29 Mar 2018 Por Marcelo Aguaysol

El Consenso Fiscal no es más que un mecanismo disciplinario. El nuevo pacto fiscal, que fue propuesto por el Gobierno nacional a las provincias está tan operativo como vigente. Y el presidente Mauricio Macri avanza, mientras las provincias quieren saber la letra chica de los puntos que se acordaron el 16 de noviembre pasado. Por las dudas, algunos distritos como Tucumán han cumplido “fielmente” lo dictado por el nuevo pacto fiscal en materia de impuestos provinciales, con el fin de disminuir la carga tributaria. Claro que, habiendo margen para hacerlo, la administración del gobernador Juan Manzur retocó algunas alícuotas “dentro de los límites permitidos por la Nación” para que el efecto de una futura rebaja gradual de la presión impositiva no signifique necesariamente un fuerte impacto en la recaudación local. En ese aspecto, este mes que se va se sabrá cuánto ha sido el incremento extraordinario de recursos por el cobro de impuestos provinciales, como Ingresos Brutos.

La Casa Rosada dio ayer otro paso más en cumplir uno de sus compromisos: emitir un bono por un monto total de $ 89.747 millones para ser repartidos entre aquellas provincias que desistan de los juicios por deudas entre jurisdicciones y pone fin a la discusión por la coparticipación del Fondo del Conurbano. Tucumán figura con una de las 59 demandas en curso que iniciaron varias provincias.

¿Cuánto le correspondería por esa compensación? Al firmar el Consenso Fiscal, Manzur sabía que ese título público nacional no tendría la misma fuerza que lo alcanzado por San Luis, Santa Fe y Córdoba, que sí accionaron y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón por su reclamo. Ahora en la Casa de Gobierno tucumana entró la preocupación porque los bonos serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores. En buen romance, eso quiere decir que podría tener los casi $ 5.700 millones en un plazo de 10 años y medio, pero que no podrían -por caso- ser usados como garantías para obtener créditos en la banca privada. La cifra surge de los coeficientes efectivos de distribución de la coparticipación federal de impuestos. Para este año está previsto que genere servicios por $ 5.000 millones que se repartirán en una veintena de distritos. De ese total, unos $ 319 millones le corresponderán a Tucumán.

De aquella reunión con Macri y su equipo de trabajo, los gobernadores salieron con varias opciones para usar ese bono compensatorio: guardarlos, cobrar los cupones a término, utilizarlos como garantía de préstamos, venderlos o, en definitiva, compensar con otras deudas contraídas con la Nación. Hay sospechas de que la última opción será irremediablemente la que se imponga. El mismo Consenso Fiscal indica que los acuerdos de desestimiento de demandas y la probable negociación debe concretarse antes del 30 de junio próximo. La idea oficial era contar con esos recursos como avales para obtener un crédito cercano a los $ 800 millones. Estaba previsto que ese dinero sea usado para trabajos de reparación y contención de inundaciones. En Buenos Aires existe la idea de “compensar”, otra vez, a una decena de distritos con otro préstamo de un fondo fiduciario que, en principio, rondaría los U$S 50 millones.

Conocida la emisión de los bonos, Tucumán no ha abierto aún ni la cuenta corriente ni la comitente en el Banco Central para que el proceso quede operativo y cobre, en su debido tiempo, las cuotas. Desde el año que viene, los servicios serán un poco más alto (unos $ 766 millones anuales hasta 2028), según lo previsto en el pacto fiscal. Año a año los pagos de capital se incrementan mientras que los de interés caen, manteniendo fijos los servicios totales en términos nominales, advierte un Memo elaborado por la consultora Economía & Regiones. “De esta forma, -sostiene el reporte- el flujo futuro del bono perderá relevancia en las cuentas públicas provinciales, conforme la mayor nominalidad de la economía (inflación y crecimiento real)”. Así las cosas, no hay derecho al pataleo. El Consenso Fiscal sigue firme y los gobernadores que lo rubricaron deberán cumplir la letra del acuerdo, por más que crean que las compensaciones para no iniciar juicios son monedas frente a las millonarias cifras que se requieren para ejecutar obras.

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