“Pare chofer que me quiero bajar”

19 May 2018
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Quedó grabada en la retina la imagen del legislador Guillermo Gassenbauer aplaudiendo solo en el recinto de la Legislatura. Nadie lo acompañó en su festejo.

Si bien hubo 44 legisladores que levantaron la mano para aprobar la “emergencia del transporte” que exigió sancionar con premura el gobernador Juan Manzur, de ahí a aplaudir esta “victoria” parecía demasiado. Muy colorado, como suele decirse.

Por eso quedó solo Gassenbauer con sus aplausos. Habría que preguntarle por qué estaba tan contento por declarar una emergencia.

“Emergencia” que no es más que un eufemismo para renombrar a los 20 millones de pesos mensuales que usted y yo les regalaremos a las empresas de ómnibus sin ningún motivo justificable o probable.

El Estado quemará 20 millones por mes en empresas que cobran uno de los boletos más costosos del país (40% más caro que Buenos Aires o Salta, por ejemplo), mientras prestan uno de los peores servicios de transporte público comparado con las principales metrópolis argentinas.

El viaje es más oneroso aún si tomamos en cuenta que en otras ciudades los ómnibus compiten contra trenes urbanos, subterráneos, metrobuses, ciclovías, taxis eficientes, Uber, remises, etcétera.

Devolvé la bolsa

“Si les va tan mal deberían devolver las concesiones”, es algo que nunca nadie dijo.

¿Ningún representante del pueblo, legisladores o concejales, les preguntó a los señores agrupados en Aetat (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán) por qué no devuelven esas líneas de colectivos que no les pertenecen si es que les generan tantas pérdidas?

Más de la mitad de los costos ya se los subsidia la sociedad, a la que le contraprestan un servicio por demás deficiente: sucio, maloliente, impuntual, inseguro, incómodo, helado en invierno y una caldera en verano.

Encima, la Municipalidad de la capital les garantiza un colchón importante de boletos al subvencionar el viaje de miles de estudiantes dentro de la capital. Y ahora el gobierno provincial también se subió al feliz colectivo de la demagogia y extendió este beneficio escolar a los viajes interurbanos en todo el territorio provincial.

Subsidios millonarios, excenciones impositivas, boletos pagados por el Estado, y ahora se suma una ayuda económica en el marco de una supuesta emergencia, para un servicio que para colmo es monopólico. Monopólico.

Porque son estos empresarios, con la complicidad de los políticos sumisos -provinciales y municipales-, además de los sindicalistas, los que han impedido sistemáticamente que en Tucumán haya trenes urbanos, tranvías, trolebuses o cualquier otra alternativa más económica y menos contaminante y perjudicial para la calidad de vida de la ciudad y de la provincia.

Si el servicio fuera medianamente bueno no habría tantos autos rurales, remises y taxis truchos y tanta pero tanta gente que optó por movilizarse en moto, aún a costa de arriesgar la vida de sus hijos.

¿No sería más efectivo que en vez de subvencionar un servicio deficiente, el Estado invirtiera en un transporte público más barato y eficaz, menos contaminante, que ayude a descongestionar el desastroso tránsito tucumano y que sea además más puntual, seguro y limpio?

O, en todo caso y mientras tanto, ¿no sería más efectivo y transparente subvencionar a los pasajeros en vez de a las empresas?

Vamos a casa, Perkins

No se conoce un legislador que se movilice únicamente a pie, ni en bicicleta, ni mucho menos en colectivo. Incluso, hay varios que ni siquiera manejan porque tienen chofer, al igual que el gobernador Manzur o el intendente Germán Alfaro, entre otros funcionarios provinciales, municipales y judiciales.

El dato no es menor, porque muchos políticos viven alejados de la realidad. Prueba de ello es que el año pasado, previo a las elecciones, durante una encuesta audiovisual realizada por el diario a los 14 precandidatos, sólo cinco respondieron correctamente cuando se les preguntó cuánto costaba el viaje en ómnibus. ¡Y menos mal que ellos son los que deciden el precio del boleto!

