21 Mayo 2004 Seguir en 
La alegría duró muy poco. Tras los anuncios del ministro de Economía, Roberto Lavagna, respecto del uso de los excedentes del superávit fiscal proyectado para este año, a sus pares provinciales les corrió el frío por el cuerpo. Entre las prioridades del Gobierno nacional no figura el reparto de fondos extras a los distritos del interior del país. O, en otras palabras, los $ 636 millones que se girarán, de manera automática, a las provincias no representan el monto proyectado hasta fines de año por cada uno de los gobernadores.
Lavagna dejó en claro que lo principal pasa por contener a los dos millones de desocupados que gozan de los planes Jefes y Jefas de Hogar. Que promoverá las obras para alentar la producción, entre las que se destacan los $ 2.000 millones para revertir la dura crisis energética argentina. Y que el resto servirá para reducir la deuda, interna y externa, del país.
En Tucumán, los funcionarios creen que no habrá problemas para superar la meta trazada por la administración federal en el marco del Plan de Financiamiento Ordenado (PFO). El ejercicio de este año cerrará con superávit motorizado, fundamentalmente, por el incremento en los ingresos. Con una merma en la disponibilidad de fondos extras, es muy posible que las provincias planteen al Palacio de Hacienda, en la segunda parte del año, que en 2005 continúe vigente el PFO, más allá de que las cuentas fiscales terminen con cierto equilibrio.
Hasta ahora, la gestión del gobernador José Alperovich viene generando una suerte de colchón financiero que estaría superando los $ 50 millones. Ese dinero ingresa a una cuenta de reserva para atender el pago de los vencimientos de la deuda pública, a partir del año próximo. Es lo que comúnmente se denomina Fondo Anticrisis.
En el rubro ingresos, Alperovich recibirá hacia fines de este mes casi $ 160 millones más de lo que dispuso su antecesor Julio Miranda, en los primeros cinco meses del año pasado.
Pero el actual gobernador va por más. Quiere profundizar los controles para exprimir a los morosos y para atrapar a los evasores. Desde hace por lo menos una década, el Estado provincial viene arrastrando un crédito interno que aún le resulta difícil recuperar. Las cuentas a cobrar por parte del Gobierno representan alrededor de $ 718 millones (casi un 25% del total de la deuda pública). Entre sus principales deudores están los municipios, organismos como la Caja Popular o el Instituto de Previsión y Seguridad Social y, en menor medida, los contribuyentes de Rentas, los adjudicatarios de viviendas que no pagan la cuota y los viejos deudores del ex Banco Provincia.
Hasta ahora, los funcionarios no explicitaron de qué manera recuperarán esos recursos. Lo que sí dijo el ministro de Economía, Jorge Jiménez, es que el excedente se invertirá en obras (un plan de $ 70 millones anuales) y en amortizar parte de la deuda. En tanto, el aporte no remunerativo a los agentes públicos (una erogación de $ 30 millones hasta diciembre) será cubierto con los recursos que ingresan por el cobro de tributos provinciales. Según el ministro, una recomposición de $ 350 mensuales en los salarios estatales produciría un descalabro en las finanzas, ya que implicaría un gasto adicional de $ 120 millones anuales.
Desde el punto de vista fiscal, las perspectivas de Tucumán son alentadoras para lo que resta del año. Con semejante resultado en las cuentas públicas, son pocas la probabilidades de que la provincia tenga contratiempos financieros. No obstante, las proyecciones fiscales chocan con los tiempos y con las presiones sindicales. Alperovich sostiene que no habrá problemas energéticos en Tucumán, pero hasta ahora la crisis persiste como un fantasma. Dependerá de que la Nación cumpla el compromiso que asumió ante los industriales para que estos puedan producir a pleno conservando la fuente laboral.
Lavagna dejó en claro que lo principal pasa por contener a los dos millones de desocupados que gozan de los planes Jefes y Jefas de Hogar. Que promoverá las obras para alentar la producción, entre las que se destacan los $ 2.000 millones para revertir la dura crisis energética argentina. Y que el resto servirá para reducir la deuda, interna y externa, del país.
En Tucumán, los funcionarios creen que no habrá problemas para superar la meta trazada por la administración federal en el marco del Plan de Financiamiento Ordenado (PFO). El ejercicio de este año cerrará con superávit motorizado, fundamentalmente, por el incremento en los ingresos. Con una merma en la disponibilidad de fondos extras, es muy posible que las provincias planteen al Palacio de Hacienda, en la segunda parte del año, que en 2005 continúe vigente el PFO, más allá de que las cuentas fiscales terminen con cierto equilibrio.
Hasta ahora, la gestión del gobernador José Alperovich viene generando una suerte de colchón financiero que estaría superando los $ 50 millones. Ese dinero ingresa a una cuenta de reserva para atender el pago de los vencimientos de la deuda pública, a partir del año próximo. Es lo que comúnmente se denomina Fondo Anticrisis.
En el rubro ingresos, Alperovich recibirá hacia fines de este mes casi $ 160 millones más de lo que dispuso su antecesor Julio Miranda, en los primeros cinco meses del año pasado.
Pero el actual gobernador va por más. Quiere profundizar los controles para exprimir a los morosos y para atrapar a los evasores. Desde hace por lo menos una década, el Estado provincial viene arrastrando un crédito interno que aún le resulta difícil recuperar. Las cuentas a cobrar por parte del Gobierno representan alrededor de $ 718 millones (casi un 25% del total de la deuda pública). Entre sus principales deudores están los municipios, organismos como la Caja Popular o el Instituto de Previsión y Seguridad Social y, en menor medida, los contribuyentes de Rentas, los adjudicatarios de viviendas que no pagan la cuota y los viejos deudores del ex Banco Provincia.
Hasta ahora, los funcionarios no explicitaron de qué manera recuperarán esos recursos. Lo que sí dijo el ministro de Economía, Jorge Jiménez, es que el excedente se invertirá en obras (un plan de $ 70 millones anuales) y en amortizar parte de la deuda. En tanto, el aporte no remunerativo a los agentes públicos (una erogación de $ 30 millones hasta diciembre) será cubierto con los recursos que ingresan por el cobro de tributos provinciales. Según el ministro, una recomposición de $ 350 mensuales en los salarios estatales produciría un descalabro en las finanzas, ya que implicaría un gasto adicional de $ 120 millones anuales.
Desde el punto de vista fiscal, las perspectivas de Tucumán son alentadoras para lo que resta del año. Con semejante resultado en las cuentas públicas, son pocas la probabilidades de que la provincia tenga contratiempos financieros. No obstante, las proyecciones fiscales chocan con los tiempos y con las presiones sindicales. Alperovich sostiene que no habrá problemas energéticos en Tucumán, pero hasta ahora la crisis persiste como un fantasma. Dependerá de que la Nación cumpla el compromiso que asumió ante los industriales para que estos puedan producir a pleno conservando la fuente laboral.
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