16 Mayo 2004 Seguir en 
El mes crítico iba a ser marzo, según los pronósticos más generalizados de oficialistas y de opositores. La administración alperovichista trabajó incansablemente durante el verano para aventar los rumores de disconformidad, acumuló recursos políticos y aniquiló con un decretazo el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), tras doce años de existencia. El gobernador le quebró el brazo al díscolo gremio de Atep y las clases empezaron en la fecha indicada por el calendario oficial. Aun los segmentos más radicalizados del movimiento piquetero aceptaron la coexistencia pacífica con el poder emergente. José Alperovich estaba plantado en el centro del ring y no cedía la iniciativa en todos los terrenos.
La euforia y el monopolio de la propuesta no alcanzaban para disimular algunos errores políticos. Sin embargo, Alperovich zafaba y pateaba la pelota para adelante, en su afán de avanzar en el terreno.
Néstor Kirchner castigaba despiadadamente al menemismo y zamarreaba por igual, con inusitada energía, a los empresarios, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los acreedores de la deuda. El presidente que asumió el 25 de mayo del año pasado estaba en su mejor momento. Según las encuestas de opinión, el idilio con la mayoría de los ciudadanos parecía sólido, sin que asomaran perturbaciones.
La estación otoñal, que presagiaba una alta rentabilidad política para los dos jefes de Estado, pasó a ser incubadora de borrascas de distinta intensidad. Promediando mayo, las dificultades los acosan sin dar tregua.
En la política y en la economía se originan los problemas de estos días. Pero nada estalla por qué sí.
Con el paso cambiado
En las últimas semanas se complicó el escenario. Si las crisis de la inseguridad -con Juan Carlos Blumberg como portavoz inesperado- y de la energía descubrieron asignaturas pendientes para la Casa Rosada, la protesta del viernes pasado demostró que el Gobierno provincial carece de ascendiente ante el mundo gremial.
En verdad, un sinfín de factores confluye en la gestación de la rebeldía sindical. La decisión de la administración kirchnerista de llevar a $ 350 el salario básico de los empleados nacionales desacomodó política y financieramente al gobierno de Alperovich. El artilugio de otorgar $ 50 pesos no remunerativos dio un alivio temporario al oficialismo. Los que aceptaron la oferta no tardaron en volverse hostiles. Atep, Sanidad y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) movilizaron generosamente la plaza Independencia, en busca del sueldo básico de $ 350.
El deterioro de la capacidad adquisitiva de las remuneraciones de los empleados públicos -por el reajuste de precios de los alimentos y la suba de los combustibles- crean condiciones objetivas para que cunda el descontento.
No obstante, también existen factores políticos que gravitan en el recalentamiento del clima social. El combate por el liderazgo del peronismo es el más prominente de todos ellos.Las direcciones gremiales que chocan con la Casa de Gobierno se sentían próximas al mirandismo. Y las que estaban afuera del peronismo, como la de Atep - en manos de César Américo Zelarayán-, mantenía excelentes relaciones con el gobernador que antecedió a Alperovich. "La carpa contenía a todos", admitió un ex funcionario de Miranda. En la primera de las grandes marchas sindicales en contra de la gestión actual, Sergio Arroyo -ex secretario privado del gobernador Miranda- jugó un papel protagónico.
Amigos y enemigos
En esta nueva etapa, Zelarayán debe ganar las elecciones internas de Atep y no puede exhibir una conducta flexible. Los sindicalistas de filiación peronista, por su lado, quieren acotar sustantivamente la autonomía de vuelo de Alperovich. Es una oposición de naturaleza política.
Desde el movimiento piquetero, Vicente Ruiz -cabecilla de la Corriente Clasista y Combativa- castigó al gobernador por diversas decisiones políticas, pero la estrategia general está determinada por el endurecimiento en contra del kirchnerismo. Es una oposición de tinte ideológico, que en el pasado reciente no invalidaba contactos fluidos con Miranda.
La coincidencia en la acción contestataria los une a todos, por el momento. Se quejan porque el alperovichismo despliega una política de agresión, que lleva incluso a obstruir la pegatina de afiches.