“No tenemos un solo elemento que justifique esta decisión”, reconoció la legisladora Stella Maris Córdoba, quien sin embargo votó a favor de la emergencia del transporte. “Sabemos los estragos que está haciendo la inflación”, justificó luego la ex intendenta de Las Talitas. Es decir, parece que aprobaron la ley por una especie de “sensación” de crisis del transporte. Lo mismo que Córdoba, varios legisladores reconocieron que no vieron un solo balance, ni siquiera un Excel que explique cuánto entra y cuánto sale de las empresas de ómnibus. Aún así levantaron la mano para autorizar un desembolso de $ 20 millones por mes.

La amenaza empresaria fue tan explícita que debió haberse clasificado de triple X, como una porno: o nos dan la plata o despedimos gente. Y los gremialistas, cómplices necesarios, avalaron la extorsión.

El único que se opuso fue el legislador Alfredo Toscano, hoy alineado con el intendente Alfaro. “Esto es como una película. Hace dos sesiones sancionamos una ley para que se renueven todas las concesiones precarias de las líneas interurbanas y rurales por 180 días. Ahí las empresas estaban en condiciones de dar el servicio. Y ahora resulta que las empresas están en crisis. Tengo muchas preguntas, porque Aetat contó que tenía $ 100 millones de déficit, pero ¿alguien le pidió los balances? ¿Cubrieron el déficit o están endeudados? ¿Cuántos empleados efectivamente tienen? ¿En qué situación verdadera están?”, preguntó Toscano. Nadie respondió.

Números encriptados

Hasta para los legisladores los números del transporte público son súper secretos.

Suponemos que al menos los debe conocer Manzur, alguien tan preocupado por cuidar la billetera pública que en dos años y medio de gestión no gastó ni para hacer una plaza.

Lo poco que se conoce públicamente es que las empresas de ómnibus tucumanas además de excenciones impositivas reciben de la Nación $ 120 millones mensuales. Ahora la provincia les dará 20 millones más. También sabemos que sólo pagan el 50% de gasoil que utilizan. La otra mitad del combustible también se la regalamos.

¿Sabrá el presidente Mauricio Macri, ahora que dice estar tan preocupado por el déficit fiscal, la plata que derrocha en un servicio tan deficiente? Por las dudas, que alguien le avise.

Hay líneas de colectivos que nadie sabe a ciencia cierta a quién de verdad pertenecen. Algunas son UTE, Unión Transitoria de Empresas, que de transitorias ya no tienen nada, otras son fantasmas, desde el punto de vista fiscal, y hay hasta concesiones heredadas. Leyó bien, heredadas. Murió el titular y la línea quedó para el hijo, por ejemplo. Como si mañana muriera el arquero de la selección y lo reemplazara el hijo, así de descabellado.

Hay mal pensados que dicen que los 20 millones que se aprobaron retornarán a la arena política, de una u otra manera, durante la campaña electoral del año que viene. ¿De allí provendrá la palabra retorno? Quien sabe.

La conexión entre estos empresarios y la política es tan evidente como histórica. Basta darse una vuelta por los actos partidarios para ver decenas y decenas de colectivos urbanos e interurbanos llevando y trayendo gente.

Por eso no hay ciclovías, ni trenes urbanos, ni más peatonales, ni restricción alguna para el parque automotor en el microcentro, propiedad absoluta de ómnibus y taxis, este último otro gremio intocable. Un ex concejal afirmaba que ocho de cada 10 taxis pertenecían a un político. Algo imposible de probar en testaferrolandia.

Por eso insistimos con la idea, como un aporte para afrontar la profunda crisis por la que atraviesa el país, y que permitiría ahorrar miles de millones de pesos por año: que todo empresario del transporte público al que no le cierren los números que en vez de pedir más subsidios devuelva la concesión. Sin dudas la lista de candidatos para hacerse cargo del servicio será larga. O bien que el Estado administre las líneas deficitarias, de todos modos ya se está haciendo cargo de gran parte de los costos y el servicio no podrá ser mucho peor de lo que ya es.

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