Ausencias en la reforma política

El Poder Ejecutivo Nacional remitirá al Congreso en los próximos días una propuesta de reforma política mediante diversos proyectos de ley, cuyos aspectos fundamentales implican la restricción de las listas sábana en los grandes distritos y su combinación con un sistema uninominal, para la elección de diputados nacionales, así como el control de gastos electorales. Largamente esperada desde la restauración democrática, la reforma del régimen representativo es una de las mayores deudas de la clase política con la ciudadanía, pues la perduración del viejo sistema generó una corrupción estructural que condujo a la República a su actual decadencia. Una reforma política destinada a transparentar y a hacer eficiente la representación de la ciudadanía debe considerar no sólo el régimen electoral, sino también la organización y funcionamiento de los partidos políticos, por ser estos cauces obligatorios para la selección de candidatos a cargos públicos. Sin embargo, según esos anuncios, los proyectos oficiales no contemplan hasta el momento el segundo aspecto, altamente significativo por tratarse de las organizaciones intermedias del sistema democrático. Mientras trascendían los proyectos del Gobierno, numerosas organizaciones no gubernamentales hicieron llegar al vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Daniel Scioli, una propuesta reformadora respaldada por más de medio millón de firmas, en las que se incluyen los dos aspectos de las enmiendas, remitiendo a la decisión del Congreso los detalles de las innovaciones.
La compleja propuesta gubernamental adopta con ligeras variantes el sistema electoral mixto alemán, considerado el más eficiente de Europa, pero su adaptación en nuestro país debe advertir las grandes diferencias en la distribución poblacional. Esa y otras cuestiones, como el mantenimiento del régimen proporcional, que asegura la presencia legislativa de las minorías, y el de proporción representativa de la mujer darán seguramente lugar a un prolongado tratamiento, aunque con tiempo suficiente para aplicar las reformas antes de los comicios legislativos del año próximo.
Sin embargo y como se ha señalado anteriormente, esa reforma sería parcial sin la correspondiente a los partidos políticos, cuyos regímenes selectivos de candidatos a cargos públicos están en la mayoría de los casos fuertemente sometidos a la decisión de las dirigencias. En ese sentido, la reforma de la ley orgánica que regula a las organizaciones partidarias debe contemplar cuestiones tan fundamentales como la renovación de sus dirigencias y la apertura a los ciudadanos independientes para la selección de candidatos a cargos públicos.
Si bien la gestión política demanda capacidad específica y experiencia, debe evitarse que los cargos partidarios se ejerzan de tal manera que impida sus renovaciones adecuadas, al igual que en las funciones públicas electivas. Otra decisión pendiente es la reafiliación depuradora de padrones cuya revisión de veracidad no ha tenido durante largo tiempo la debida atención, no ya de la autoridad partidaria, sino de la Justicia Electoral.
Mucho ha tenido que ver en la crisis política e institucional del país la inobservancia de esas reglas de competencia democrática, cuya ausencia dio lugar al descalificante fenómeno partidocrático que limita o condiciona el desempeño de los cargos públicos. A punto tal de pretender que las bancas legislativas representen a los partidos, antes que a los electores que delegan la defensa de sus intereses en quienes las ocupan.
No debe aceptarse que la reforma anunciada se abstenga de promover simultáneamente la de los partidos políticos, para lo cual han de estar atentas las ONG, a la vez que la ciudadanía debe asumir sus responsabilidades.