La eterna crisis del transporte

Persona que por concesión o por contrato ejecuta una obra o explota un servicio público, dice una de las definiciones de la palabra empresario. Ser un empresario significa también asumir riesgos personales que en muchos casos comprometen el patrimonio propio. Cuando el riesgo que se asume involucra bienes de terceros y no los propios, se trata verdaderamente de accionistas, inversionistas o quizás ejecutivos, pero no de un empresario. Ambos constituyen eslabones importantes en la creación de nuevas empresas y, por consiguiente, de fuentes laborales. Unos lo hacen a costa de manejar sueños y nuevas ideas, dispuestos a transformar lo que no existe en un producto o servicio que satisfaga a miles de personas. Otros lo hacen colocando en juego su prestigio profesional.
Históricamente, una buena parte de los empresarios e industriales argentinos y tucumanos jugaron su rol a expensas del Estado. Mientras las empresas eran florecientes, muchas de ellas en lugar de reinvertir parte de sus ganancias en su negocio, no lo hacían y tampoco cumplían con sus obligaciones tributarias. En tiempos de vacas flacas, la estrategia siempre fue amenazar con el cierre, con la consecuente desocupación de los trabajadores. Para evitar el drama social, el Estado salía en su auxilio, subsidiándolas o se hacía cargo de las empresas quebradas.
La crisis del transporte público de pasajeros está alcanzando la mayoría de edad en nuestra provincia y no se vislumbra una solución que no perjudique -como siempre- a los usuarios. El director municipal de Transporte dijo que en los próximos meses, la mitad de los 350 colectivos urbanos podría quedar fuera de circulación porque no se encuentran en condiciones técnicas para prestar el servicio. El vicepresidente del Concejo Deliberante denunció, por su parte, que hay ómnibus sin seguro, en mal estado, modelos vencidos, coches que no figuran en las planillas, colectivos que se pasan de una empresa a otra.
Los empresarios del transporte atribuyen la crisis al auge del transporte ilegal y a la debacle que se produjo con la caída de la convertibilidad que provocó la suba de todos los insumos, pero no explican por qué no hicieron las inversiones correspondientes durante la época dorada de la convertibilidad.Entre 1991 y 2002 el valor del cospel aumentó de $ 0,30 a $ 0,80, es decir un 160% en un período de casi once años en que los salarios permanecieron congelados -aún lo están-, siempre con promesas de mejoras en el servicio. Por la crisis del combustible, la Nación subsidió el gasoil en un 70% a las empresas de ómnibus tucumanas, de acuerdo con un recorrido de 2,5 millones de kilómetros, según la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
Aetat ha solicitado al Gobierno provincial un subsidio de $ 2,5 millones. Como no prosperó el pedido, propusieron un nuevo aumento del cospel que, según sus cálculos, rondaría en $ 1,70. Ante las amenazas de la reducción del servicio y nuevas medidas de fuerza, el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar a la Legislatura un proyecto de ley para otorgarles a las líneas de ómnibus reducciones de impuestos y de tasas.
Por negligencia, incapacidad o por intereses creados, el Gobierno anterior no pudo resolver esta problemática. El actual está demostrando que no sabe muy bien cómo escapar de la estrategia histórica de los empresarios. Todo subsidio que se otorgue sale siempre del dinero de los contribuyentes y cada aumento de cospel implica un deterioro mayor para los ya exhaustos bolsillos de los tucumanos. Ya es hora de que el Gobierno asuma su rol de contralor, que combata en serio la ilegalidad y que los empresarios del transporte se hagan cargo de su destino y dejen de pedirle ayuda al Estado cuando les va mal en los negocios.