El rol de los diputados nacionales

Desde los orígenes de su vida democrática, la Argentina consideró que uno de los máximos honores a que podía aspirar un ciudadano era el de ser elegido miembro del Congreso de la Nación. El artista Ramón Columba, quien fue taquígrafo del Parlamento durante muchas décadas, consideró que era "a la vez academia, universidad, cátedra de controversias, tribunal de justicia y vehículo de información", con el cometido de "esclarecer la conciencia de los argentinos y hacer oír la voz del pueblo y de sus autoridades, al diapasón sensible de cada período". Así, concluía, "la historia de nuestro Congreso es la historia de nuestra Nación, y en sus bancas -bancas de nadie, pero que nos pertenecen un poco a todos- encontramos los altibajos de nuestro destino".
El alto honor de la designación está, por cierto, rodeado de una voluminosa cuota de poder, dada la trascendencia de las cuestiones (nada menos que las leyes de la Nación y los más altos nombramientos) en las que el diputado y el senador intervienen decisivamente. Ello, además de que el legislador nacional recibe, también, una dieta económicamente muy significativa como retribución por su servicio.
Todo esto, no por sabido menos necesario de recordar, define la magnitud de la responsabilidad que tales cargos electivos entrañan. Es un compromiso muy serio que la ciudadanía ha colocado en sus personas, y existe, como lógico derivado, la grave obligación de honrarlo con un trabajo tan constante como fecundo, en todos los terrenos de su incumbencia.
Estas verdades de la teoría, lamentablemente, no siempre se corresponden con lo que ocurre en la práctica. Más de una vez, el periodismo ha registrado la situación de parlamentarios que están ausentes en muchas sesiones y, lo que es mucho más grave, que demuestran una alarmante falta de laboriosidad y de preocupación por llenar a conciencia su cometido. Por cierto que esto es uno de los factores que han contribuido fuertemente al desprestigio de la institución.
Días pasados dedicamos una larga nota a la actuación de los diputados de Tucumán ante el Congreso de la Nación. Surgía de ella la existencia de un problema grave, manifestado en la general falta de actuación unificada de los distintos bloques políticos a los que responden los legisladores. Cuestiones de tipo partidario o ideológico impiden, como parece evidente, que nuestra representación parlamentaria opere como un constante "lobby" a favor de los intereses de la provincia.
Parece sobreabundante decir que, en la correcta doctrina democrática, desde el momento en que ha sido elegido, un senador o un diputado representan a su provincia en la totalidad, y no únicamente a los electores del partido político que los llevó a esa función. Lo que debe tener en el horizonte, entonces, son las aspiraciones bien entendidas de su provincia, conjugadas con las de la Nación. Las cuestiones partidarias deben ser postergadas en homenaje a ese propósito común. De más está decir que todo esto debe correr paralelo con una mayúscula transparencia en todos sus actos. No deja de ser deplorable que, sobre 247 diputados nacionales, sólo 8 -y ninguno de ellos tucumano- haya accedido a suministrar a la Fundación Poder Ciudadano sus declaraciones juradas patrimoniales, a fin de que las incluya en la página web de esa organización, que monitorea periódicamente la actividad parlamentaria. Nos parece que es hora de que se asista a una drástica modificación en este estado de cosas. En la hora actual, el país requiere un fortalecimiento sustancial de todas sus instituciones, entre las cuales el Poder Legislativo de la Nación es básica. La Provincia, de su lado, necesita que se la apoye y se la defienda en el Congreso, por encima de las diferencias partidarias. Proponerse lograrlo debiera constituir un firme propósito de la hora actual.