Hay al menos 23 clanes que comercializarían drogas en Tucumán

"Es una situación preocupante", aseguró el juez federal Fernando Poviña. Los líderes detenidos seguirían manejando sus organizaciones.

12 May 2018
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ESPECIALISTAS. Las organizaciones perfeccionan el sistema de comercialización para evitar ser descubiertos.

Un clan es un grupo de personas unidas por un parentesco. En Tucumán, como en el resto del país, se denomina así a las bandas que se dedican a comercializar drogas en pequeñas cantidades. En nuestra provincia, según el informe que realizó LA GACETA en base a los casos publicados, las causas que tienen abiertas en la Justicia Federal y las investigaciones que desarrollan las diferentes fuerzas de seguridad, operarían más de 23 organizaciones.

Estos grupos forman parte del último eslabón de la comercialización de drogas en el territorio provincial. En un informe publicado por LA GACETA en 2015, se dio cuenta de la existencia de sólo siete bandas dedicadas a vender droga y sembrar terror en los barrios de la periferia de la capital. Ante la falta de estadísticas oficiales sobre el tema, no se puede afirmar que creció el número de bandas o si estas organizaciones quedaron más expuestas por las denuncias de los vecinos o de las investigaciones que han realizado las fuerzas de seguridad que luchan contra el narcotráfico.

Preocupación

“La situación es preocupante porque el crecimiento del narcomenudeo está ligado a los delitos que normalmente atiende la justicia ordinaria”, sostuvo el juez federal Fernando Poviña. “Por el crecimiento de estos grupos se nota un llamativo incremento de la violencia. Pero también tenemos que tener en cuenta que el consumo puede originar otro tipo de delitos”, agregó.

En los últimos tiempos, se registraron varios enfrentamientos entre los diferentes grupos por el dominio territorial, que incluyeron muertes de integrantes.

Ejercen su poder en los barrios a base de amenazas y, en muchos casos, además de efectivo, reciben objetos robados (celulares, motos, prendas de vestir a cambio de dosis). “Creo que se habrían incrementado hechos que no eran tan habituales en otros tiempos. Y ese crecimiento iría de la mano de la conflictividad que existe entre los grupos que se dedican a realizar estas actividades”, explicó Poviña en una entrevista con LA GACETA.

Al tratarse de estructuras familiares, la detención de cualquier líder de la organización no implica el final de la estructura. En los últimos dos años, la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal logró desbaratar dos organizaciones. En 2016, cayó Rogelio “El Gordo” Villalba, considerado el “rey” del paco en La Costanera y, el año pasado, a Nilda “La Cabezona” Gómez y a Miriam “La Negra” Soria, de una organización que está sospechada de traficar cocaína en importantes cantidades para abastacer sus quioscos y venderlas a otros transas. Sin embargo, los pesquisas creen que seguirían en la actividad a través de sus parientes o aprovechando de cierto beneficios en sus barrios.

Comparación

El miércoles, en “Panorama Tucumano”, el programa de TV de LA GACETA, el fiscal federal Pablo Camuña, opinó: “creo que la mención de la palabra Rosario tiene que ver con el temor que existe por el tema. Creo que Tucumán nunca va a ser Rosario porque, primero, no tiene un puerto y tampoco tiene el mismo mercado. Acá, como en esa ciudad, hubo un crecimiento de la violencia, claro está que no a esa escala. De todas maneras, son alertas a las que se les debe prestar atención”.

Los investigadores de la fuerza coinciden con el fiscal, pero también aclaran que los clanes copiaron muchas de las características del negocio que floreció en esas tierras, conocidas como la “Chicago Argentina”. Ellos, al igual que en Rosario, no tienen la droga en su poder, sino que cuentan con varias viviendas donde la almacenan (muchas veces pagan a vecinos) o la comercializan.

En los últimos procedimientos que se desarrollaron en la capital, los efectivos se dieron con que los quioscos se van modificando. Varios de ellos cuentan con habitaciones especialmente preparadas para que los adictos puedan consumir allí y, además, les resulte prácticamente imposible a los investigadores poder comprobar una transacción, prueba fundamental para que la Justicia Federal ordene un allanamiento.

Los transas también se preocuparon en fortificar los lugares de venta con un solo propósito: tratar de demorar el ingreso de los uniformados para que puedan eliminar la droga que están vendiendo.

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