En el Subsidio indagan sobre los títulos de empleados

En el Subsidio indagan sobre los títulos de empleados

El interventor de la obra social, Fernando Avellaneda, confirmó que los certificados adeudan datos complementarios para su validación.

MEJORAS EDILICIAS. El gremio reclama que se remodele el Subsidio. la gaceta / Foto de José Nuno MEJORAS EDILICIAS. El gremio reclama que se remodele el Subsidio. la gaceta / Foto de José Nuno
01 Abril 2018

Un frente de conflicto se instaló en el Subsidio de Salud luego de que trascendiera que parte del personal no tendría los títulos validados para ejercer sus funciones. La disputa es entre el interventor de la entidad, Fernando Avellaneda, y la dirigencia de la filial Tucumán de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Si bien en un principio se deslizó la existencia de un centenar de casos, el funcionario sólo confirmó a LA GACETA que se trata de una decena que está en proceso de investigación.

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Tras el revuelo, dirigentes de UPCN respondieron que se investigue de “Avellaneda para abajo”, e indicaron que se trató de deslizar el foco de los verdaderos problemas que atraviesan los trabajadores de la obra social.

Avellaneda explicó que en 2017 se habían solicitado los títulos de todos los empleados, de los cuales 100 habían resultado ser fotocopias no autenticadas, por lo que se había procedido a investigar el estado de los documentos.

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“Sólo 10 títulos, del centenar, se encuentran en observación por falta de datos complementarios. Una vez que obtengamos el informe, se iniciará, o no, el sumario administrativo a quienes corresponda”, señaló el ex subsecretario de Salud Pública.

Desde UPCN manifestaron días atrás que la denuncia se trató de una maniobra para “distraer a la opinión pública” de las verdaderas problemáticas de la institución. Claudia Molina, secretaria de Capacitación de la seccional local y referente en Subsidio de Salud, expresó que la existencia de certificados apócrifos se había tratado de un “comentario de pasillo”, que data del año pasado. Asimismo, remarcó que Avellaneda le había comentado la situación en reuniones que habían mantenido por otras cuestiones.

Molina, empleada del Subsidio de Salud hace 20 años, disparó: “al instalar el tema en los medios, nos expuso, ya que ahora todos somos sospechosos. Él habló de un centenar de títulos falsos sin dar nombres, y esto nos generó malestar.”

UPCN indicó que los empleados de la obra social vienen reclamando hace tiempo mejoras en infraestructura y sobre sus condiciones de trabajo. Además, la sindicalista señaló que aún no fueron convocados a discutir las paritarias para este año.

Los empleados del organismo reclamaron la eliminación del plus, que se cobra en muchas consultas médicas de la provincia. El gremio señaló que algunos especialistas de la salud llegan a pedir hasta dos órdenes por turno.

Avellaneda, al ser consultado sobre los reclamos de los trabajadores de la obra social, aclaró que se viene trabajando respecto del reacondicionamiento del edificio.

“El arreglo de cañerías está en proceso licitatorio, y ya se envió a la DAU un proyecto para reorganizar las áreas del edificio”, indicó.

El titular de la institución informó que el miércoles había enviado a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) un anteproyecto para la readecuación de los últimos pisos del inmueble. El plan fue elaborado por los arquitectos del Subsidio. La DAU es el organismo encargado de la evaluación final y es el que propondrá modificaciones, si lo considera necesario.

En alusión al plus señaló que su gestión (desde 2015) es la que mayores medidas tomó al respecto. “Logramos añadirle a la penalización del convenio una descripción. De esta manera, el beneficiario puede efectuar una denuncia más concreta”, manifestó Avellaneda.

El médico explicó que el sistema es claro y que le sorprende el bajo nivel registrado de denuncias ante los numerosos casos.

“El convenio es una orden por consulta y el plus no debe cobrarse en ningún lado. Lo que hace falta es que la gente se acerque y realice las denuncias; el plus es un fraude al beneficiario y, si el médico cobra dos órdenes por consulta, le está realizando un fraude a la institución”, lanzó.

El titular de la obra social informó que durante el año pasado se suspendió a más de 200 profesionales por infringir las normas estipuladas en el convenio, y que los controles son más exhaustivos este año.

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