las provincias a través de menores transferencias no automáticas o menores gastos, como por ejemplo el congelamiento del Fondo de Incentivo Docente, la quita del Fondo Federal Solidario o Fondo Soja, la baja subsidios al transporte y recortes en programas de impacto social. En el caso del transporte, indica el Iaraf, pasaría a depender de cada provincia la decisión de mantener o no el subsidio que hasta este año lo financiará la Nación. “Si opta por mantenerlo, será un gasto que las provincias deberán afrontar con sus recursos”, plantea la entidad que dirige el economista Nadin Argañaraz.

“En el marco de un país federal, ¿cómo es posible que la mayor parte de los argentinos sigan financiando, por ejemplo, los subsidios que se destinan a cubrir servicios en la Capital Federal?”, señaló el gobernador tucumano. Y acotó: “hasta el combustible es más caro en esta parte del país que en Capital Federal”.

El mandatario considera que la provincia que gobierna desde octubre de 2015 “hizo el reordenamiento necesario para no generar déficit ni endeudamientos”. “Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos pidan un recorte de gastos por $ 4.000 millones’”, interrogó.

La cifra no es antojadiza; surge de las proyecciones que realizó el equipo económico de la Casa de Gobierno. Según las estimaciones preliminares, la reducción de subsidios al transporte le costaría a la provincia $ 1.966 millones al año. Aquí, como advertía el Iaraf, a Tucumán le quedaría dos caminos: hacerse cargo de esa ayuda para que no suba la tarifa del servicio o dar el marco para un reajuste.

Las pequeñas obras en jurisdicciones del interior se encaran con el Fondo Soja, recordaron en el Gobierno local. En este aspecto, un ajuste implicaría la poda de una partida anual de $ 1.195 millones. La cuestión no termina allí. El cálculo oficial contempla, además, disminución de partidas de planes asistenciales y alimentarios por casi $ 620 millones. Otra cuestión inquietante para la Casa de Gobierno es el congelamiento de recursos del Fondo de Incentivo Docente. Si eso se produce, la partida anual quedaría en $ 140 millones, insuficiente para cubrir las remuneraciones en el sector docente.

“Creo que ningún gobernador estaría de acuerdo con este probable esquema de ajuste y tampoco creo que a los diputados que les importe la provincia, oficialistas y opositores, votarían a favor de quitarle fondos a los distritos. Eso dice la lógica”, indicó Manzur respecto del escenario que se plantearía una vez que el proyecto de Presupuesto Nacional 2019 ingrese al Congreso, el 15 de septiembre próximo, y luego sea llevado al recinto de sesiones.

Aún más, el vicegobernador Osvaldo Jaldo compartió los interrogantes de su compañero de fórmula sobre la posibilidad de un recorte de partidas. “¿Qué político estaría dispuesto a liberar la tarifa del transporte? ¿Quién permitiría que, con menos fondos de incentivo docente, se baje el sueldo al sector o se prescinda de cargos? ¿Qué municipio avalaría la quita del Fondo Soja con el que se ejecutan obras?”, enumeró.