“Las cárceles de Tucumán están entre las peores del país”

La observadora de prisiones dice que el homicidio del preso y testigo protegido Medina es una señal manifiesta del colapso del sistema.

01 Abr 2018
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“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que con el pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Graciela Dubrez, presidenta de la Sección Argentina del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), anda con el artículo 18 de la Constitución Nacional en la mano. En Tucumán lo necesita más que en otras jurisdicciones -donde siempre viene bien recordarlo-. “Las cárceles de esta provincia compiten codo a codo con el desastre del conurbano bonaerense: se asemejan entre sí, lo que ya es decir muchísimo”, dispara. Por si quedara alguna duda, añade: “las cárceles tucumanas están entre las peores del país”.

La degradación inadjetivable quedó expuesta, según Dubrez, en diciembre, cuando ocurrió el homicidio de Sebastián Medina, preso y testigo protegido de la red de tráfico de drogas de Villa Urquiza. Ese crimen explica la presencia de la activista de derechos humanos en esta ciudad. “Volví para presentar una denuncia (en la Legislatura) contra Roberto Guyot, el juez de Ejecución en lo Penal que debía velar porque Medina tuviera condiciones adecuadas de detención. Además, hemos solicitado la investigación del fiscal federal N°2, Pablo Camuña, y del juez federal N°1, Daniel Bejas, que se habían comprometido a proteger al preso que estaba dispuesto a brindar información sobre la comercialización de estupefacientes en el penal”, informa.

El apuñalamiento de Medina revela la magnitud del colapso que Dubrez dice haber detectado hace un año, cuando recorrió las cárceles de San Miguel de Tucumán y de Concepción. “Hicimos contacto con Érica Brunotto (secretaria de Derechos Humanos) con la intención de que su Gobierno comprenda que había que tomar medidas de fondo para corregir el estado calamitoso de las prisiones”, explica.

Entonces murió Medina y la OIP, una organización no gubernamental originaria de Francia, cambió el enfoque para el caso de Tucumán: los buenos oficios son insuficientes, también hay que evaluar las responsabilidades de quienes deben controlar el sistema penitenciario. Dubrez considera que esa tragedia sucedió, entre otras razones, porque el Juzgado de Ejecución en lo Penal de la capital no está donde debe estar: la propia cárcel. “Fue creado para eso, para controlar la ejecución de la pena en el lugar donde esta debe ser cumplida. Pero luego se desvirtuó y, para ser justos, no sólo en Tucumán. Los jueces comenzaron a estar más cómodos en un despacho de los Tribunales (Guyot se instaló al frente de Villa Urquiza). Nosotros insistimos en que esto es un error”, evalúa.

Al analizar la historia de Medina, la activista sólo advierte dos posibilidades: “si se lo ve con indulgencia, se trató de una negligencia y de una desidias inaceptables. Pero también pudo haber sido un complot para terminar con un testigo encubierto de la mafia de Villa Urquiza al que la Justicia Federal iba a proteger”. En una entrevista con LA GACETA, Dubrez recuerda que Medina fue sacado de la cárcel y, luego, reintegrado al lugar donde lo mataron: el lugar donde estaban los miembros de la red delictiva que él había incriminado. “Pidió ayuda desesperadamente, pero el juez de Ejecución tenía el celular apagado porque estaba en un curso. Mientras tanto, un sicario apuñaló a Medina y murió. Todo esto podría haber sido evitado si los jueces y el fiscal reaccionaban. Si lo habían protegido es porque sabían que estaba en peligro”, lamenta.

Lamenta también que las cárceles sean objeto de los peores instintos políticos y que Argentina, lejos de encontrar un equilibrio, retroceda. Dubrez advierte que eso es lo que está pasando, justamente, con las leyes que pretenden ampliar el instituto excepcional de la prisión preventiva (Tucumán sancionó una norma de este tipo el mes pasado). “Los argentinos tropezamos mil veces con la misma piedra y sonreímos como si fuese un triunfo. Ya hemos probado en el pasado con agravar las prisiones provisorias con la ilusión de contener la ola de delincuencia y todo lo que se consigue es hacinamiento carcelario; denuncias de tortura y maltrato, y aquelarre humanitario, y por, supuesto, el endurecimiento no soluciona el problema de la delincuencia”, reflexiona.

Caro, malo y perverso

La observadora de prisiones asegura que la alternativa no es aceptar la impunidad, sino el abordaje profundo del fenómeno: “podemos apostar a la descompresión social y a destinar el dinero a resolver los problemas que generan la inseguridad. Adentro del penal de Villa Urquiza no hay aulas. Cuando pregunto a dónde dan las clases, me contestan: ‘en la cocina’. No hay ninguna voluntad de educar a los presos, función que es obligatoria. En una provincia chica como esta se podría hacer un trabajo serio de resocialización. Se podría visitar el lugar de origen del imputado para que este no vuelva al ambiente que lo llevó a delinquir”. Dubrez relata que en Concepción hay presos mordidos por las ratas y los murciélagos. “¿Qué persona puede salir sana de un encierro en esas condiciones?”, interroga. Y agrega: “nos cuesta mucho sostener las pocilgas hediondas donde arrojan a la gente”.

A la percepción de que los políticos no encuentran rentable mejorar las prisiones, la presidenta de la OIP opone la idea de que los presos deberían importar no sólo para evitar la reincidencia, sino también para luchar contra las fuerzas de seguridad corruptas y crueles. “Al torturador de presos el Estado le paga un sueldo y, encima, está libre”, resume. Y redobla la propuesta: “el sistema carcelario en Argentina es caro, malo y perverso. Aunque sea no ya por la Constitución, sino por egoísmo y porque todos estamos expuestos a ir presos, deberíamos preocuparnos por hacer que nuestras cárceles sean dignas y justas”.

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