La venta de comida en las calles

La ordenanza municipal que prohíbe la venta de cualquier alimento en la vía pública es clara y contundente. Sin embargo, nunca se cumplió, y menos ahora que han proliferado los puestos en forma notable. Los funcionarios municipales admiten el descontrol y lo atribuyen a los dos años de constantes paros y desgobiernos. Señalan que son los vecinos los que mayor cantidad de denuncias realizan sobre alimentos en mal estado, falta de higiene y expendio de comida callejera ante las reparticiones públicas y ante los medios de comunicación, pero que son ellos mismos quienes protagonizan una feroz resistencia contra los inspectores cada vez que estos intentan realizar un operativo, como sucede por ejemplo en la feria de Villa Luján, donde se faenan animales en la plaza.
Los vendedores, por su parte, acusan a los inspectores de coimeros. No obstante, sobre estas permanentes denuncias de sobornos el director municipal de Tránsito sostiene que la mejor prueba de que esta acusación es infundada son los constantes secuestros que el municipio realiza en la calle. Esto -según el funcionario- puede comprobarse en el Tribunal de Faltas, donde constan todas las actuaciones. Tampoco las organizaciones no gubernamentales que venden dulces y productos artesanales en la calle respetan la ley.
Inspectores municipales revelaron a LA GACETA que hace un mes decomisaron 300 kilos de carne en mal estado de un supermercado céntrico y estos operativos no trascienden porque hay muchas presiones políticas. Dijeron que la detección de alimentos en mal estado en los grandes comercios es mucho más frecuente de lo que la gente se imagina y que con frecuencia se encuentra en algunos supermercados pollos en mal estado que han sido limpiados con lavandina para blanquearlos y taparles el mal olor.
El titular de la Dirección de Producción, Saneamiento Ambiental y Defensa Civil (ex Dipasa) afirma que la ordenanza que regula la venta de comida en la calle está desactualizada y que el municipio no tiene medios para controlar los parques, plazas, clubes, cines, teatros, estadios y decenas de lugares donde se concentran vendedores de alimentos.
Según los funcionarios, la ordenanza debería modernizarse de acuerdo con los nuevos productos que se consumen y con los cambios culturales. Su modificación es tarea del Concejo Deliberante. Sin embargo, ya han pasado algunas generaciones de ediles sin que, al parecer, hayan notado esta grave irregularidad que atenta contra la salud de los tucumanos.
La Municipalidad sostiene que carece de recursos para hacer frente a este descontrol. Ello sería realmente un justificativo si no tuviera un exceso de empleados que muchos intendentes se han encargado de incrementar por compromisos políticos, ocasionándoles así un mayor daño al erario y a la comunidad, que debe seguir soportando servicios deficientes. Las sanciones no son lo suficientemente contundentes como para desalentar a los infractores y obligarlos a cumplir con la ley.
Por otro lado, la responsabilidad es compartida por la ciudadanía, que conoce los riesgos a los cuales se expone al comprar alimentos que no han pasado por el debido control, y pese a ello lo hace. Es un modo, por cierto, de estimular este tipo de venta.
Cabe preguntarse por qué en otras ciudades, como Córdoba, por ejemplo, los vendedores callejeros de comida respetan a rajatabla las ordenanzas municipales, y en San Miguel de Tucumán lograr lo mismo es casi imposible. Pareciera que lo que en todas partes es claro como el agua, en Tucumán se convierte en turbio como el barro.