Entre bomberos...

21 Feb 2018 Por Indalecio Francisco Sanchez

La sociedad en cada estado es una bendición, pero el gobierno, incluso en el mejor de sus estados, es solo un mal necesario; en el peor de los estados, es un mal intolerable. (Thomas Paine, uno de los “padres fundadores” de EEUU)

Que ningún funcionario del Gobierno tucumano haya salido a condenar, a repudiar o a exigir explicaciones por el accionar del ahora ex subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, no es casualidad. El silencio en torno al caso posee una explicación propia del ABC de la política: entre bomberos no se pisan la manguera o, en otros términos, no podría el peronismo vernáculo exigir la renuncia del hombre del Presidente si aquí hay denunciados e investigados que persisten en sus cargos.

Díaz Gilligan fue eyectado de la administración nacional porque Cambiemos tenía pocas chances de mantener en el cargo, habiendo llegado a la Casa Rosada con la bandera de la lucha contra la corrupción, a un funcionario que mintió deliberadamente y ocultó una cuenta en el banco de Andorra. ¿Por qué el peronismo tucumano no capitaliza esta nueva mancha en el espacio macrista? Porque Juan Manzur mantuvo en el cargo al ex interventor del IPV, Gustavo Durán, cuando estaba siendo investigado por la Justicia y porque todo indica que mantendría sentado cerca suyo a Jorge Neme, el secretario de Relaciones Internacionales que es indagado por la Oficina Anticorrupción.

Ese organismo recibió denuncias sobre el manejo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) durante la gestión del funcionario en la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), entre 2002 y 2015. Se investiga si distribuyó miles de millones de pesos con favoritismo a determinadas empresas, entre otras acusaciones. El compañero de Manzur en Dubai ya había sido denunciado en julio de 2016 por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Según el mandatario, la UCAR que dependía de Agroindustria y era manejada por Neme, habría dilapidado unos $ 1.000 millones que la Nación (por pedido de Cristina Fernández) había destinado al salvataje del quebrado ingenio La Esperanza.

En sus manos tiene Manzur la renuncia que su secretario le presentó en pleno viaje al exterior.

Neme no es un funcionario más en el Gobierno provincial. Si bien su cargo puede parecer de bajo rango, el “Muerto” -como se lo llama en el ambiente político- es de los pocos integrantes del Gabinete con llegada directa al oído del gobernador. Es quien le susurra estrategias, quien organiza ataques políticos a adversarios, quien aceita contactos en Buenos Aires y quien acerca empresarios a Tucumán.

De hecho, apenas se confirmó el triunfo electoral de Manzur, Neme era mencionado como posible ministro, en las áreas de Producción o de Economía. Sin embargo, el peronista mantenía la esperanza de continuar en el cargo nacional, cosa que sucedió durante un par de meses hasta que finalmente se le pidió la renuncia. En aquel momento, Neme dirigió un e-mail al personal a su cargo explicándoles, entre otras cuestiones y en varios párrafos, en qué había concentrado su gestión y que había sido su intención continuar con la tarea que venía ejerciendo. Entre una cosa y otra, terminó ocupando el asiento de secretario.

Más allá del repaso sobre la historia reciente de este funcionario, en la Argentina la política parece transitar entre esos códigos de perniciosa camaradería y la sucesión de hechos de corrupción que salpican a peronistas y macristas. ¿Por qué habría de cambiar el sistema si a los políticos les conviene? En Tucumán, las preguntas sobre por qué el Estado no hace nada o no se “entera” de determinadas situaciones suenan a absurdas. Como por ejemplo, por qué continúan vendiendo drogas o estando presente la prostitución en el parque 9 de Julio, cuando se conoce quiénes manejan la zona y cómo lo hacen. O por qué nadie dice el nombre del concejal peronista que pidió que se nombrara a Rosa Alzogaray en el Concejo. O por qué se disimula que en realidad la mujer no es gestora trucha, sino que sería una vendedora de casas de manera irregular en presunta complicidad con funcionarios y ex funcionarios del IPV. Estos, entre muchos otros porqués.

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