Cartas de lectores

Arroyo La Hedionda

El turista que viene y recorre las rutas de la provincia para disfrutar de nuestra variada geografía, durante la travesía por las cercanías de Concepción se encuentra con un cartel que dice acequia “La Hedionda”. Este adjetivo descalificador es utilizado como nombre, teniendo un idioma tan rico en expresiones y nombres no se puede aceptar esta vulgar denominación. Apelo al sentido común para que la autoridad que corresponda, y el intendente de Concepción, que tanto está haciendo por embellecer y mejorar la ciudad, intercedan para que este detalle sea subsanado o corregido.

Hugo Radamé Ruiz


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Comisarías llenas de delincuentes

Según publica Clarín del 30/4, “en la comisaría (de La Matanza), copada por delincuentes, hay 46 detenidos y la capacidad es para 18”. Esta realidad es, indiscutiblemente, una prueba de que las cosas en Argentina están muy mal. Pero vienen mal desde hace mucho tiempo. El síntoma del crecimiento de la delincuencia habla a las claras de que hay grandes fallas en el sistema. No se trata de la función de uno u otro gobierno, sino de la suma de la totalidad de los mismos. Y la sociedad también está enferma, con enfermedad terminal. El círculo vicioso del delito se ha convertido ya en una epidemia, porque en todas las provincias sucede lo mismo: en las cárceles y comisarías “las entradas están agotadas”. Esta realidad me recuerda lo que un médico pediatra de un CAPS me contó respecto a muchas de las madres de sus pacientes, a las que, viendo los síntomas de sus hijos, les pregunta: “¿Desde cuándo está así este niño?”, y ellas responden: “desde ayer”, siendo que las características de los síntomas, a simple vista, datan de mucho tiempo atrás.

Daniel E. Chavez


Pasaje Benjamín Paz 308


San Miguel de Tucumán

Educación religiosa

En respuesta a la opinión redactada por el señor Ramón Acuña (carta “La educación religiosa”, 25/4), sorprende el hecho de que en el año 2018 Tucumán sea la única provincia de la República Argentina donde se sostiene la enseñanza de catolicismo en las aulas de prácticamente todas las escuelas públicas de nuestro territorio y que además figure como una asignatura curricular que se dicta en horario de clases y que contribuye a las calificaciones del alumnado. El año pasado, cuando quise matricular a mi hija en jardín de cuatro de alguna escuela pública, la respuesta general y ligera de varias autoridades escolares fue que si ella no profesaba la religión católica, las opciones durante el horario de la materia eran: permanecer en clase haciendo dibujitos (si su docente se lo permitía), quedar al cuidado de alguna ordenanza o secretaria, ser retirada de la escuela por sus padres o, en última instancia, acceder a ser catequizada en la escuela. Considero que ninguna de estas opciones representa un trato justo e igualitario sino todo lo contrario: constituyen acciones de discriminación y exclusión fundadas en una elección de vida que debería ser personal y consciente. Con respecto a los artículos de la Constitución que el lector cita: según el artículo 2, “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Esto no implica que el estado deba imponer la religión católica a través del sistema educativo u otros medios, sino que se refiere a sostener económicamente a la iglesia. En cuanto al artículo 14, este trata sobre la libertad de culto, entre otras cuestiones, y esto claramente no se cumple en las escuelas de nuestra provincia, ya que, a pesar de que pretenda enmascararse la asignatura con nombres como “formación ética” o “moral”, lo que ocurre en realidad es que dentro de las aulas se dictan clases de catequesis, mientras que en actos escolares se practican misas y otros ritos pertenecientes también al catolicismo, sin contemplar si quien acude a la institución practica evangelismo, judaísmo, hinduismo o bien ninguna religión. Como padre y ciudadano quiero tener la garantía de que en esta provincia los derechos básicos de las personas son respetados y esto va más allá de simpatizar o no con un dogma religioso; se trata de pautas esenciales para convivir en una sociedad democrática que respeta la libertad de opinión y la diversidad de quienes la componen.

Diego Rodríguez Fuentes


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Descuentos indebidos

Considero que se debe controlar a las entidades bancarias en relación a la forma de manejarse con los haberes de los jubilados. Al comenzar a cobrar mi jubilación, Anses designó (como en todos los casos) el banco donde se hará efectiva la misma; todo fue bien mientras me presenté a cobrar por el cajero humano, aunque esto signifique estar casi la mañana entera esperando para hacerlo. Por cuestiones de comodidad comencé a usar la tarjeta de débito a la que accedemos gratuitamente. En una fecha que no puedo precisar, observo de manera casual y con sorpresa que mi día de cobro había sido cambiado de mitad de mes al día primero. Concurrí a preguntar el porqué de la situación y se me informa muy amablemente que el banco ofrece el “anticipo” del sueldo y que se lo puede aceptar o no. Sin dejar de hacer notar a la empleada que en mi caso no fui consultada, decido aceptarlo, considerando accesible para mí el costo que me fue informado. Como ocurrirá a muchos, quizá, yo confié en la entidad donde me depositan mis haberes y los controles que realizaba eran los mínimos. Lamentablemente comencé a observar que los descuentos se acrecentaban de a poco pero sin pausa; Mandé mail al correo del banco y nunca tuve respuesta; me presenté en dos oportunidades y jamás me dejaron conforme las explicaciones ya que comenzaron a hablarme de servicios que me brindaban y que yo nunca había solicitado (seguro de vida, seguro de robo, adelanto de sueldo, y algunas otras cosas que como ya dije, nunca solicité). Obviamente mi cuenta dejó de ser gratuita. He enviado al gerente de la entidad un mail que no fue respondido, he hablado con una persona (¿jefe?) que no supo darme respuesta alguna y me despidió diciendo que deberían buscar mi legajo. Todos sabemos que un banco no hace beneficencia, pero tiene la obligación de ser claro y transparente al ofrecer sus servicios, el “anticipo de sueldo” (como el banco lo presenta) es sin duda un préstamo por el que cobran intereses; debe entonces hacerlo con la debida y muy clara explicación ya que conlleva una serie de beneficios con costos que no me fueron informados y obviamente nunca acepté. Vaya esta carta como queja ante quien corresponda para que no seamos saqueados y también como advertencia para muchos jubilados, pensionados y demás clientes (estoy segura de que no soy la única). Por mi parte no voy a mencionar a la entidad en cuestión, pero comenzaré las acciones tendientes a que se me restituyan los descuentos indebidos..

Noemí Barrenechea

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Haberes de jubilados

Con fecha 23/4, en un programa de TV, el rsponsable de Anses nacional manifestaba que los jubilados actuales cobran sus beneficios mensuales con el 82% móvil. ¡Qué mentira! Los jubilados de la plaza estamos cansados de solicitar a los diferentes gobernadores que cumplan con la movilidad. Con 32 años de servicio, me jubilé en febrero de 1982 y fui transferido, como muchos jubilados, a la Nación. Estoy esperando, con mis 87 años, la movilidad anunciada.

Julio E. Arias


Pasaje García 863


San Miguel de Tucumán