El peso de la crisis recae sobre el Ministerio de Economía, pese a que no puede imputársele el fracaso del manejo de las relaciones con los sindicatos de filiación peronista. El ministro Jorge Jiménez se aferra a la racionalidad política de no conceder lo que puede terminar desbarrancando el frágil equilibrio fiscal. Argumenta -no sin razón- que una promesa asentada sólo en la voluntad política es la antesala al desorden social permanente.
Sabe también que el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO) responsabiliza a las provincias por el manejo de sus cuentas salariales. Si Kirchner no afloja la bolsa, la única receta que muestra el Gobierno es la extensión de los $ 50 por un período mayor que el que se había previsto. De ese modo, evita que se transforme en un gasto estructural, que hipoteque presupuestos futuros. Pero la palabra final la tiene Alperovich. La insuficiente oferta de gas a las industrias que dan trabajo a miles de personas puede generar un conflicto más al gobernador.
Las limitaciones
El proyecto del gobernador tropieza con otros obstáculos. La andadura de la reforma constitucional está trabada por las divergencias del peronismo legislativo. A Fernando Juri no le agradaría la idea de modificar la Ley 7.194 para recortar el desguace de la Constitución del 90 (se respetaría la estabilidad de los jueces). La sombra del pago de sobornos la torna socialmente inaceptable. Entonces, habría que derogarla y sancionar otra, que le dé alcance parcial a la reforma de la Carta del 90. Eso frustraría el llamado inmediato a elecciones de convencionales constituyentes, porque los plazos de publicidad de los institutos a cambiar son extensos (dos meses).
Con todo, Juri se cuidó de no confrontar abiertamente con Alperovich, aunque no ocultó sus disensos con este en algunos asuntos. Precisamente, el tercero en discordia -Miranda- ensayará hoy un reagrupamiento de sus efectivos. El ex gobernador y el legislador José Cúneo Vergés invitaron a cerca de 100 peronistas a un asado en una finca de Timbó Viejo. Un operador de Alperovich les trasmitió un mensaje con tono pacificador. La Casa de Gobierno parece que quiere apaciguar los espíritus. Dentro del mirandismo crecen las críticas a las políticas fiscalistas y de castigo a los reclamos gremiales. "Les dimos el Gobierno y nos excluyen", razonó uno de sus jerarcas.
La euforia y el monopolio de la propuesta no alcanzaban para disimular algunos errores políticos. Sin embargo, Alperovich zafaba y pateaba la pelota para adelante, en su afán de avanzar en el terreno.
Néstor Kirchner castigaba despiadadamente al menemismo y zamarreaba por igual, con inusitada energía, a los empresarios, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los acreedores de la deuda. El presidente que asumió el 25 de mayo del año pasado estaba en su mejor momento. Según las encuestas de opinión, el idilio con la mayoría de los ciudadanos parecía sólido, sin que asomaran perturbaciones.
La estación otoñal, que presagiaba una alta rentabilidad política para los dos jefes de Estado, pasó a ser incubadora de borrascas de distinta intensidad. Promediando mayo, las dificultades los acosan sin dar tregua.
En la política y en la economía se originan los problemas de estos días. Pero nada estalla por qué sí.
Con el paso cambiado
En las últimas semanas se complicó el escenario. Si las crisis de la inseguridad -con Juan Carlos Blumberg como portavoz inesperado- y de la energía descubrieron asignaturas pendientes para la Casa Rosada, la protesta del viernes pasado demostró que el Gobierno provincial carece de ascendiente ante el mundo gremial.
En verdad, un sinfín de factores confluye en la gestación de la rebeldía sindical. La decisión de la administración kirchnerista de llevar a $ 350 el salario básico de los empleados nacionales desacomodó política y financieramente al gobierno de Alperovich. El artilugio de otorgar $ 50 pesos no remunerativos dio un alivio temporario al oficialismo. Los que aceptaron la oferta no tardaron en volverse hostiles. Atep, Sanidad y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) movilizaron generosamente la plaza Independencia, en busca del sueldo básico de $ 350.
