Más de 200 villas tucumanas serán urbanizadas

Un proyecto de ley, aprobado en Diputados, propone dotar de servicios a viviendas de barrios populares; 203 son barriadas tucumanas. La iniciativa impide los desalojos y ordena expropiar los terrenos para otorgar títulos de dominio a familias que viven en más de 800.000 lotes en todo el país.

07 Jul 2018
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SIN CLOACAS, AGUA O LUZ. Según los datos de Nación, el 93% de los 3,5 millones de habitantes censados no tienen acceso a servicios básicos. la gaceta / foto de Ines Quinteros Orio (archivo)

El plan ambicioso para urbanizar más de 4.000 villas alcanzó la media sanción en el Congreso: los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de Régimen de Integración Socio Urbana y Regularización Dominial. Si se aprueba en Senadores, la ley autorizará la expropiación de los terrenos donde se emplazan las casas de más de 800.000 familias para otorgarles el título del terreno y luego dotar de servicios las barriadas. De concretarse, se mejorarán las condiciones de vida de cerca de 3,5 millones de personas. Del total, cerca de 35.000 familias son tucumanas.

“El objetivo es mejorar las condiciones de más de 3 millones de personas que viven en estas villas relevadas, en estos barrios populares. Desde lo dominial y con los programas de integración socio urbana”, explicó Sebastián Welisiejko, secretario de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y agregó: “esto no se resolverá de la noche a la mañana, excede con creces a este gobierno y al que venga. Es una problemática que en Argentina tiene más de 100 años, y con el 55% de las barriadas relevadas anteriores al año 2000. Si se aprueba la ley habrá que regularizar 800.000 lotes y luego comenzarán las obras de infraestructura”.

De acuerdo al proyecto de ley, se considera barrio popular al conjunto de al menos ocho familias agrupadas o contiguas en ciudades de más de 10.000 habitantes donde más de la mitad de la población no cuente con el título de propiedad del suelo ni tenga acceso de manera formal a dos de los tres servicios básicos: agua, cloacas y electricidad (con medidor domiciliario).

“El proyecto es el resultado de un proceso de trabajo intenso del Gobierno nacional junto a organizaciones sociales a lo largo de 2016. Junto a la CCC, la CTEP, Barrios de Pie, Techo y Cáritas, entre otras, realizamos relevamientos de barrios populares en todo el país. El Estado argentino no tenía datos, no sabíamos sobre qué universo actuar. El resultado fue que se identificaron 4.416 barrios donde viven más de 3 millones y medio de personas. Son más de 800.000 familias”, continuó el funcionario nacional. Explicó que sumados los lotes donde viven todas las familias cubren una superficie de 415,5 kilómetros cuadrados. Equivale a dos veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires (200 kilómetros cuadrados) y casi cinco veces el tamaño de San Miguel de Tucumán (90 kilómetros cuadrados).

“El relevamiento se cerró el 31 de diciembre de 2016, para evitar alentar tomas de tierras. Esa foto es la que nos permite comenzar a trabajar y saldar una deuda histórica con millones de personas”, insistió Welisiejko.

Según los datos difundidos por la cartera que encabeza Carolina Stanley, el 93% de argentinos que viven en las barriadas relevadas lo hacen en condiciones de precariedad extrema: el 93,8% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente, el 98,8% no tiene acceso a la red cloacal, el 70% no cuenta con acceso formal a la red eléctrica, el 98,4% no tiene gas natural.

Entre los puntos más importantes de la iniciativa que deberá debatirse en el Senado, se destacan tres: 1- Se declara la utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles que componen el Registro Nacional de Barrios Populares (existentes al 31 de diciembre de 2016); 2- Se suspenden los desalojos en los barrios relevados por cuatro años; 3- Se declaran sujetos a expropiación los terrenos donde están asentados los barrios, en el caso de que sean privados, espacios públicos, terrenos fiscales municipales, provinciales o nacionales.

Según los datos de Nación, de los 4.416 barriadas populares, 203 fueron relevadas en Tucumán (el 5%). Se trata de 34.874 familias. “El efecto inmediato que tendrá, si se aprueba en Senadores y comienza su aplicación, es que las familias van a tener la tranquilidad de que no se verán amenazadas por un proceso de desalojo. La norma prevé instruir a los poderes del Estado a que se generen sistemas de regularización dominial para dar los títulos en favor de las familias. Es un desafío enorme pero debemos encararlo. El primer paso es crear el marco normativo”, explicó Welisiejko.

Del listado, al que tuvo acceso LA GACETA, 71 barriadas corresponden a la Capital y 24 a Tafí Viejo. Ambas representan casi el 50% del total de villas tucumanas.

El último reporte sobre la Incidencia de la pobreza y de la Indigencia en 31 aglomerados urbanos, elaborado por el Indec, la pobreza en el Gran Tucumán-Tafí Viejo alcanza a 41.565 hogares, en los que residen 192.531 personas. Por la condición del hábitat y de los ingresos, las 35.000 familias que serán alcanzadas por el programa de regularización forman parte del núcleo duro de la pobreza. Por lo tanto, mejoraría un aspecto de sus necesidades básicas insatisfechas. Si se toma en cuenta el promedio de habitantes por hogar (3,9 personas de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares) los potenciales beneficiarios serían 136.500 tucumanos.

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