El mundo institucional muestra la existencia de conflictos principales y secundarios. Los actores se acomodan y desempeñan papeles antagónicos, pero también concilian posiciones en momentos delicados.
La transacción es un signo de racionalidad que, sin embargo, se vuelve sospechosa para la opinión pública, por los precedentes de la democracia tarifada. Durante esta fase rigió el pago más o menos desembozado de recompensas políticas y de sobornos de toda especie.
Los conflictos principales enfrentan sustantivamente a los tres poderes del Estado. Los de orden secundario se generan en torno de diferencias de criterios sobre cuestiones no esenciales.
El Ejecutivo es el que generalmente se coloca en el centro del ring y regula el ritmo de la vida política. Su papel predominante se hace sentir más cuando el gobernador pelea a brazo partido para imponer sus proyectos, como es el caso de José Alperovich.
Los otros dos -el Legislativo y el Judicial-, no obstante, pueden bloquear las iniciativas del Ejecutivo que alteren la relación del conjunto. Eso es parcialmente cierto en la realidad, ya que como reconoció el vicegobernador Fernando Juri "la Legislatura es el más débil de los poderes".
La política desequilibra esa ecuación entre débiles y poderosos. y la replantea en otros términos. El despegue de la reforma constitucional promueve acercamientos y conciliábulos. Al oficialismo le preocupa acabar con el estancamiento del asunto en la Legislatura, ya que el año político progresa sin pausas.
Después de la sesión parlamentaria del miércoles pasado, encumbrados personeros del Gobierno y de la Legislatura dialogaron acerca de la mejor manera de destrabar el enredo legal. Dos vocales de la Corte Suprema de Justicia -de reconocida sensibilidad política- escucharon los argumentos de los operadores. Estos quieren que se modifique la ley 7.194, por la cual se daba vía libre al desguace total de la Constitución de1990.
El paisaje cambió
La ley 7.194 nació sospechada de haber sido el producto del pago de sobornos. El devastamiento de todas las instituciones, incluida la Justicia, era el resultado de la decisión que se votó en febrero de 2002.
La remoción de los jueces parecía políticamente probable hasta hace algunos meses, pero hubo un cambio de condiciones. El Poder Judicial no trabó la depuración de su plantel de fiscales (se fueron Héctor Abraham Musi y Gustavo Estofán) mientras la Legislatura se preocupó en aclarar que no buscaba desestabilizar a los jueces mediante los procesos de juicios políticos. Juri precisó también que se oponía al desguace de la Justicia.
Además, la Corte se reservó la última bala. En efecto, ella deberá interpretar finalmente si cabe aceptar la impugnación del peronista Julio Díaz Lozano y otros en contra de la Ley 7.259, que establece las calidades de los convencionales constituyentes y la duración de la asamblea reformadora. Díaz Lozano interpretó que esa ley, al igual que la 7.194 debió haber sido aprobada con 27 votos, cosa que no ocurrió.
Los políticos peronistas entendieron que la derogación de la Ley 7.194 abría un sinnúmero de incógnitas. A los legisladores oficialistas parientes de quienes la votaron en 2002 -serían 10-, no les haría nada de gracia que se corroborara la presunción que el ex fiscal Esteban Jerez pretendía probar: la compra de voluntades para alcanzar los dos tercios de la Cámara (27 representantes).
Tampoco existirían garantías de que los opositores pudieran apoyar la sanción de una nueva ley de reforma constitucional que pusiera a salvo a los jueces.
Con ese diagnóstico sobre la mesa, coincidieron en que lo más conveniente era acotar la reforma, manteniendo intangible la composición del Poder Judicial. En consecuencia, sólo se retocaría la Ley 7.194.
De esa manera, los jueces cimeros no obstaculizarían el nuevo curso del proceso y no habría necesidad de publicar durante dos meses la agenda de cambios, como prescribe la Carta Magna sancionada en 1990.
El vicegobernador Juri, antes de ausentarse de Tucumán, habría aceptado la solución diseñada por los contertulios del jueves. Y la reforma parcial de la Ley 7.194 ocurriría dentro de muy pocos días.
Si todo ocurre como se planificó, las elecciones de convencionales constituyentes sería citada para setiembre de 2004. A la Casa de Gobierno le importa aprovechar la etapa de bonanza, que -supone- vive con la sociedad. La reelección indefinida del gobernador es un atajo que conduce a las instituciones y a los Estados al precipicio y a la degradación constante de la calidad institucional.
Santiago del Estero, con la experiencia del matrimonio Juárez, y San Luis, con el manejo de los hermanos Rodríguez Saá, lo atestiguan de manera contundente.
Salta está en la mira de "Transparencia Internacional", la organización especializada en detectar la corrupción gubernamental. La provincia vecina, después de la última reforma de la Carta Magna, legalizó la retención del poder por Juan Carlos Romero, sin techo alguno.
La tentación de eternizarse en el comando del aparato estatal es muy poderosa en las provincias empobrecidas. Y en Tucumán debiera tomarse nota de ello.
El juego no incluye el comportamiento de los otros buscadores de poder político. La UCR está lejos de recomponer su organización y el bussismo trata de exhibir una oposición dinámica. Recrear -con Jerez y Pablo Walter- tampoco se muestra muy consistente.
El clima gremial
La protesta de los gremios estatales no puede desactivarse con parches, ni con aumentos no remunerativos. El malestar que revelan las movilizaciones programadas para esta semana.
La movida del Gobierno federal desacomodó las previsiones presupuestarias de las administraciones provinciales. Ante eso, sus jefes políticos no tienen más remedio que golpear las puertas de la Casa Rosada. En esa situación entrará a pesar el grado de cercanía o de distancia del presidente Néstor Kirchner.
Alperovich confía en el auxilio de la administración kirchnerista desde que juega al lado del santacruceño. El gobernador debería obtener unos $ 117 millones para poder satisfacer las exigencias de aumento salarial en la esfera provincial.
La ausencia de reajustes en las remuneraciones de los estatales desde 1991 se hizo sentir más desde que la suba de precios en alimentos y en servicios se instaló en la realidad. El planteo de asistencia financiera se canalizará ante lo más alto del poder político nacional esta semana. La Provincia es una receptora pasiva de los vaivenes de la política kirchnerista. El invierno puede complicar a Alperovich.
