Combatir el delito sin políticas públicas

02 Abr 2018
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PROBLEMÁTICA. La saturación de policías no es una solución, alerta el autor.

Matías Lorenzo Pisarello - Coordinador área Seguridad y Derechos Humanos - ANDHES

Desde hace muchos años en Tucumán la violencia parece aumentar día a día sin que las autoridades gubernamentales encuentren soluciones a las diferentes conflictividades sociales. Homicidios y robos son los delitos que más impactan en la opinión pública y cada vez son menos las personas que no tienen un familiar o un amigo que no haya sido una víctima.

Los últimos datos del Indec (Encuesta Nacional de Victimización 2017) ratifican esa sensación al revelar que Tucumán es la provincia argentina en la que se cometieron más delitos contra el patrimonio. Casi cuatro de cada 10 personas (23,4% de la población tucumana) fueron víctimas de algún delito que implicó la apropiación de bienes materiales o de dinero. Pero eso no es todo. Es la segunda provincia del país con más robos con violencia (10,6 % de los tucumanos lo sufrieron) y conserva el segundo lugar para todos los casos que engloban delitos contra las personas (aquellos que perjudican directamente la integridad física y/o el patrimonio) con una tasa del 26,1-% de victimización.

En relación con los homicidios, el ex secretario de seguridad Paul Hofer dijo en una nota para LA GACETA (28-03-16) que durante 2015 sólo se habían cometido 11 homicidios en ocasión de robo. Dos años después esa cifra casi se triplicó.

Ante semejantes datos de la realidad, uno debe analizar las respuestas que brinda el Estado para resolver esas conflictividades.

En primer lugar, puede observase que entre las recientes soluciones propuestas se encuentran la modificación al Código Procesal Penal para aplicar el instituto de la prisión preventiva a “motochorros”, “rompevidrios” y “escruchantes” y la incorporación de unos 750 policías de calle. Todas son respuestas reactivas, posteriores a la comisión de los delitos, que en la práctica no reducirán los altos índices delictivos pero sí agravarán los problemas de sobrepoblación en los lugares de detención. Si en todas las comisarías los presos están hacinados y son alojados bajo condiciones insalubres, y en la cárcel tampoco hay lugar, la vigencia de la nueva ley solo empeorará más el problema.

La modificación al código procesal presenta además falencias jurídicas que la convertirán en poco tiempo en inaplicable por su evidente inconstitucionalidad. Pero tampoco nadie del Estado supo justificar la modificación con datos precisos. ¿Cuantas personas fueron detenidas y luego dejadas en libertad por haber cometidos robos con las modalidades descriptas? ¿Cuantas reincidieron en esos delitos? ¿Por qué el Estado aporta soluciones post delito y no busca evitar que se cometan?

Algo similar ocurre con el robo de motos. Nadie puede explicar a donde van a parar, quienes las compran ni mucho menos por qué lo hacen. ¿Alguien se pregunta si un sector de la sociedad recurre a la compra ilegal de motos porque no tiene otra forma de transportarse? ¿El precio del boleto del transporte público tiene alguna influencia? Son preguntas que el Estado no puede responder porque no lo sabe.

Esta falta de información genera dudas, ideas falsas y opiniones desacertadas. Los diagnósticos se realizan sobre bases infundadas y, como consecuencia, se plantean soluciones que no corresponden a la verdad de los hechos.

La creciente violencia que sufre nuestra provincia debe ser estudiada. Una política de Estado que trate de forma integral la problemática de la seguridad ciudadana y las funciones necesarias de prevención de la Policía, no puede circunscribirse a la mera aplicación de leyes que impliquen aumento de penas ni a la saturación callejera de agentes policiales.

Tampoco se puede permitir que esa saturación policial implique mirar para otro lado cuando esos agentes policiales actúen por fuera de la ley. En casos como el de Facundo Ferreira, el Estado no puede aceptar con total naturalidad que un niño de 12 años sea asesinado de un disparo en la nuca; ni puede permitir, como en el caso de Ángel Alexis Noguera, que policías aleguen que se les escapó un disparo, que la bala rebotó en el piso y que luego, accidentalmente, el proyectil llegó a la cabeza del joven asesinado. Es obligación del Estado activar todos los mecanismos a su alcance para impedir y erradicar la violencia institucional, ajustando los procedimientos a estándares internacionales con el fin de evitar que sean los mismos representantes del Estado quienes incrementen la violencia que intentan combatir.

La seguridad no se limita al combate del delito. Consecuentemente, requiere una respuesta integral que aborde la problemática de una manera seria, sostenida, participativa y democrática.

La prevención exige que se adopten medidas donde se origina la causa del problema. Es importante determinar los factores responsables del delito y de la inseguridad, establecer prioridades, comprometer recursos y utilizar los medios de acción apropiados para modificar el potencial de la delincuencia.

La estadística que construye hoy la Policía no hace más que ayudar a consolidar el modelo de criminalidad perseguido por las agencias de control social en un proceso de retroalimentación permanente: el Estado direcciona su labor de control hacia ciertas conductas y personas que son las que protagonizan los registros estadísticos de sus propias agencias.

Es imperioso entonces contar con estadísticas que aporten datos precisos, confiables y sostenidos para que sobre la base de diagnósticos serios se puedan elaborar políticas publicas acordes con las problemáticas que padecen los tucumanos.

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