El mayor problema de seguridad de Tucumán son los menores. Lo sugiere desde hace más de un año el juez Raúl Ruiz, que dice que el 70% de los delitos es cometido por adolescentes y hasta por niños, y que el nivel de reincidencia es alarmante. Pero esto no parece inquietar a los políticos. Su preocupación por la inseguridad se calmó con el nombramiento de una camarista, cuatro jueces, dos fiscales y un defensor civil, con la idea de que en breve se resolverán las vacantes en dos fiscalías y que en poco tiempo más se analizará el pedido de la Corte Suprema de que se creen 10 nuevas fiscalías penales. Es decir, se calman con la promesa de reprimir más. Pero de defensorías penales y de funcionarios encargados de menores no se habla.
Llama la atención que el presidente de la comisión de Seguridad sea Daniel Heredia, ex titular de la Dirección de Familia y Minoridad, y que las leyes sancionadas hace dos semanas sobre seguridad no hayan tenido una palabra sobre los menores. Es más, las leyes fueron objetadas por magistrados y abogados, que las calificaron de inútiles, y el entredicho que Heredia tuvo con la Corte (exigió que el ministro fiscal le diera un informe sobre auditorías a fiscalías) demostró hasta qué punto se trabaja con desconocimiento de datos elementales. La Corte le hizo ver que la Legislatura avasallaba al Poder Judicial con el tono de los pedidos y los legisladores reconocieron que cometieron el error en la búsqueda de soluciones efectivas rápidas y acordes con las necesidades que hoy nos plantea nuestra querida provincia, dijeron.
En esa búsqueda de soluciones rápidas centran la ecuación en la represión y no en la prevención. Se quieren crear 10 fiscalías -pese a que hacen falta 20-, y ninguna defensoría. Sólo la Corte hizo alusión a la necesidad de trabajar con un fuero para el menor, pero el poder político no acusó recibo de este pedido.
El mismo Juan Carlos Blumberg y el ministro nacional Daniel Filmus dijeron que hay que crear más escuelas y no más cárceles; sin embargo, en Tucumán sólo se ha propuesto hacer una especie de centro de detención gigantesco, sin que se analice cómo resocializar al niño abandonado o al adolescente que delinque. Le tenemos miedo y queremos sacarlo de la vista, pero sigue ahí, volviéndose cada vez más peligroso y más abandonado.
A pesar de la realidad planteada por el juez Ruiz, el Gobierno y los legisladores parecen ignorar que para ocuparse de los menores y de los problemas que plantean sólo hay cuatro defensoras, que no sólo tratan la cuestión penal (que se ve), sino también los problemas de familia (peleas, castigos, tenencias, divorcios, abandonos, régimen de alimentos), civiles y de trabajo de los menores. Y no sólo eso: también se ocupan de los incapaces, insanos y locos. La propuesta de llevar el fuero penal al edificio del ex Comando terminará de desquiciar la tarea de las defensorías, que no podrán hacer tareas penales en la avenida Sarmiento y de Familia en Tribunales.
No sólo se trata de observar que se busca desesperadamente crear más fiscalías y no se piensa en cómo evitar que los menores en riesgo (que son cada vez más) caigan en la marginalidad y en la violencia. Parece ser una actitud desesperada del Estado por buscar salidas de impacto sin un trabajo de reflexión básico.
Un ejemplo está en la informatización del Poder Judicial. Mientras las defensorías de menores tienen una computadora viejísima, el fuero de Cobros y Apremios tiene máquinas de última generación. Sus juzgados aprobaron un programa de calidad de gestión y exhiben orgullosos sus logros como recaudadores. Bueno sería que la provincia tuviera calidad de gestión en un programa de derechos del ciudadano y de cuidado de menores e incapaces. Una sociedad debería medirse menos por la eficiencia recaudadora y más por la solidaridad con el que menos tiene y con sus esfuerzos por integrarlo en su seno.
