Los desentendimientos surgidos a dos niveles entre la Justicia y miembros de la Legislatura han puesto de manifiesto, otra vez, que la lucha contra la inseguridad no ha sido encarada de manera armónica en la provincia. Que la seguridad sigue sin ser abordada como política de Estado.
El Poder Legislativo modificó el Código Procesal Penal de Tucumán con la convicción de que el endurecimiento de algunas de sus medidas y el otorgamiento de más facultades a la Policía contribuirían a la lucha contra el crimen. Magistrados y hasta el Ministerio Fiscal cuestionaron la modificación. Advirtieron que ya se cuenta con herramientas para perseguir el delito, pero no con una fuerza de seguridad debidamente equipada. Puntualizaron que la Justicia, antes que más leyes, demanda más presupuesto. Indicaron que extender los alcances de la prisión preventiva efectiva atenta contra la presunción de inocencia. Alertaron, de hecho, que no son pocos los cambios que chocan contra normas nacionales, como el Código Penal. Y remarcaron que en lugar de pensar en más cárceles, hay que proyectar más escuelas.
La imagen de este encontronazo tiene una forma y un fondo. Si desde Tribunales piden 10 nuevas fiscalías y la respuesta de los legisladores es darles plazo de 24 horas a los fiscales actuales para que se expidan sobre los pedidos policiales, algo no anda bien en la comunicación entre los poderes. Entonces, o bien no se consultó como se debía a los miembros de la Justicia, o no se tuvo en cuenta lo que aportaron. En cualquier caso, no se sabe qué es peor. Un hecho típicamente subtropical.
La esencia del asunto es todavía más reveladora. Que quienes deben ejecutar las leyes renieguen de que se dicten normas más severas es la denuncia institucional de que el poder político está actuando, en este asunto, con comodidad antes que con justeza. Los magistrados están pidiendo que se trabaje para mejorar la calidad de vida de los tucumanos, porque ese es el primer principio de solución para los problemas de la seguridad ciudadana.Como corrige el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (Indes) del Banco Interamericano de Desarrollo, el delito crece no en proporción al empobrecimiento de una sociedad, sino de acuerdo con la brecha entre los que más ganan y los que menos tienen.
Parece tan obvio como inadvertido, pero a la Justicia también le interesa la justa distribución de la riqueza.
El segundo nivel
La indignada manera en que la Corte Suprema de Justicia rechazó los pedidos de informes del legislador Virgilio Daniel Heredia (PJ), en los que se ordenaba a De Mitri la realización de auditorías en las fiscalías penales, constituye otro síntoma de que el poder político todavía no aprendió cuál es el lugar de la Justicia en el sistema republicano. Peor aún, tampoco sabe cuál es el suyo.
El representante popular pareció no conocer que esa tarea es propia del máximo tribunal, como sus vocales se lo hicieron saber. Ni saber que, en el mejor de los casos, era la Legislatura la cual, mediante una resolución, podría haber solicitado la medida a la Corte. Ni advertir que el Ministerio Fiscal no es cualquier oficina pública. El resultado fue la airada queja de la Justicia, que se sintió atropellada.
La provincia ya registra confusiones similares, incluso a mayor escala. Un caso concreto y reciente fue la "megasesión" del jueves 17 de agosto de 2000, en la que se reunió en el recinto legislativo a las cúpulas del Parlamento, del Gobierno y de la Justicia, y hubo compromisos de que en tres años la delincuencia mermaría un 40% en la provincia. O porque hubo un plan que no se respetó o porque el "megashow" tenía una formidable carencia de sentido práctico, todo quedó en nada.
Como se dijo entonces, la responsabilidad de los planes para combatir el delito son responsabilidad del Poder Ejecutivo. Curiosamente, el poder ausente en la polémica institucional de estos días. Y, por momentos, también del diseño de políticas de seguridad.
