La usurpación de tierras fiscales en San Javier no da tregua y pone en alerta a las autoridades

Durante un recorrido, el comisionado rural brinda un detalle de la ocupación de lotes públicos y reclama la intervención de la Provincia. “Ya no se puede tolerar más”, afirmó el delegado comunal. Suscribió un convenio para restringir los servicios de luz y agua.

09 Abr 2018

Las usurpaciones de terrenos fiscales se han vuelto moneda corriente en varias zonas de la provincia; entre ellas, San Javier. Así lo advirtieron vecinos del lugar, luego de que este diario publicara un artículo sobre ocupaciones adentro de las tierras protegidas del Parque Sierra de San Javier, pertenecientes, en ese caso, a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

“Esto me preocupa. Incluso, desde el Ministerio del Interior de la provincia nos han pedido que actuemos rápido. No quieren que ocurra lo mismo que en El Cadillal”, dice el comisionado rural, Gonzalo Vildoza, luego de salir del Juzgado de Paz de Yerba Buena, a donde había ido a denunciar una usurpación.

Los 62 años de Vildoza se sienten en su voz áspera. Abandona esa oficina, se sube a un auto y emprende el viaje, cuesta arriba, hacia la villa. En el camino cuenta que las usurpaciones se hicieron frecuentes en los últimos dos o tres años, cuando los lugareños comenzaron a vender partes de sus terrenos “para hacerse de unos pesos”. Como se trata de tierras sobre las que sólo tienen una posesión, carecen de escrituras. No obstante, eso no acobarda a los compradores, prosigue. También menciona otro motivo, como el de las familias que se apropian de terrenos linderos a aquellos en los que viven desde hace años: “cuando se quedan sin lugar, porque en la misma casa están los abuelos, padres y nietos, se ubican a un costado. Los tengo que correr. Me ponen entre la espada y la pared”.

El auto de Vildoza se detiene sobre la ruta 338, cerca del acceso a la campiña y tras haber atravesado unas 100 curvas y una vegetación tropical. Y ahí, a pasos del asfalto, se yergue una casilla. Su edificador, un hombre de apellido Chocobar, argumenta que ese pedazo de tierra es suyo. “El Estado es lento en reaccionar. Cuando quiere venir, ya están las casas hechas”, relata el delegado. En el afán de que Chocobar se marche, presentó una denuncia judicial y le ordenó a EDET, la empresa proveedora de la electricidad, que le corte el suministro de energía. “Me odia, por supuesto. Pero bueno... debo salvaguardar los bienes de la provincia”.


Hace unos meses, Vildoza firmó un documento con EDET y con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) para que únicamente les brinden sus servicios a quienes cuenten con una autorización de la comuna. “Eso ha servido para frenar algo”, asegura.

El recorrido continúa por las calles 11, Cinco y Cuatro, todas senderos de tierra y piedra suelta. Entonces, los ejemplos se suceden; unos tras otros. Desde el auto, Vildoza va relatando:

- “Ese chico no ha tenido mejor idea que hacer su casa en la loma. Pero la loma es fiscal”.

- “Esta mujer recibió, hace poco, una moto. Dicen que fue el pago por un terreno”.

- “Mire ahí: han alambrado y comentan que tienen intención de vender”.

- “A esas personas las vamos a notificar, con la presencia de la fuerza pública, de que se tienen que ir”.

- “Esa familia se está cayendo de la barranca. No tienen ni para hacerse un baño. No puedo ayudarlos porque ocuparon terrenos del Estado”.

- “Vea ese lote. ¡Un hermoso lote! Un señor viejito lo cercó y dice que es suyo”.

- “Acá aplanaron la tierra para hacer una casilla. Intervenimos y desistieron”.

- “Esta casa, con un piso y semejante vista, fue levantada sobre un lote fiscal”.

- “A la cancha de fútbol la habían alambrado, también. Me puse firme y los corrí. Pero me tuve que aguantar un intento de soborno: doctor, quédese en el molde y le doy unos terrenitos, me dijeron”.

Luego, el vehículo se adentra en un camino llamado El Cochuchal. Al llegar aquí, las edificaciones señaladas antes por Vildoza quedan convertidas en minucias, pues en este lugar se observan unos amojonamientos que podrían ser el dibujo de un futuro barrio cerrado, debido a sus dimensiones. Por eso, ha enviado una nota -entre otras- a la Fiscalía de Estado, en la que advierte al Poder Ejecutivo que han demarcado el terreno con cercos y han hecho conexiones de servicios clandestinas. “Todo este atropello no tienen ningún tipo de autorización de esta repartición”, se lee en ese texto.

Como los movimientos de tierra han continuado, Vildoza ha pedido la intervención de esa oficina “para frenar y erradicar” ese y los demás actos ilícitos. Además, ha firmado un convenio con la Dirección de Catastro de la provincia, a fin de actualizar la información dominial (“hoy, en la comuna no tenemos ni padrones”). Una vez que cuente con esa documentación, impulsará -dice- un plan de regularización, a través del cual se delimitarán los lotes con posesiones y se intimará a sus propietarios a que ni los vendan ni los amplíen.

“Ha pasado mucho tiempo. Y nadie ha tomado una decisión. Nadie ha querido poner el dedo en el ventilador. Eso ha hecho que, hoy, la gente se sienta dueña”, razona. Cuando se le pregunta si no le resulta evidente un déficit de viviendas, contesta que ha solicitado la construcción de 20 módulos habitacionales.

El lugareño Abelino Eleuterio Toledo piensa distinto. Vive desde hace medio siglo en San Javier. Tiene 86 años y vende empanadillas en una tienda de chapa y madera, debajo del monumento al Cristo Bendicente. Dice que últimamente la gente no tiene a dónde vivir, porque las familias se han ido agradando. Eso -cree él- ha alimentado las ubicaciones irregulares. Una turista con anteojos de sol y capellina se le acerca para preguntarle dónde puede cargar su termo con agua caliente (”todo está cerrado; no hay nada”, le dice). Entonces don Eleuterio le contesta al grabador periodístico: “aquí no hay obras; sólo abandono”.

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