El rechazo a sumar casos dividió las aguas en la causa DAU

A un mes y medio de la apertura del juicio oral y público en contra del ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Ángel Brito, la Fiscalía de Cámara y los abogados de la defensa quedaron en condiciones de empezar a trabajar en los alegatos, fijados para el 6 de junio. Y lo sucedido en la semana que pasó tendría un impacto directo en las estrategias procesales de las partes.

El fiscal de Cámara, Carlos Saltor, había apostado por la incorporación de 31 obras que fueron pagadas en la gestión de Brito (entre 2007 y 2012), pero que no habrían sido ejecutadas o concluidas, según un informe del Tribunal de Cuentas (TC). Estos hechos no estaban contemplados entre los 39 casos objetados que figuran en el requerimiento de elevación a juicio formulado en 2014. Por eso, la defensa de Brito, a cargo de Arnaldo Ahumada, María Fernanda Battig y Francisco García Posse, rechazó terminantemente esa posibilidad.

El martes, las vocales de la Sala VI de la Cámara Penal rechazaron el planteo de la Fiscalía en una resolución dividida. Las juezas Alicia Freidenberg (presidenta) y María Elisa Molina argumentaron que el requerimiento de Saltor no había especificado “cuál es la conducta atribuida” a Brito en esas 31 obras objetadas. Stella Maris Arce se expresó en disidencia. “Lo planteado (por la Fiscalía) no refiere a nuevas circunstancias relacionadas con los hechos traídos a juicio, sino a nuevos hechos a investigar, con una nueva plataforma fáctica; esa investigación no puede ni debe ser efectuada en esta sede, en resguardo de las normas del debido proceso”, dijo Freidenberg en esa ocasión. Según Arce, el fiscal había “acreditado que se trata de hechos continuados”. Por lo tanto, opinó que los casos debían ser incorporados.

Tras la audiencia, Saltor se mostró preocupado ante la prensa. “La mayoría (del tribunal) generó un precedente malo; pasó casi a una función legislativa. El artículo (del Código Procesal Penal de Tucumán) que permite al fiscal ampliar la acusación cuando hay un delito continuado, con este precedente, queda como derogado; por lo tanto, obviamente, el Ministerio Público va a recurrir (la decisión)”, expresó.

PUNTOS DE VISTA

“Al Estado hay que cuidarlo”

Carlos Saltor - Fiscalía de Cámara

A veces uno concuerda con las decisiones del tribunal; a veces, no. En este caso (del rechazo a incorporar 31 nuevos casos al juicio contra Miguel Brito), los fundamentos de la mayoría no me han dejado conforme. Sí rescato el voto de la vocal Stella Maris Arce, que coincide con la doctrina y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Acá hay un claro delito continuado. Y si no lo hay acá, ¿dónde lo hay? Esa es la pregunta que me hago.

De alguna manera, se está limitando la acusación. Lo que hicimos fue nada más que solicitar la incorporación de los expedientes que se encuentran en el Tribunal de Cuentas, en los cuales hay una prueba que ya fue recibida (por la Sala VI de la Cámara Penal). Por eso considero coherente la acusación, ya que además los ingenieros fiscales del ente de control declararon que fueron a esos lugares y corroboraron, en palabras textuales, que “no había rastros de la obra”. Es trágico para el Estado que se paguen obras con dineros públicos y no se las realice. Al Estado hay que cuidarlo con valentía, y pensábamos que incorporando esos expedientes podíamos generar un debate pleno sobre que había pasado con esa gran cantidad de obras. No es una ni son dos: eran 31 casos. Es un monto importante: unos $ 2 millones. Si hacemos la actualización monetaria, es mucho dinero.

Lo que entiende el ciudadano común es que esos dineros fueron gastados. O sea, alguien los tiene. Pero la obra pública no está, y eso es sentido común. Hay que investigarlo y juzgarlo; si no, no cumplimos con afianzar la Justicia, como dice el preámbulo de la Constitución.

“Va como furgón de cola”

Arnaldo Ahumada - Abogado de la Defensa

Esta era una situación en la que el fiscal de Cámara, de manera desesperada, trataba de incorporar mayor cantidad de casos al juicio sin que esto sea posible desde el punto de vista legal. Considero que, dado el caso, podría hacer la denuncia.
Vale la pena que recalque esto sobre las obras que pretendía incorporar. Él va como furgón de cola del Tribunal de Cuentas, y como tal, va por detrás del organismo de contralor. De las 31 obras que él quería incorporar, ya hay 29 que están clarísimas para el Tribunal de Cuentas en cuanto a que fueron realizadas y pagadas de manera correcta; entonces, faltan dos, nada más. Yo no puedo permitir, más allá de que eso me hubiese dado una gran ventaja, que se altere la estructura del juicio oral. No lo permitió tampoco el tribunal (de la Sala VI). Estas 31 obras (requeridas por el fiscal) lo único que iban a lograr era que este juicio se extendiera más tiempo. (Miguel) Brito podía probar también su inocencia respecto de estos casos, pero íbamos a estar meses con el juicio. Por eso, tengo la sensación de que el fiscal no quiere llegar al final de este debate oral y público.
Por ejemplo, en la incorporación de la prueba instrumental, hizo leer cuestiones que ya habían sido incorporadas por su lectura en este mismo debate. Por supuesto: si nos ponemos a leer  más de 10.000 fojas que debe haber en este expediente, pierde sentido el juicio oral, porque no se vuelve un debate fresco, como debe ser, sino una lectura continua del expediente. La única razón que veo es que no se quiere llegar al final.