05 Diciembre 2017
Las presuntas irregularidades en torno a un cupo de cientos de viviendas llegaron a la Justicia provincial. Se trata de las casas de Lomas de Tafí que habrían estado reservadas para los miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).
El abogado y ex candidato a legislador Oscar López presentó una denuncia penal contra las ex autoridades del sindicato, funcionarios del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y los “particulares que hubieren adquirido las viviendas dolosamente”. La acusación del peronista disidente plantea la posible comisión de los delitos de estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita, entre otros.
Según publicó LA GACETA el 11 de octubre, en 2008 se sortearon las primeras viviendas de Lomas de Tafí. Del total del barrio, el 10 % de las casas correspondían a la Uocra por un convenio celebrado entre el Ipvdu y la seccional Tucumán de ese sindicato. El cupo debería haber sido sorteado entre todos los afiliados que se hubieran inscripto, pero no se realizó sorteo alguno porque la cantidad de interesados era idéntica a la cantidad de casas disponibles.
La nota periodística llamó la atención del actual titular del sindicato, David Acosta, quien días después manifestó que la entidad que conduce “es total y absolutamente ajena a los hechos que se le imputan a José Santillán (ex titular del sindicato)”.
El planteo
López acompañó su denuncia -que se encuentra en la Fiscalía de Instrucción IV- con un listado de las “587 (casas) birladas a los obreros y vendidas ilícitamente”. Entre otras medidas, pidió a la Justicia que requiera al Ipvdu más información sobre los adjudicatarios. “Estoy absolutamente seguro que la totalidad de las casas no fueron adjudicadas a trabajadores de la Uocra”, dijo el denunciante a este diario. Según el letrado, el valor del total de estos inmuebles rondaría los $ 704 millones.
Además, destacó el hecho de que existen denuncias previas sobre la venta de casas del cupo Uocra. Por eso, pidió que sea citado el obrero Antonio Roberto Cortés, quien planteó la situación ante el Ipvdu y dio lugar a que se inicie un expediente administrativo.
El escrito presentado en el fuero penal cuestiona la actividad de la anterior gestión de la Uocra durante toda su trayectoria, de 1996 a 2017. En ese período la entidad estuvo a cargo de Santillán, del secretario adjunto Roberto Lazarte y del secretario de Organización y Asuntos Gremiales Héctor Lazarte. “Durante esas más de dos décadas, 21 años, de reinado y ejercicio de la suma del poder gremial, los denunciados crearon un doble modus operandis de corrupción sistemática y estructural”, puede leerse en la denuncia.
El mecanismo que describe el abogado consta de dos partes, una en la que estarían comprometidas las autoridades de la Uocra, y otra en la que las irregularidades se encontrarían en el ámbito del Ipvdu.
En su planteo, López afirmó que las autoridades del sindicato exigían a los afiliados que paguen una suma de dinero como condición para participar del sorteo por el que se les adjudicaría una vivienda. “Extremo que jamás concretaban, o bien cumplido, jamás funcionaba, pues los obreros jamás participaban de tal sorteo”, sostuvo el denunciante. Aseguró que en este punto ya se habría obtenido un beneficio patrimonial y se habría configurado el delito de estafa.
El escrito dice, en este punto, que “con esa masa de viviendas, sustraídas delictivamente del convenio, crearon un segundo modus delictivo”, que habría consistido en vender las casas a particulares. López acusó a los ex dirigentes gremiales y a los funcionarios del Ipvdu de ser los protagonistas de esta supuesta metodología. Agregó que los adquirentes también podrían estar involucrados en las supuestas irregularidades, salvo que fueran “compradores de buena fe”.
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