El costo del Estado improvisador

A partir de junio 90.000 beneficiarios del plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados recibirán una tarjeta bancaria que les permitirá retirar de cajeros automáticos sus asignaciones, como asimismo comprar bienes en negocios habilitados, con reintegro del IVA del 15%. Se trata del primer paso para atender un programa social con 1,8 millón de destinatarios que, por su complejidad, requiere un prolongado trámite de aplicación. La decisión, tras un extenso y controvertido análisis, ha recibido amplio apoyo de sectores muy diversos, salvo de aquellos a los que el Presidente ha señalado como intermediarios sociales y políticos que obligan a los beneficiarios a entregarles en cada ocasión parte de sus modestas asignaciones. "Este es un punto de inflexión -agregó el doctor Néstor Kirchner- en cuanto a las políticas de transparencia que deben tener los planes sociales". La observación presidencial se corresponde cabalmente con el hecho de que, a partir de la implantación del más significativo plan de emergencia social, se generó un nuevo espacio de corrupción, no sólo por las acciones de muchos intermediarios de los beneficios, sino por los miles de asignaciones irregulares y de clientelismo político, comprobadas por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises).
La recurrencia a intermediarios improvisados por parte del Gobierno y de autoridades provinciales y municipales cuando comenzaron a crearse ese y otros planes sociales, se debió a la incapacidad del Estado para ejecutarlos por sí mismo. Vieja falencia oficial que, si bien en este caso halla alguna explicación en lo inédito de las situaciones atendidas, es ya tradición muy extendida en nuestro sistema administrativo, desde el colapso de los servicios públicos a su cargo, hasta la incapacidad de los entes reguladores para controlar debidamente las concesiones al sector privado de la mayoría de ellos. El caso del plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados es muy testimonial de esa realidad, pues sus urgidos planeamiento y ejecución tuvieron mucho que ver con la ausencia de un adecuado sistema de seguro de desempleo, semejante básicamente a los existentes en países de alto y mediano desarrollo, incluidos nuestros vecinos Chile, Brasil y Uruguay. En la Argentina ese régimen de seguro existe, por cierto, pero tan sólo son beneficiarios de él poco más de 100.000 desocupados, de los 2,2 millones que actualmente se registran. Hasta hace poco, los mayores opositores a ese régimen de protección social fueron los sindicatos agrupados en la CGT, sosteniendo que el seguro promovería el desempleo, razón por la cual el sistema no prosperó lo necesario.
El ejemplo del seguro de desempleo muestra por lo demás el alto grado de improvisación con que gobiernos sucesivos invocaron políticas laborales como supuestas conquistas, cuyas fragilidades quedaron de manifiesto con la crisis del sistema socioeconómico que ha puesto en emergencia a nuestra sociedad. Es así que los planes de pobreza a que las autoridades deben recurrir en un país donde la riqueza potencial per cápita supera largamente a la sus vecinos, contrastan con el millón de trabajadores chilenos protegidos por seguros de desempleo, los 3,8 millones de Brasil y los 250.000 de Uruguay.
Estas referencias son testimoniales de políticas largoplacistas, ausentes entre nosotros, en ese como en otros sectores, donde el Estado quedó sometido al cortoplacismo de gobiernos que se imputaron sucesivamente responsabilidades por el pasado, sin advertir que la continuidad de los compromisos y las decisiones fundamentales constituyen previsiones imprescindibles para asegurar el futuro de la Nación.