El valor de la vida

El debate en torno del aborto legal ha llegado al Congreso. Los argumentos en favor de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo pueden agruparse en torno de cuatro grandes ejes: proteger la vida de las mujeres que apelan a abortos clandestinos, reivindicar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, afirmar que el embrión sólo es humano desde la semana 16, y terminar con la hipocresía de una sociedad donde el aborto es una práctica frecuente.

En un debate democrático, todas las opiniones son respetables. Aclarado ello, nos parece que el reparo común que impugna aquellos argumentos está dado por un valor: el valor de la vida humana. No pautamos con ello que esto dé por cerrado el debate, sino que entendemos que desde ese lugar debe darse la discusión. Desde el lugar de valores que, entendemos, deben ser de todos, y no de un grupo, de una ideología o de una religión. Para ello, postulamos que no debe caerse en un fanatismo axiológico, pero tampoco en una tiranía de la razón. En todo caso, siguiendo a Max Weber, entendemos que todo valor debe ser razonable, pero también que los valores no pueden ser desnaturalizados hasta devenir meras racionalizaciones.

Consideramos que la vida humana es un valor en el que no sólo debemos vernos reflejados como personas, sino como civilización. La historia de la humanidad es, también, la historia de la evolución de la vida humana como un valor superior. Un valor que debe estar por encima de toda parcialidad. Por ello, no acordamos con los planteos sectoriales y, sobre todo, disentimos con las posturas que relativizan el valor de la vida humana.

La vida humana que se concibe y se desarrolla en el vientre materno no puede ser sujeto de relativismos ni de reduccionismos. Desde esta convicción, no podemos estar de acuerdo con el argumento de que un embarazo puede ser interrumpido legalmente en nombre de que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Reivindicamos la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y de oportunidades, y la postulamos como inclaudicable. Pero no estamos de acuerdo con que en su nombre se invoque la supresión de vidas humanas.

Proteger la vida de las mujeres embarazadas es otro norte irrenunciable. Estado y sociedad adeudan, desde distintos lugares, garantizar condiciones de existencia dignas para todos sus miembros: también en ello consiste el valor de la vida humana. Entonces, la situación de vulnerabilidad social de muchas madres debe ser una alarma social prioritaria, pero no puede ser un argumento que justifique poner fin a la vida humana que están gestando.

Los niños por nacer no sólo merecen una oportunidad: merecen, sobre todo, igualdad. Y si la sociedad y el Estado no han sabido, no han podido o no han querido brindarles igualdad de oportunidades, lo que de ningún modo pueden negarles es igualdad de derecho. Esos niños tienen igual derecho a la vida que todo otro niño. La verdadera hipocresía social sería no garantir esa igualdad. Claudicar ante ello equivale a suscribir nuestro fracaso más irremediable como sociedad. A la vez, representa una lógica abominable: la de que cualquier tendencia colectiva o comportamiento individual que atente contra el valor de la vida humana debe ser convalidada legalmente por su sola condición de conducta practicada. La doctrina de los hechos consumados nunca puede tener primacía sobre el valor de la vida humana.

La vida humana es también el bien jurídico supremo, es decir, aquello que debe ser protegido por las leyes que dictamos para regular nuestra vida en sociedad. Frente al relativismo que pretende discutir a partir de qué semana de gestación un embrión es humano, se alza el Preámbulo de la Constitución de Tucumán que, literalmente, reconoce la vida humana desde el momento mismo de la concepción.

No invocamos el derecho positivo para desviar el foco del debate sino, precisamente, para enfocarlo. Los derechos humanos son hijos del constitucionalismo, no de la democracia. Frente a las convicciones legítimas de la democracia de que ninguna autoridad es superior a la de la mayoría, la Constitución, a través de los derechos humanos, ponen límites igualmente legítimos e infranqueables a la presión de cualquier grupo. Especialmente, a las presiones de un grupo mayoritario. Las minorías tienen derechos que no pueden ser desconocidos por ninguna mayoría. Como el derecho a vivir que tiene esa minoría que son los niños por nacer, en una civilización donde el valor de la vida humana no debe subordinarse a ningún otro valor.