En español no es lo mismo oír que escuchar. Aunque muchas veces son usados como sinónimos, el acto de oír es más simple, porque hace referencia al mero hecho -más bien físico y sensorial- de percibir los sonidos. En cambio, escuchar supone una mayor complejidad: prestar atención a lo que se oye. Esto explica por qué cuando una pareja se deshace, uno de los novios o esposos suele argumentar -por lo general la mujer-: "el problema es que vos no me escuchás". La democracia, al menos en teoría, es un diálogo inteligente entre la sociedad y sus representantes, y de estos entre sí (léase entre aquellos a quienes se les confirió la responsabilidad de conducir los tres poderes en que se fracciona el Estado en garantía de los derechos de los individuos). En consecuencia, una república no puede funcionar sin la palabra y sin individuos que estén dispuestos a escuchar. Si estos elementos faltan se cae en los silencios de las dictaduras o, lo que es lo mismo, en los monólogos de los autócratas.
El gobernador José Alperovich oye. Eso está claro. Queda por averiguar si escucha. Esto último pareciera estar en entredicho cuando, pese a los reclamos de la sociedad por una mayor transparencia en el juego de las instituciones, se nombra a parientes de fiscales de Instrucción en el Poder Ejecutivo, como sucedió con el hijo de Teresita Marnero. Lo mismo sucede cuando la hija y un hijo de dos vocales de la Corte Suprema se desempeñan en el órgano encargado de contralor los números de los tres poderes: el Tribunal de Cuentas.
No es que los hijos de los funcionarios estén condenados a la desocupación o a trabajar inexorablemente en el sector privado. Pero sí hace a la calidad de una república que, cada vez que un ministro necesite a una determinada persona, dé la cara y diga qué cualidades tiene el designado y por qué es útil para el Estado pese al parentesco que guarde con este o con aquel magistrado. Esta obligación es mayor cuando la designación se produce en el Ministerio encargado de las relaciones con la Justicia: el de Gobierno. Y, más aún cuando la fiscal madre del nombrado tiene en sus manos una causa vinculada a algún funcionario de la actual administración cuestionado por el aporte que concedió -supuestamente por razones de salud- a un empresario del sector privado. Si no se procede de esta forma se corre el riesgo de que se sospeche que los poderes, más que controlarse entre sí, se complementan.
¿Otro pacto de Olivos?
En el Ejecutivo aseveran que sí escuchan. Y argumentan el haber dado marcha atrás con los polémicos proyectos de leyes que buscaban conformar un multimedio estatal de comunicaciones y ordenar el sistema de transporte, en este último caso sin oír detenidamente la voz de los factores que intervienen en la actividad. También afirman que pondrán en marcha un inédito sistema de concursos para que la idoneidad -y no el amiguismo- sea el criterio a la hora de cubrir vacantes en la administración pública.
Otra prueba que aducen tiene que ver con la reforma de la Constitución provincial. Afirman que, pese a disponer de una ley -heredada de los tumultuosos tiempos de Julio Miranda- que los autoriza a llamar a elecciones de convencionales constituyentes, aún no lo hicieron. Y esto -agregan- porque quieren concertar con la oposición cuáles serán las instituciones que no podrán tocarse (léase evitar la remoción de los jueces y la caducidad de los mandatos de los legisladores). Un secretario de Estado hasta sueña con una reedición del pacto que en 1993, en Olivos, sellaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín y que posibilitó la reforma de la Constitución de la Nación en 1994. El problema es que la desesperación de Menem por conseguir la reelección y la de Alfonsín por conseguir cosas a cambio convirtieron al pacto en sinónimo de transa y no de coincidencia republicana, por no escuchar a la sociedad. No sería grato que sucediera lo mismo.
