BUENOS AIRES.- El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ha celebrado en el puerto de Buenos Aires la llegada de gas oil venezolano para contribuir a conjurar la crisis de la energía cuando, en verdad, ese arribo poco o nada deja para festejar. Esa clase de contradicciones se había manifestado antes en el Salón Blanco cuando el presidente Kirchner descargó absolutamente sobre las empresas concesionarias la responsabilidad por la crisis, señalando severamente a sus representantes en el acto. El anunciado plan energético excluyó a los usuarios domiciliarios de recargo alguno de sus tarifas, dejando sin efecto anuncios anteriores, después de que la Secretaría de Energía conociera el resultado de una encuesta muy negativa sobre las reacciones de aquellos. Más allá de la imperiosa necesidad de atender las consecuencia de la crisis, el Presidente ha mantenido así su regla invariable de distanciarse de las cargas recibidas como responsabilidades del Estado, tratando de mantener su elevado nivel político en las encuestas, muy por arriba del que la sociedad le asigna a su gobierno. El programa energético difundido, sin embargo, aparece tras el vidrio oscuro de su largo plazo y de los costos que repercutirán sobre el consumo.
Contradicciones
El costo más inmediato es el elevado número de amparos judiciales solicitados por industrias que deben suspender personal por causa de la reducción de combustible. Ejemplo de ello es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde los empresarios racionados se amparan en la legislación laboral para aplicar el previsto procedimiento laboral de crisis. Esa situación, más la muy probable alza de precios en las estaciones de servicio por causa de la elevada retención a exportaciones petrolíferas, están convirtiendo el problema en el más grave que ha debido enfrentar Kirchner hasta el momento. Lógicamente, el temperamento presidencial presiona con fuerza sobre sus colaboradores, provocando otras contradicciones, como la de su vocero formal y el secretario de Transporte, al anunciar el primero que pueden revocarse contratos por la saturación de servicios de pasajeros del Ferrocarril San Martín, a la vez que el segundo lo negaba, recordando que las insuficiencias de infraestructura se deben a la carencia de obras estatales, propias de un servicio concesionado.
La creación de una empresa petrolera estatal hallará en el Congreso clara predisposición mayoritaria, mas los expertos en el sector le asignan una suerte o destino limitado. El argumento es que la mayoría intransferible del Estado en la misma, 53%, más el 12 % de las provincias, dejan sin interés a la inversión privada. La observación es razonable pues una empresa mixta tan condicionada estatalmente como evidencia el proyecto anunciado, tropezará además con la desconfianza que los inversores mantienen aun sobre el largo plazo argentino. La medida, pues, sería otro gesto seductor para las encuestas, pero poco más. (De nuestra Sucursal)
