Una polémica designación

La designación de embajadores es una facultad propia del Presidente, mas el abuso que de ella se ha hecho desde la restauración constitucional contradice el criterio de buen manejo de la política internacional mediante integrantes del Servicio Exterior de la Nación. Es del todo razonable que el jefe del Estado disponga en algunas ocasiones, con el acuerdo del Senado, nombramientos de embajadores políticos, es decir, no integrantes del cuerpo diplomático profesional, al no hallarse entre los funcionarios de la carrera una personalidad adecuada para atender determinadas relaciones con un Estado extranjero. Ese carácter excepcional de los embajadores políticos exige por lo demás que estos reúnan condiciones de idoneidad para la misión encomendada, que no es otra que la defensa y digna representación de los intereses del país, con prescindencia de todo compromiso ajeno a ese principio. La Nación cuenta en tal sentido con una nómina histórica de embajadores políticos que contribuyeron significativamente a su prestigio internacional. Posteriormente, con la creación del servicio profesional con rango académico y exigente selección, el servicio exterior llegó a constituir un cuerpo altamente calificado que pudo superar por su solidez y profesionalidad los duros avatares políticos e institucionales.
A esas condiciones deben agregarse las exigidas por la Ley del Servicio Exterior de la Nación, entre otras, la imposibilidad de ocupar un cargo diplomático si el esposo o la esposa del propuesto es ciudadano del país de destino, o el haber desempeñado o mantenido anteriormente relación continuada con intereses del lugar donde debe desempeñarse. Tales requerimientos están siendo causa de observaciones públicas con relación a la propuesta presidencial de un embajador en España -en sustitución del actual, perteneciente al servicio exterior-, cuyos antecedentes contrarían presuntamente aquellas condiciones, además de compartir la ciudadanía española con la argentina, fruto de una residencia continuada de 16 años en la península. Por cierto que esa situación no descalifica personalmente al candidato, si bien lo inhibe, mientras no se demuestre la inexactitud de tales objeciones, para aceptar la propuesta presidencial. Toda designación de embajador, sea profesional o político, debe ser evaluada por el Senado, condición que ante la gravedad de las objeciones formuladas en este caso, debería merecer un análisis muy preciso de antecedentes, con exclusión de si el propuesto mantiene o no una vieja amistad o comunidad ideológica con el jefe del Estado, pues son los intereses del país los que están en juego, más allá de cualquier otra consideración.
El problema suscitado por ese caso tan exigido de clarificación forma parte de un estilo y concepción de la política exterior cuya referencia más elocuente desde hace mucho tiempo es el personalismo. Hasta el punto de que en el debate común de los asuntos públicos suele aludirse a su gestión como a la de los sucesivos presidentes, pasando inadvertidamente sobre la incontrastable circunstancia de constituir una política del Estado. Por ello la intervención del Senado en esos nombramientos no debe ser un trámite puramente formal, sino exhaustivo y comprometedor. "La Argentina va a ser seductora sin necesidad de decirlo, si es un país serio y predecible, responsable y equitativo", afirmó a poco de asumir el actual Gobierno, el canciller Rafael Bielsa, descalificando con ello esa política exterior ciclotímica con nombres y apellidos, y que desprecia el compromiso compartido y permanente de todos los factores políticos. Son muchos, considerables e históricos los intereses de la Nación que gravitan en sus relaciones con España; tantos y tan trascendentes que requieren en este caso, certeza pública en la capacidad específica y ética de quien deberá representarlos.