Un cambio que nada cambia

La Confederación General del Trabajo resolvió en su reciente congreso extraordinario incorporar a su secretariado nacional un mínimo de un 30% de mujeres, decisión que su secretario general, Rodolfo Daer, ha calificado de "trascendental e histórica" pero que muy tardíamente guarda consecuencia con las innovaciones que en el mismo sentido se produjeron desde hace más de medio siglo en otras instituciones del país. Esa es la única novedad con que la central obrera oficial concurrirá el primero de junio a la asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, donde seguramente se encontrará una vez más con la extendida inquietud sobre el régimen gremial argentino que cercena la libertad de asociación al atribuir a un solo sindicato por sector de actividad económica, la representación específica de los trabajadores. Ese monopolio corporativo, inspirado hace más de medio siglo en la "forza del lavoro" mussoliniana, ha salido indemne de la modernidad, superando inclusive el principio constitucional de libre asociación, los acuerdos internacionales incluidos en la Ley Suprema y el convenio 87 de la OIT que es ley en nuestro país.
La más reciente "proeza" conservadora de ese status jurídico de la ley 23.551, de Asociación de Trabajadores, fue la anulación de la reforma laboral imputada de corrupción en el Senado -todavía en debate judicial-, decisión legislativa que hizo hincapié en los aspectos flexibilizadores de la norma derogada que implicaban un debilitamiento del régimen de personería única. En dicha oportunidad el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, subrayó ese aspecto de la anulación al expresar que el cambio era fundamental y que el Gobierno demostraba con ello "la voluntad política de derogar una norma flexibilizadora y viciada de corrupción". Esa personería monopolizada por la CGT coincide con el hecho de que alrededor del 90% de los dirigentes sindicales que la usufructúan está afiliado al Partido Justicialista, por lo que sus adhesiones a los gobiernos afines constituyen un hecho histórico tan evidente como la oposición a los de otros signos políticos. Inclusive en la actualidad, cuando las relaciones del presidente Néstor Kirchner con la dirigencia formal de la CGT no pasan por buenos momentos.
La realidad, sin embargo, es siempre más poderosa que sus contradictores, y resulta por ello que la profunda crisis de recomposición política y social que atraviesa el país ha desplazado de los lugares públicos a la burocrática organización gremial de la CGT en sus dos facciones aparentes, por la presencia de organizaciones informales. En el reciente Día de los Trabajadores ese hecho tuvo una nueva demostración cuando el sindicalismo oficial quedó ausente de la Plaza de Mayo, forzado a ceder el espacio bajo el "histórico balcón" de la Casa Rosada, a una pluralidad de opositores que demandaban libertad sindical. Con esa cuestionada representación concurrirá nuevamente a la OIT el sindicalismo nacional, sin otra novedad que la del cupo femenino en un régimen donde los cargos, mediante reelecciones indefinidas, se pueden ejercen como virtuales derechos de propiedad, y se ocultan los padrones de afiliados demostrativos de la decadencia del sistema. Consecuencia de ese estado de anquilosamiento es el hecho de que tan sólo el 2,5% de la fuerza laboral participa de la vida sindical, de acuerdo con la concurrencia a las urnas gremiales. Un fenómeno al que los partidos políticos no prestan atención y que no representa para el Gobierno nacional del justicialismo valor suficiente para justificar la protección del anacrónico modelo. Transparencia y reforma constituyen también en este aspecto de la crisis que conmueve al país exigencias de los cambios que se proclaman.