Legisladores apuntaron contra la Justicia penal por la guerra entre clanes en Tucumán

Valdez y Córdoba señalaron que sólo se realizaron investigaciones particulares y no se actuó para desbaratar estructuras criminales.

28 Abr 2018
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TENSA CALMA. Magarita Toro fue secuestrada en Villa 9 de Julio, a pocos metros de su casa. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL

Algunos prefirieron no opinar del tema. Los que lo hicieron forman parte de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia en Seguridad y cuestionaron duramente al poder político por no haber reaccionado a tiempo para evitar el crecimiento de estos clanes.

“Son grupos que tienen actividades ligadas a comercialización de drogas desde hace 20 años, y posiblemente más. Por tanto, son antiguos conocidos del sistema judicial y policial. Es decir, no se trata de una irrupción reciente en la criminalidad”, dijo Fernando Valdez.

“A estos grupos se los identifica protagonizando robos, secuestros, venta de drogas y homicidios, y sin embargo todos están en libertad moviéndose con absoluta comodidad. Alarma la impunidad que hay en Tucumán. Es vergonzoso que se naturalice que grupos delictivos, identificados también con barras bravas, se muevan fuera de la Ley sin que los poderes públicos intervengan para poner límite al delito”, destacó la oficialista Stella Maris Córdoba.

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Valdez dijo que se trata de organizaciones que en los últimos años pudieron haber expandido y perfeccionado su modelo delictivo. “También podrían haber incursionado en otros rubros, incluso legales”, enfatizó.

El legislador radical dirigió su llamado de atención al fuero penal de la Justicia provincial. “El aparato de justicia criminal ha actuado de tanto en tanto contra algunos de los involucrados, a través de investigaciones puntales, detenciones y condenas en diversos casos, ya que siempre hay miembros de uno u otro grupo bajo proceso o prisión. Sin embargo, esto no ha sido mayor obstáculo para su crecimiento”, añadió.

Prevención y acción

Córdoba insistió en que no se debe naturalizar la impunidad en la provincia. “Se expone la carencia de una inteligencia criminal que vaya por delante, anticipándose a la comisión del delito. Da la impresión que se montaran operativos específicos sólo para disminuir el nivel de violencia en caso de enfrentamientos entre bandas. O sea, no se pretende desarticular las bandas a las que se conoce y se sabe dónde operan, sino sólo evitar que se maten entre ellos”, manifestó.

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Córdoba, a su vez, aseguró que, ante esos casos, hay responsabilidad de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.

Julio Silman, legislador oficialista y presidente de la Comisión de Emergencia en Seguridad, señaló que “todas las fuerzas policiales federales y de la provincia deben trabajar de manera conjunta, más allá de que el delito de referencia es de competencia federal si se llegara a confirmar”.

“Un presunto secuestro extorsivo en Tucumán es un indicador o un síntoma que preocupa, más allá de las características de la persona sobre la fue perpetrado este hecho”, expresó el ex intendente de la localidad de Alderetes.

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“En Tucumán no debe haber bandas. Pero si las hay, deben ser investigadas. Si se comprueban los delitos, se deben juzgar y condenar con todo el peso de la ley, sea en la órbita federal o provincial”, agregó.

Por último, Valdez hizo hincapié en que en 20 años no se ha conocido algún estudio que explique el funcionamiento de los grupos, es decir, su extensión, dinámica, alcances, capital en juego y otros elementos “que permitan asegurar que son fenómenos controlados o, al menos, indiquen qué caminos de prevención seguir”.

“Hay en esta situación una gran responsabilidad de los poderes judiciales y las fuerzas de Seguridad que actúan como auxiliares de la Justicia”, concluyó Córdoba.

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