Cuesta $ 7.832 diarios la custodia de las urnas

Hasta diciembre de 2017, la Junta gastó un total de $ 6,2 millones Debido a las denuncias por presunto fraude en los comicios provinciales de agosto de 2015, la JEP no puede incinerar las boletas

03 Ene 2018
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MILES DE CAJAS. Los votos que depositaron los ciudadanos tucumanos en los comicios de 2015 siguen bajo custodia. la gaceta / FOTO DE DIEGO ARAOZ (archivo)

Hoy, el calendario está más cerca de las próximas elecciones provinciales que de los convulsionados comicios de 2015. Sin embargo, las repercusiones de aquella contienda todavía tienen impacto en las instituciones locales.

Debido al curso de distintos expedientes judiciales, la Junta Electoral Provincial (JEP) debe mantener en resguardo las urnas en las que se depositaron los votos de los candidatos a gobernador y vicegobernador, intendente, legislador, concejal y comisionado rural.

La custodia de las más de 3.000 cajas -en las que hay cerca de un millón de boletas- implica un doble desembolso por parte de la JEP.

Según un informe al que accedió LA GACETA, entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017, el organismo electoral le abonó a Gendarmería Nacional un total de $ 3,56 millones por el servicio de vigilancia. Además, la Junta Electoral pagó $ 2,65 millones a la firma “Sentosa SRL” por el alquiler de la sede de calle Mendoza 1.050.

Así, el costo global por ambos conceptos asciende a $ 6,2 millones. Si se tiene en cuenta que estas obligaciones corrieron a partir del 15 de octubre de 2015 (transcurrieron 794 días hasta el cierre del informe, fechado el 17 de diciembre de 2017), el gasto promedio por la custodia de las urnas llega a $ 7.832 diarios.

De cara a 2018, la Junta tiene un presupuesto de $ 49,6 millones. El órgano electoral, que por disposición constitucional integran el presidente de la Corte de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, destina más del 90% de los fondos previstos a su personal. De todas formas, la JEP también cuenta con otros recursos, como los excedentes financieros de períodos anteriores.

La discusión judicial

Las causas judiciales por presuntas irregularidades en las elecciones provinciales de 2015 arrojaron ya algunas certezas.

Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) convalidó en julio del año pasado la victoria de la fórmula Juan Manzur-Osvaldo Jaldo, del Partido Justicialista (PJ), al desestimar un recurso de queja de los denunciantes, el radical José Cano y el peronista Domingo Amaya (Cambiemos). A pesar de que una sentencia en el fuero administrativo había decretado en primera instancia la nulidad de los comicios, la versión de los opositores encontró el rechazo en la Corte de Tucumán y en el máximo tribunal nacional.

Existen sin embargo otros planteos pendientes de resolución respecto de los comicios de 2015, y que no apuntan a lo administrativo, sino a lo penal. Es el caso de una presentación judicial de Cano en contra de Gendarmería y del Correo por presuntas irregularidades en la custodia de urnas y en la carga de datos provisorios. En este caso, el radical concurrió a la Justicia Federal, pero el juez federal Fernando Poviña desestimó los hechos señalados por el hoy diputado nacional. Cano apelará. Además, otro expediente que impide la quema de urnas es el efectuado por el dirigente de El Naranjo, Luis Zelaya, a través de su abogado, Alberto Pombo.

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