Como en los viejos tiempos

Los clásicos nunca pasan de moda ni se van del todo: son clásicos porque siempre vuelven. El cliché vale para ilustrar la actualidad de la Justicia Federal de Tucumán, donde, después de 12 años de hegemonía kirchnerista, han regresado las transacciones entre el oficialismo y la oposición. Es un volver a las fuentes que, en especial después de 1983, configuraron un fuero de excepción con poder creciente por el avance de la criminalidad ligada al lavado de activos y al narcotráfico.

Los acuerdos pergeñados durante el período del radical Raúl Alfonsín, por ejemplo, permitieron que a la Justicia Federal vernácula llegara un funcionario del gobernador justicialista Fernando Riera, el hoy camarista Ricardo Sanjuán, que es una especie de patriarca en su institución. Coherente con la posición que ocupaba, el partido de Leandro Alem colocó a Jorge Parache en el Juzgado Federal N°1 con competencia electoral. También por el ala radical entraron los fiscales Carlos Brito (hoy en el despacho N°1) y Emilio Ferrer (retirado). Olijela Rivas (PJ) y Félix Mothe (UCR) distribuían los despachos sin cortapisas: nadie sospechaba el poder que “Chonchón” y “Mamila” estaban gestando, y que el control de la Justicia sería central para la política.

En la hora larga de Menem, y hasta que comenzaron a funcionar los concursos pactados en Olivos, el peronismo sacó ventaja. Rivas se erigió en la “seleccionadora oficial”. Su huella persiste en dos de las tres vocalías del Tribunal Oral creado en 1992: las de Gabriel Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla. “La profesora” también amadrinó la carrera del joven apoderado de su partido, Daniel Bejas, luego juez N°1.

Las justicias federales provincianas pasaron al primer plano con la proliferación de denuncias de corrupción; el incremento de los privilegios y prerrogativas de los magistrados, y, en última instancia, la construcción de ese engendro institucional que turba y espanta, los Tribunales Federales porteños más conocidos como “Comodoro Py”. Durante el kirchnerismo, la intención de la Casa Rosada de blindarse judicialmente tuvo manifestaciones múltiples: enfriamiento de las designaciones definitivas; incorporación de jueces provisorios o “a prueba”, y copamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación con activistas de “Justicia Legítima”, organización comandada por la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó. Amparado por sus mayorías en el Congreso, el oficialismo podía designar sin negociar. Durante la etapa de los Kirchner, entraron a la Justicia Federal tucumana la camarista Alicia Noli; el juez N°2, Fernando Luis Poviña, y el fiscal federal N°2, Pablo Camuña. Tanto Camuña como Poviña, pero, sobre todo, el primero, lucían la camiseta de “Justicia Legítima”. De ese momento data, también, el nombramiento en propiedad de Bejas, que había puesto un pie en la ex oficina de Parache como juez precario o subrogante.

La llegada de Cambiemos a la Rosada, en 2015, volvió a colocar el péndulo donde estaba en 1983-1989, al menos a los efectos de la designación de los jueces federales de Tucumán. El presidente Macri tiene en sus manos cuatro ternas que juntas equivalen a un cuarto de los cargos disponibles en la provincia. Es un volumen inédito de plazas: un número que, eventualmente, podría modificar las inclinaciones de esos estrados, que, en la jurisdicción porteña, ya se han demostrado proclives a volverse en contra de los poderosos que antes protegían. Macri puede romper el orden establecido, pero carece de fuerza para imponerse en el Senado: debe consensuar sus decisiones con el bloque justicialista que lidera Miguel Ángel Pichetto. Ello necesariamente redirige la mirada hacia dos senadores antagónicos que representan a la provincia en la Cámara Alta, el pejotista José Alperovich y la radical Silvia Elías de Pérez.

A primera vista, la batalla principal gira alrededor de Bejas, que ya volvió de Nueva York, y del dilema que plantea su posible ascenso como camarista federal. Ocurre que, con ese movimiento, quedaría libre el juzgado de primera instancia que organiza las elecciones nacionales. Un sector de Cambiemos se entusiasma con la posibilidad de “neutralizar” al ex abogado de Alperovich, pero otro ha puesto el grito en la estratósfera: ¿cómo luce este premio a un magistrado que Elías de Pérez criticó hasta el hartazgo por su falta de imparcialidad? Tampoco está claro si Alperovich dejará en el aire el Juzgado Federal N°1, aunque también hay que considerar que Bejas está a un paso de entrar a la terna para la Cámara Nacional Electoral, tribunal estratégico para el PJ de Pichetto. Una denuncia inesperada podría alterar las especulaciones: Bejas fue cuestionado en el Consejo de la Magistratura de la Nación por la falta de protección a un testigo de la red mafiosa enquistada en Villa Urquiza, presentación que, para su tranquilidad, ha caído en el regazo de Luis María Cabral, un consejero de lazos fluidos con sus colegas tucumanos. En el tablero también incide la versión del entorno del magistrado que indica que, si no logra ser promovido, este buscará la jubilación.

Los límites se antojan difusos. ¿Podría Macri dejar pasar -otra vez- la doble posibilidad de nombrar al concursante Edgardo López Herrera? Este postulante vetado sistemáticamente por Alperovich y el kirchnerismo compite con Bejas y Patricia Moltini para la Cámara Federal. ¿Beneficiará a Mario Leal, entusiasta promotor de La Cámpora en estos pagos, el acuerdo con el PJ o ese ámbito se contentaría con el nombramiento en la Fiscalía Federal N°3 de Agustín Chit, funcionario cercano a Camuña y al ecosistema en repliegue de Gils Carbó? ¿Colocarán los radicales a José Manuel Díaz Vélez, secretario del fiscal Brito, en el Juzgado N°3? ¿Será la defensora oficial ad hoc Pamela Tenreyro más apropiada que Martín Abdala, el puntero de la terna, para conciliar las pretensiones en pugna? ¿Quedarán las definiciones a la espera de los comicios de 2019, con los riesgos que ello implica? Todo está sujeto a negociación en la Justicia Federal de Tucumán. Como en los viejos tiempos.