“La sociedad está demandando la observación del Poder Judicial”

Lobo Bugeau recordó su trabajo en “Lebbos”.

03 Dic 2017
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Bernardo Lobo Bugeau. LA GACETA/ ARCHIVO

Bernardo Lobo Bugeau dice que a él nunca lo llamaron veedor, sino representante del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (Pronalci). Con ese carácter, en febrero de 2013 se presentó a tomar vista de la causa penal relativa al homicidio de Paulina Lebbos ocurrido el 26 de febrero de 2006. Lobo Bugeau recuerda que él llegó a tocar la puerta del entonces Fiscal de Instrucción en lo Penal N°2 de esta capital, Carlos Albaca, como consecuencia de un sinnúmero de actuaciones y gestiones del padre de la víctima, Alberto Lebbos, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que administraba el Pronalci. “Yo sólo fui un eslabón. Había múltiples pedidos previos en un sistema que lo que pretende es monitorear el posible planteo de los casos impunes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Argentina integra por la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución”, expresa Lobo Bugeau.

Este abogado era secretario de Derechos Humanos del Gobierno de José Alperovich cuando sucedió el crimen de Paulina: fue el único funcionario que renunció en solidaridad con Lebbos, quien también cumplía funciones en el Poder Ejecutivo (actuaba como director de Juventud, cargo que hoy ejerce Sara Alperovich, la hija del ex mandatario y senador). Lobo Bugeau luego se vinculó al Ministerio de Justicia de la Nación y así redactó el informe que reveló que Albaca mantenía bloqueado el proceso “Lebbos”, al que ni siquiera podía acceder la familia de la víctima. Estos datos determinaron el posterior desplazamiento del fiscal, y precipitaron su renuncia con fines jubilatorios, y la del entonces titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, Luis De Mitri. El caso quedó en manos del fiscal Diego López Ávila, quien terminó solicitando el juzgamiento de seis imputados, cinco de ellos vinculados al oficialismo: el juicio comenzará el 6 de febrero y en él interviene la Sala III de la Cámara Penal. Albaca, por su parte, está esperando fecha para su propio juicio: allí rendirá cuentas sobre su actuación en el caso “Lebbos”.

Oportunidad y no amenaza

En 2016, Lobo Bugeau fue nombrado veedor del Colegio de Abogados de la Capital, y en ese carácter, y entre otras tareas, volvió a cotejar la causa “Lebbos” y examinó las actuaciones civiles relativas al proceso “Teves”: dos de los 33 expedientes en la mira de los letrados Juan Roberto Robles -que actúa profesionalmente en “Teves”- y Ana Colombres Garmendia (se informa por separado). Estos observadores de la Nación recibieron el visto bueno del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, para, a los fines de tomar vista, dirigirse a los juzgados y fiscalías donde tramitan los respectivos casos. Hace algunos meses, Lobo Bugeau, por su parte, se convirtió en funcionario del Ministerio Público por una designación discrecional de Edmundo Jiménez. Pero la posibilidad de una nueva veeduría revivió esa primera observación suya que expuso lo que sucedía en la órbita de Albaca.

-¿Por qué en ese momento el poder político no protestó, y ahora sí se opone argumentando que se trata de un avasallamiento de la independencia judicial?

-Entiendo que fue muy prudente respecto de mi labor por el principio de que el poder político, en esencia, el Poder Ejecutivo, no puede involucrarse en cuestiones judiciales.

-Pero luego tampoco fue vetado cuando, por decisión del Colegio de Abogados que presidía Francisco García Posse, se presentó como veedor de esa entidad.

-Así es. En esa etapa, los jueces me abrieron las puertas: fueron absolutamente permisivos.

-¿Para qué cree que sirvió su observación, sobre todo la primera, en términos institucionales?

-Fui un eslabón necesario. Reitero que Argentina forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que en esa condición está obligada a brindar ciertas garantías constitucionales. El análisis sobre si debe existir esta figura (del observador externo llamado coloquialmente veedor) ya ha sido superado por la reforma de la Carta Magna de 1994. Sí está claro que las políticas de derechos humanos no deberían cambiar en su aspecto administrativo. Yo veo que esto sí sucede. La observación no tiene que ver con que un poder del Estado se inmiscuya en la esfera de otro sino con una posición que debe ser necesariamente estable porque Argentina puede ser condenada y responsabilizada por el proceder de la Justicia. El Estado nacional tiene que fundar y alegar qué hizo (frente a las denuncias de impunidad). En materia de derechos humanos, el federalismo implica una coordinación con las provincias.

-¿La observación, lejos de una amenaza, implica una oportunidad para el Estado?

-Absolutamente.

-¿Los expedientes deberían ser en principio públicos?

-El expediente tiende a la publicidad en los sistemas procesales modernos. Claro que hay que resguardar la investigación y las pruebas. Pero, después, la publicidad puede ayudar para que los casos avancen.

-Robles y Colombres Garmendia fueron criticados por su identificación con el Gobierno nacional. ¿Esta objeción es dirimente?

-Me llama la atención que esta iniciativa haya sido instrumentada por el Consejo Federal de Derechos Humanos, donde intervienen representantes de todas las provincias. Desconozco si fue debidamente tratada. Sé que hubo quejas (reflejadas en una nota firmada por funcionarios de Derechos Humanos de diez provincias gobernadas por el Partido Justicialista) y de que eso hablaría de cierta injerencia indebida porque el secretario ejecutivo (Collia) se habría tomado atribuciones sin respaldo. Pero para mí no es dirimente la objeción respecto de los observadores.

-Más allá de las cuestiones formales y políticas, ¿considera que el estado de la Justicia de Tucumán justifica una mirada externa?

-Entiendo que la sociedad está demandando la observación de la Justicia y que, por ello, es razonable la posición de la Corte. Urge que el sistema judicial sea más comprensible para el ciudadano común. Lo central es que haya independencia para aplicar la ley sin interferencias de ningún tipo.

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