La protesta de choferes rurales en Concepción

28 Mar 2018 Por LA GACETA

Es la confusión y alteración del orden. También la perturbación del orden y disciplina de un grupo, de una reunión, de una comunidad de personas. El disturbio que altera la tranquilidad pública. Y en última instancia, exceso o abuso. Estas son las definiciones que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra desorden. Cuando este se produce a menudo en la vía pública, seguramente es porque una comunidad carece de leyes que regulen su ordenamiento o porque se las están infringiendo.

Hace un par de semanas, los conductores de transportes rurales decidieron bloquear varias calles de la ciudad de Concepción porque la intendencia les había exigido que no estacionaran en doble fila, como lo hacen habitualmente en las calles Presidente Roca, entre Italia y 24 de Septiembre, entre otras.

Uno de los llamados “piratas del sur” defendió la medida de fuerza argumentando que es la única fuente laboral con la que cuentan para mantener sus familias. “Somos cerca de 100 personas que aspiramos a estar en regla y no molestar a nadie. Pero necesitamos que nos dé un lugar en donde estacionar y así poder desarrollar nuestra tarea... Si quieren que respetemos las normas de tránsito, nos tienen que dar un espacio adecuado para estacionar”, afirmó. Otros advirtieron en tono de amenaza que si la Municipalidad insiste en tratar de obstruir su trabajo con multas y desalojos, renovarán las protestas.

El director municipal de Tránsito dijo que con las disposiciones no pretenden perjudicar a nadie, sino evitar el estacionamiento en doble fila, que se invada la senda peatonal, que se obstruyan las rampas para discapacitados, que se circule sin la documentación, sin las luces reglamentarias, sin el uso de casco, y con escapes libres. Mientras que el intendente de Concepción afirmó que lo único que exigen es que se respeten las normas de tránsito vigentes. “Es una cuestión vital que tiene que ver con la seguridad de todos, peatones y conductores, y la imagen de una ciudad que progresa, que se moderniza con costosas inversiones en la infraestructura urbanística”, señaló.

El incidente pone de relieve una vez más las realidades surrealistas que vive con alguna frecuencia la sociedad tucumana, poco afecta a respetar a los otros. Lo absurdo es que los que están en infracción y no tienen en consecuencia derecho a nada, ponen condiciones para cumplir la ley. Más absurdo sería si estos conductores de los transportes rurales circulan en la ilegalidad, es decir que carecieran de habilitación para realizar tal servicio, así como de seguros (total o contra terceros), y si sus vehículos no tuvieran al día la Verificación Técnica Vehicular que es obligatoria en todo el país.

La autoridad nunca debe ceder ante este tipo de presiones, mucho más de quienes no respetan las normas de convivencia. La necesidad de trabajar no es argumento para violar las leyes, justamente debe estar enmarcada dentro de las disposiciones legales. En una sociedad, no tiene que haber ciudadanos que respeten la ley y otros que no lo hagan, porque estas se diseñan y aprueban para que las acaten todos. Debería profundizar los controles y aplicar las sanciones correspondientes si se registraran infracciones.

Sobre su reino del revés, María Elena Walsh decía: “nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres”.

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