El deterioro de la capacidad adquisitiva de las remuneraciones de los empleados públicos -por el reajuste de precios de los alimentos y la suba de los combustibles- crean condiciones objetivas para que cunda el descontento.
No obstante, también existen factores políticos que gravitan en el recalentamiento del clima social. El combate por el liderazgo del peronismo es el más prominente de todos ellos.Las direcciones gremiales que chocan con la Casa de Gobierno se sentían próximas al mirandismo. Y las que estaban afuera del peronismo, como la de Atep - en manos de César Américo Zelarayán-, mantenía excelentes relaciones con el gobernador que antecedió a Alperovich. "La carpa contenía a todos", admitió un ex funcionario de Miranda. En la primera de las grandes marchas sindicales en contra de la gestión actual, Sergio Arroyo -ex secretario privado del gobernador Miranda- jugó un papel protagónico.
Amigos y enemigos
En esta nueva etapa, Zelarayán debe ganar las elecciones internas de Atep y no puede exhibir una conducta flexible. Los sindicalistas de filiación peronista, por su lado, quieren acotar sustantivamente la autonomía de vuelo de Alperovich. Es una oposición de naturaleza política.
Desde el movimiento piquetero, Vicente Ruiz -cabecilla de la Corriente Clasista y Combativa- castigó al gobernador por diversas decisiones políticas, pero la estrategia general está determinada por el endurecimiento en contra del kirchnerismo. Es una oposición de tinte ideológico, que en el pasado reciente no invalidaba contactos fluidos con Miranda.
La coincidencia en la acción contestataria los une a todos, por el momento. Se quejan porque el alperovichismo despliega una política de agresión, que lleva incluso a obstruir la pegatina de afiches.
El peso de la crisis recae sobre el Ministerio de Economía, pese a que no puede imputársele el fracaso del manejo de las relaciones con los sindicatos de filiación peronista. El ministro Jorge Jiménez se aferra a la racionalidad política de no conceder lo que puede terminar desbarrancando el frágil equilibrio fiscal. Argumenta -no sin razón- que una promesa asentada sólo en la voluntad política es la antesala al desorden social permanente.
Sabe también que el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO) responsabiliza a las provincias por el manejo de sus cuentas salariales. Si Kirchner no afloja la bolsa, la única receta que muestra el Gobierno es la extensión de los $ 50 por un período mayor que el que se había previsto. De ese modo, evita que se transforme en un gasto estructural, que hipoteque presupuestos futuros. Pero la palabra final la tiene Alperovich. La insuficiente oferta de gas a las industrias que dan trabajo a miles de personas puede generar un conflicto más al gobernador.
Las limitaciones
El proyecto del gobernador tropieza con otros obstáculos. La andadura de la reforma constitucional está trabada por las divergencias del peronismo legislativo. A Fernando Juri no le agradaría la idea de modificar la Ley 7.194 para recortar el desguace de la Constitución del 90 (se respetaría la estabilidad de los jueces). La sombra del pago de sobornos la torna socialmente inaceptable. Entonces, habría que derogarla y sancionar otra, que le dé alcance parcial a la reforma de la Carta del 90. Eso frustraría el llamado inmediato a elecciones de convencionales constituyentes, porque los plazos de publicidad de los institutos a cambiar son extensos (dos meses).
Con todo, Juri se cuidó de no confrontar abiertamente con Alperovich, aunque no ocultó sus disensos con este en algunos asuntos. Precisamente, el tercero en discordia -Miranda- ensayará hoy un reagrupamiento de sus efectivos. El ex gobernador y el legislador José Cúneo Vergés invitaron a cerca de 100 peronistas a un asado en una finca de Timbó Viejo. Un operador de Alperovich les trasmitió un mensaje con tono pacificador. La Casa de Gobierno parece que quiere apaciguar los espíritus. Dentro del mirandismo crecen las críticas a las políticas fiscalistas y de castigo a los reclamos gremiales. "Les dimos el Gobierno y nos excluyen", razonó uno de sus jerarcas.
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