Hacia un financiamiento sustentable del sistema de jubilaciones

Las modificaciones al índice de Movilidad Jubilatoria, que fuera objeto de duras críticas y de un fuerte debate durante los últimos días, son sólo una parte de un largo camino que se debe recorrer para lograr un financiamiento sustentable de nuestro sistema previsional.

El 19 de diciembre pasado, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de Ley por el cual se modifica el índice de Movilidad Jubilatoria establecido en el artículo 32 de la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y establece en los 70 años la edad para que un empleador tenga facultades para intimar sus empleados a jubilarse.

Si bien el proyecto fue conocido como “Reforma Previsional” es importante señalar que lejos está de serlo. Esta ley ha sido dictada en un contexto donde a su vez se están discutiendo otras leyes, entre ellas, la Reforma del Sistema Tributario y por tal motivo debería ser entendida como un eslabón en la cadena de grandes cambios que se vienen.

La nueva ley cambia la fórmula de cálculo para ciertas prestaciones jubilatorias establecidas por la ley 24.241, estableciendo a su vez una metodología de cálculo trimestral.

El punto negativo y que generó más conflicto fue el período de transición y la comparación entre los montos de haberes que surgirían por aplicación del sistema actual versus el nuevo que propone la ley.

Esta situación, de alguna manera, motivó el dictado del decreto 1058 (publicado en el Boletín Oficial del 20/12/2017) por el cual se dispuso el pago de un subsidio extraordinario integrativo por única vez a ser abonado con las prestaciones correspondientes al mes de marzo del año 2018 y cuyo monto variará según el tipo de prestación.

Lo positivo es que, en lo sucesivo, la nueva fórmula de ajuste contemplará en un 70% la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC elaborado por el Indec) y en un 30% al coeficiente de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En otras palabras, las jubilaciones se actualizarán en base a la inflación y al aumento de los salarios del personal en actividad (tanto público como privado).

El hecho de contar con estos indicadores y con una mecánica de un ajuste trimestral contribuirá a que las prestaciones queden más protegidas ante la pérdida de poder adquisitivo que provoca la inflación.

No obstante sigue pendiente el debate por una verdadera reforma de nuestro sistema previsional, que aborde el tema con la profundidad que se merece.

Nuestro sistema previsional no es sustentable y uno de los principales factores a enfrentar es la tasa de dependencia, esto es la relación entre el número de aportantes y el número de beneficiarios.

El número de aportantes en nuestro país es bajísimo: 1,5 empleados contribuye por cada beneficiario existente en el sistema, cuando el promedio de la región está por encima de 2.

Atendiendo este factor, es imprescindible que las futuras reformas en el marco laboral propicien una fuerte regularización de las relaciones laborales tanto en la incorporación de personas que carecen de empleo como así también el caso de haberes no registrados.

Las contribuciones

La reforma del sistema tributario, que ha pasado a debate en el Senado, pone un incentivo al disminuir el costo de las contribuciones patronales, creando un mínimo no imponible por cada trabajador.

Si bien el monto ha sido establecido en $ 12.000 por empleado y su aplicación será gradual, es una medida que progresivamente contribuirá al aumento de registro de los empleados.

Más allá de ello, el financiamiento del sistema previsional es un tema complejo. Las fuentes de financiamiento deberían basarse principalmente en el ingreso de los recursos provenientes de los aportes y contribuciones a la seguridad social, y sólo en menor medida en el resto de los impuestos, o creando sistemas integrados. Hoy, los impuestos que todos pagamos, financian en gran parte nuestro sistema previsional.

Los cambios que estamos viviendo son duros, pero son un inicio del camino. Sabemos que aún tendremos que convivir con el impuesto sobre débitos y créditos (cuyo producido seguirá financiando al sistema previsional, como mal necesario). Todos estamos de acuerdo en que este impuesto debería ser derogado pero antes tenemos que lograr los recursos necesarios para que permitan dar cumplimiento al pago de las prestaciones previsionales.

Argentina tiene por delante un importante desafío: lograr un sistema que cumpla con los estándares de adecuación, integridad y sustentabilidad que debe tener todo sistema previsional para ser efectivo en el tiempo.

Hay mucho camino por recorrer y es responsabilidad de todos (funcionarios públicos, asesores, políticos, empresarios, etc.) no perder de vista ese objetivo. Debemos ser partícipes y colaboradores activos en construir un nuevo sistema que proteja a todos nuestros adultos mayores y niños sin excepciones, pero basado en recursos genuinos que permitan su sustentabilidad y permanencia en el tiempo. (Télam)