La falta de docentes

En estos días, hemos venido proporcionando detallada información sobre los problemas derivados de la falta de cobertura de cargos docentes en escuelas dependientes de la Provincia. Como se sabe, la situación ha dado lugar a una curiosa polémica entre la Secretaría de Educación y la Junta de Clasificación, como también se han desarrollado movilizaciones de alumnos y padres de alumnos, en reclamo por una realidad que los afecta seriamente.
Los detalles de la cuestión se han consignando con abundancia en nuestras páginas. Pero, más allá de ellos, pensamos que es importante reflexionar sobre el fondo de lo que está ocurriendo. Parece obvio que el sistema educativo, para funcionar con normalidad, necesita llenar unos cuantos requisitos indispensables, y que dentro de ellos ocupa sitio prioritario la existencia del docente, que es quien imparte la educación. Según los gremios, hay un faltante de un 40 % de maestros en la Educación General Básica y de 50 % en el Polimodal o nivel secundario. El Estado no considera exactos estos guarismos, pero también es verdad que no los ha refutado con precisión.
Que el país se encuentra en crisis es por todos conocido. También lo es que, dentro de esa crisis, Tucumán representa una de las provincias que exhibe los aspectos más agudos y desoladores, en una serie de terrenos. Igualmente parece fuera de discusión el hecho de que la educación de la comunidad es uno de los caminos por los cuales puede empezarse a revertir el deprimente cuadro que nos preocupa. Hay una generación que pronto deberá tomar responsabilidades de conducción en la cosa pública, y a la cual resulta premioso formar. Al mismo tiempo, para nadie es un secreto que la falta de esa educación se traduce en la práctica, cada vez más generalizada y más aguda, de hábitos antisociales, de los cuales la delincuencia es su expresión más crítica, pero de ninguna manera la única.Así las cosas, parece urgente el requerimiento de que el Estado provincial se aboque resueltamente a solucionar la temática a la que nos referimos. Los establecimientos educativos -y muy especialmente los tan desamparados del interior- tienen que contar con las condiciones razonables para que en su ámbito pueda desarrollarse el aprendizaje, tema en el cual incluimos por cierto a los comedores, tan necesarios en nuestra actualidad. Pero, sobre todo, debe estar absolutamente normalizada la dotación del personal que dicte las clases.
Los problemas que actualmente se agitan en ese punto, están demostrando que, por la razón que fuere, dicha dotación no se ha completado. Las polémicas acerca de las razones por las cuales ello ocurre serán muy dignas de consideración; pero lo que importa, en última instancia, es que esos maestros sean nombrados sin pérdida de tiempo. Las clases han comenzado en marzo y no puede admitirse que sigan pasando las semanas y los meses sin que ese asunto se haya resuelto.
Está de más decir que, en todo el proceso, los afectados son los alumnos, ya que están, hasta el momento, al margen de ese sistema educativo cuya vigencia tiene rango constitucional. Pensamos que el Estado tucumano tiene la grave obligación de operar un inmediato cambio en semejante estado de cosas, cuya vasta trascendencia social resultaría ocioso ponderar.
Nuestra juventud ha de ser educada con normalidad, y todo esfuerzo que se haga en esa dirección estará plenamente justificado. Junto con la salud pública, la educación constituye una indiscutible prioridad para toda administración estatal. Los problemas existentes en torno de la cobertura de cargos docentes, deben ser solucionados sin pérdida de tiempo, de manera que se ponga término a la inaceptable realidad actual.