Basura federal

Son las 9.30 de un sábado otoñal luminoso en Tucumán, en la esquina de la iglesia San Francisco, acaso el núcleo patrimonial y turístico más significativo de la ciudad. En diagonal, sobre la acera, a las puertas de una sandwichería, un perro hurga en una parva de casi medio metro de residuos de comida que, se supone, se habrá escapado de una bolsa de plástico, y que ni la empresa a cargo de la recolección de la basura, ni la Municipalidad se ocuparon de levantar.
Un día antes -el viernes pasado-, el ministro de salud de la Nación, Ginés González García, había presidido en Tucumán el Encuentro Nacional de Medio Ambiente, en el que insistió en la estrecha relación entre medio ambiente y salud pública. A la reunión no fueron los intendentes, que son los responsables directos de la recolección y procesamiento de la basura de los respectivos municipios.
En ese foro se anunció que Tucumán fue elegida entre otras provincias para la realización de un ambicioso plan piloto para la recuperación de los residuos sólidos urbanos, con fondos del Banco Mundial.
Se dice que a Tucumán la eligieron porque el plan de "Producción limpia", que funciona aquí desde 2002 y al que están adheridas 30 empresas (no están los frigoríficos, cuyos desechos son altamente contaminantes), mostró resultados "parciales" alentadores.
En rigor, si de cuestiones ambientales se trata, la balanza tucumana se inclina más hacia el "debe" que hacia el "haber". En el encuentro del viernes estuvieron los representantes de Santiago del Estero, con quienes Tucumán litiga por la contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce. El tema es tan serio que los santiagueños visitan a las empresas tucumanas presuntamente contaminantes, toman sus propias muestras, y las cotejan con las que se procesan desde la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán. En otras palabras, la basura de Tucumán es un problema federal.
¿De dónde el interés del Banco Mundial por la basura tucumana? En todos los foros de planificación estratégica, los expertos vienen repitiendo que la basura se ha convertido en "razón de Estado" en todas las zonas que en los últimos tiempos sufrieron el impacto de la migración desorganizada de la población del campo a los grandes cordones urbanos o áreas metropolitanas, conformando extensos asentamientos marginales sin identidad comunitaria ni pautas culturales sólidas. Ese diagnóstico se ajusta al derrotero social que sufrió Tucumán en las últimas décadas.
Se infiere, entonces, que para imaginar un Tucumán limpio se requieren por lo menos los siguientes requisitos: 1) educación ambiental; 2) que el pliego licitatorio para el servicio de recolección de basura de la ciudad de Tucumán (el intendente Domingo Amaya tiene un plazo de 30 días para confeccionarlo) responda a las necesidades de la comunidad, con criterio técnico, y no político; 3) que los municipios fiscalicen las cuestiones ambientales; 4) que el flamante ente defensor del medio ambiente que creó el Concejo Deliberante de la ciudad de Tucumán se ajuste al fin de "fiscal ambiental" para el que fue creado.
Pero la basura no es el único tema en la agenda ambiental tucumana. El propio ministro reconoció en Tucumán que el impacto de las explotaciones mineras en las regiones limítrofes es un problema compartido por nuestra provincia y por Catamarca. La ONU viene predicando desde hace tiempo sobre la necesidad de articular una alianza entre lo público y lo privado. Pero ese "despertar verde" en el mundo industrial todavía no se ha hecho visible en Argentina, y menos en Tucumán. Por ahora, los municipios y la Provincia siguen siendo los responsables de resarcir las deudas ambientales, haciendo cumplir la legislación respectiva, y sancionando a quienes no la cumplen.