Riesgos de la democracia directa

El legítimo derecho a peticionar y el ejercicio de la democracia directa que la Constitución fulmina tienden hoy, entre nosotros, a confundirse peligrosamente, como consecuencia de la baja calidad de la representación política. Ese derecho está regulado dentro de un orden de libertades públicas cuyas limitaciones se determinan en el artículo 22 del texto constitucional. Allí se establece que "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución", y se califica la violación de ese principio como delito de sedición. No sólo los poderes políticos de la Nación han sido afectados por aquella confusión, sino otras instituciones no estatales obligadas a enfrentar acciones contestatarias de grupos sociales al margen del orden jurídico. La sociedad se halla en un virtual estado de asamblea, y las autoridades de aplicación de las normas reguladoras de los intereses generales parecen por momentos incapaces de preservarlas. El presidente Néstor Kirchner -cuya investidura no está en discusión, a pesar de su azaroso trámite institucional- debe atender en esa circunstancia una extraordinaria complejidad de problemas en todos los frentes de la crisis, pero no siempre sus decisiones logran el necesario apoyo público, a pesar de lo cual las encuestas de opinión lo favorecen hasta niveles sin precedentes con relación a sus antecesores; singularmente, no ocurre lo mismo con la marcha general de su gobierno. El Poder Legislativo atraviesa, por su parte, un largo proceso de desprestigio, consecuente con la falta de renovación selectiva de sus integrantes, que han perdido la confianza de la sociedad, en tanto que el Judicial no representa cabalmente para la sociedad el poder capaz de restablecer el principio de justicia distributiva requerido por el orden republicano.
Es cierto igualmente frente a esa realidad insoslayable que, desde la ruptura institucional de 1930, no se advirtió en el país un sentimiento democrático de la sociedad tan poderoso como el que está emergiendo de la crisis. Es por ello que la situación no tomó una vez más el rumbo largamente experimentado de los golpes autocráticos, a pesar de las carencias de la representación política. Los diferentes sectores ciudadanos -salvo minorías muy notorias con insignificante presencia electoral- optan para expresar sus demandas de las más diversas formas, hasta el punto de haber constituido una modalidad, como los cacerolazos, acogida por la conflictiva realidad internacional, pero sin proponer el abandono del sistema democrático.
Los más graves efectos de la crisis económica -con derivaciones sociales sin precedentes entre nosotros- han provocado, ante las carencias de la representación política, manifestaciones al límite de la democracia directa, no siempre respetado y, por consiguiente, muy riesgosas para la salud del sistema constitucional. Un caso muy referencial es el de la movilización promovida por Juan Carlos Blumberg y por otros familiares de víctimas de la inseguridad, donde las razones invocadas no consisten en tratar de suplantar a los poderes públicos sino en proponer alternativas capaces de hacerles cumplir sus responsabilidades.
La decisión de convertir esa movilización nacional en una organización sin fines de lucro (ONG) debe ser bienvenida y servir de ejemplo a otros sectores afectados por las carencias de la representación política.
La defensa de legítimas demandas ciudadanas en la presente situación de la República no debe confundirse con acciones como las fulminadas por la Constitución nacional, mas para que ello sea posible las dirigencias públicas tendrán que asumir sus autodepuraciones. Especialmente las políticas, que han convertido sus partidos en feudos cerrados a toda renovación ideológica y generacional.