La seguridad jurídica

La reanudación por organizaciones piqueteras de los cortes masivos de tránsito público ha replanteado un severo conflicto cuyos términos implican necesariamente el alto riesgo de condicionar la seguridad jurídica de la sociedad en su conjunto, a las necesidades políticas circunstanciales de las autoridades de aplicación de la ley. Los hechos que provocan esa incertidumbre son los que, apenas una semana antes, la Cámara Nacional de Casación Penal calificó en un fallo como delito, por más que acontezcan durante un conflicto o en reivindicación de legítimos derechos constitucionales. En la reciente oportunidad se materializó una agresión violenta contra la empresa petrolera Repsol YPF, cuya gravedad reconoció el ministro del Interior al justificar la falta de contención policial, "para no generar una gresca cien veces mayor". A partir de esa definición ministerial, otras expresiones oficiales reiteraron el conocido argumento sobre la conveniencia de no criminalizar la protesta, del que el mismo fallo judicial sostuvo su carencia de sustento en el cuerpo jurídico institucional que regula el funcionamiento de los órganos de gobierno.
Por lo demás, no puede dejar de señalarse que esos hechos y argumentaciones oficiales se produjeron mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo se hallan empeñados en reestructurar los sistemas de seguridad, cuya crisis ha colocado en alto riesgo los intereses de la sociedad.
La tesis oficial que concede automáticamente una dispensa a esa clase de hechos que la Cámara de Casación ha definido con precisión, implica por lo menos una suerte de bill de indemnidad, al tomar conciencia quienes los practican de que la violencia de sus actos no será impedida por la autoridad de aplicación. Así, al menos, ocurrió en la empresa agredida, con riesgo para muchos de sus operarios, con el aval posterior de la pasividad policial. La reanudación de los cortes de tránsito con la intensidad demostrada desautoriza también las previsiones oficiales acerca de que el rechazo de la sociedad daría lugar finalmente a su extinción. Por el contrario, los mismos promotores de los recientes cortes en rutas y calles anuncian para los próximos días nuevas acciones, aunque por 48 horas. Cabe advertir igualmente que las argumentaciones y los eslóganes de no pocos dirigentes de esos grupos, que actúan en sus operaciones mediante costosos medios de comunicación, no sólo invocan legítimas demandas sociales, sino exigencias de orden político bajo amenazas de hacerlas cumplir por la fuerza de nuevas agresiones. "Los delitos están en las leyes y no son propios de diversas ideologías y clases sociales", expresa aquel fallo de cámara que establece jurisprudencia para los tribunales inferiores. Si bien se agrega que hay quienes "alientan o impulsan esos lamentables desbordes que exceden el legítimo ejercicio de los derechos conferidos por la Constitución nacional".
Debe suponerse que no es este último el propósito de la consigna oficial que impide la acción inmediata de seguridad ante hechos tan flagrantes de violencia delictual, sino el temor a "una gresca cien veces mayor", lo cual deja en evidencia ciertas debilidades políticas al momento de cumplir con responsabilidades de gobierno. El poder no se tiene, se sostiene, reza un viejo aforismo político que la seguridad jurídica hace suyo como condición de la sociedad libre y democrática puesta en riesgo. No se trata, por cierto, de vetar manifestaciones a veces tan desmedidas como las causas que las provocan, sino de enfrentar el delito como el sistema legal determina para evitar la pérdida del concepto de convivencia civilizada.
En ese sentido las responsabilidades de la autoridad de aplicación de las leyes les impiden discriminar en el tratamiento de un delito tan objetivo como reconocido por el propio ministro del Interior.