14 Mayo 2004 Seguir en 
El anuncio de una mejora salarial, no remunerativa, fue como un parche con el que el Gobierno intentó tapar la protesta de los empleados públicos. A pocos días de iniciarse el pago de la primera cuota de $ 50 de la ayuda social, los gremios endurecieron su postura y hoy convergerán en plaza Independencia.
Las quejas estatales no son sólo patrimonio tucumano. En todas las provincias del país, los sindicalistas afianzan su estrategia para que cada uno de los gobernadores elaboren propuestas de recomposición salarial del básico, tal como lo prometió el Gobierno nacional. El principal disparador de estos reclamos es el pronóstico que efectúa el Palacio de Hacienda de la Nación. El secretario del área, Carlos Mosse, expuso que este mes habrá un salto significativo en la recaudación del Impuesto a las Ganancias.
Ese salto significativo repercute en la coparticipación que recibe cada uno de los distritos del país. Con sus oscilaciones diarias, los ingresos federales van camino a romper otro récord (registrado en mayo del año pasado) y promete voltear todas las proyecciones oficiales. Mosse tuvo que explicarles a los diputados nacionales el destino que les dará el Gobierno nacional a los excedentes de la recaudación. La respuesta del secretario de Hacienda de la Nación ante esas requisitorias es prácticamente la misma que proporcionan los funcionarios tucumanos: la mayor parte de los recursos será destinada al pago de la deuda en default.
Los excedentes están en la mira del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de algunos gobernadores con peso político. El organismo externo estaría dispuesto a postergar la meta prevista con la administración del presidente Néstor Kirchner de iniciar 2005 con una nueva ley de coparticipación federal.
Los mandatarios advierten que si se flexibiliza el cumplimiento de esa pauta, Kirchner perdería un argumento de peso en las negociaciones Nación-provincias. Una muestra de ello fue que el bonaerense Felipe Solá golpeó las puertas de la Casa Rosada para pedirle a Kirchner parte del dinero que le corresponde a su provincia del excedente para atender el reclamo salarial estatal.
Este camino no lo quiere recorrer, por ahora, José Alperovich, quien se plantará en el discurso de que no se puede otorgar otro aumento para no poner en riesgo la gobernabilidad. Sabe, además, que el Presidente deslizó la idea de que no girará más dinero a las provincias que el acordado legalmente, es decir, mediante la coparticipación.
Charlas de gabinete
En el actual escenario tucumano, Alperovich se conforma con tratar de disolver las protestas callejeras, vía Secretaría de Trabajo. Las conciliaciones obligatorias planteadas por el Estado se argumentan en que tanto la educación como la salud son servicios esenciales para la sociedad que no se pueden desatender. Sin embargo, esa definición choca con los reclamos de los estatales que no se limitan sólo al planteo salarial, sino también a la necesidad de que el Estado ponga a disposición todas las herramientas para la normal atención de ambos servicios.
A Alperovich le quedan más de tres años de gestión por delante. Después de mucho tiempo, temas como la reforma constitucional pasaron a un segundo plano, por la postal que el mismo gobernador observó, en las últimas dos jornadas, tanto en la plaza Independencia como en las rutas de la provincia. En el gabinete provincial no hay espacio para debatir si el Poder Ejecutivo hizo bien o no en otorgar la ayuda social. Eso fue analizado ayer tras la marcha blanca de la sanidad.
Con la mejora prevista en los ingresos, el Gobierno tendrá que explicitar cuál será el destino que tendrán los excedentes. La dualidad está en si los utilizará para mejorar los servicios o si sólo servirán para cubrir o sostener algunos gastos improductivos.
Las quejas estatales no son sólo patrimonio tucumano. En todas las provincias del país, los sindicalistas afianzan su estrategia para que cada uno de los gobernadores elaboren propuestas de recomposición salarial del básico, tal como lo prometió el Gobierno nacional. El principal disparador de estos reclamos es el pronóstico que efectúa el Palacio de Hacienda de la Nación. El secretario del área, Carlos Mosse, expuso que este mes habrá un salto significativo en la recaudación del Impuesto a las Ganancias.
Ese salto significativo repercute en la coparticipación que recibe cada uno de los distritos del país. Con sus oscilaciones diarias, los ingresos federales van camino a romper otro récord (registrado en mayo del año pasado) y promete voltear todas las proyecciones oficiales. Mosse tuvo que explicarles a los diputados nacionales el destino que les dará el Gobierno nacional a los excedentes de la recaudación. La respuesta del secretario de Hacienda de la Nación ante esas requisitorias es prácticamente la misma que proporcionan los funcionarios tucumanos: la mayor parte de los recursos será destinada al pago de la deuda en default.
Los excedentes están en la mira del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de algunos gobernadores con peso político. El organismo externo estaría dispuesto a postergar la meta prevista con la administración del presidente Néstor Kirchner de iniciar 2005 con una nueva ley de coparticipación federal.
Los mandatarios advierten que si se flexibiliza el cumplimiento de esa pauta, Kirchner perdería un argumento de peso en las negociaciones Nación-provincias. Una muestra de ello fue que el bonaerense Felipe Solá golpeó las puertas de la Casa Rosada para pedirle a Kirchner parte del dinero que le corresponde a su provincia del excedente para atender el reclamo salarial estatal.
Este camino no lo quiere recorrer, por ahora, José Alperovich, quien se plantará en el discurso de que no se puede otorgar otro aumento para no poner en riesgo la gobernabilidad. Sabe, además, que el Presidente deslizó la idea de que no girará más dinero a las provincias que el acordado legalmente, es decir, mediante la coparticipación.
Charlas de gabinete
En el actual escenario tucumano, Alperovich se conforma con tratar de disolver las protestas callejeras, vía Secretaría de Trabajo. Las conciliaciones obligatorias planteadas por el Estado se argumentan en que tanto la educación como la salud son servicios esenciales para la sociedad que no se pueden desatender. Sin embargo, esa definición choca con los reclamos de los estatales que no se limitan sólo al planteo salarial, sino también a la necesidad de que el Estado ponga a disposición todas las herramientas para la normal atención de ambos servicios.
A Alperovich le quedan más de tres años de gestión por delante. Después de mucho tiempo, temas como la reforma constitucional pasaron a un segundo plano, por la postal que el mismo gobernador observó, en las últimas dos jornadas, tanto en la plaza Independencia como en las rutas de la provincia. En el gabinete provincial no hay espacio para debatir si el Poder Ejecutivo hizo bien o no en otorgar la ayuda social. Eso fue analizado ayer tras la marcha blanca de la sanidad.
Con la mejora prevista en los ingresos, el Gobierno tendrá que explicitar cuál será el destino que tendrán los excedentes. La dualidad está en si los utilizará para mejorar los servicios o si sólo servirán para cubrir o sostener algunos gastos improductivos.
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