Es prioritario revertir el déficit crónico de Asunt

La obra social de la Universidad, Asunt, se encuentra en emergencia operativa puesto que su déficit (correspondiente a 2016) llega a los $ 25 millones y alcanza un 50% más que el pasivo del año anterior (2015), lo cual la hace poco viable. Desde que se informó de esta situación, hace un mes, se ha puesto en funcionamiento un mecanismo para evaluar, durante 60 días, las salidas de un panorama complejo que podría llevar a finales inesperados, toda vez que en el mismo estatuto se contempla hasta el cierre cuando el pasivo supera el 50% del patrimonio de la entidad de salud de los universitarios.

El actual presidente de la obra social, Diego Silvera, fue elegido para este cargo hace dos años, al cabo de una instancia crítica en la que se habían suspendido servicios de salud y se registraba una fuga de afiliados merced a la apertura de libre afiliación autorizada por el Consejo Superior.

Al cabo de un año de tarea, el interventor informó, a comienzos de 2017, que se había logrado disminuir el déficit previsto de $ 13 millones a $ 6,6 millones. El nuevo presupuesto disminuía el gasto en algunos ítems (sueldos, gastos administrativos y reconocimientos de Farmacia); incrementaba los “ingresos operativos” y disminuía los “egresos operativos”. Se había previsto el aporte de graduados, la jubilación de ocho empleados, se había congelado la planta de trabajadores y se había gestionado aportes de la Nación ($10 millones) para hacer frente a la obligación de cubrir enfermedades que antes no se tenían en cuenta (obesidad, discapacidad, celiaquía, diabetes, fertilización asistida, cirugías bariátricas y la aplicación del Plan Médico Obligatorio, entre otras).

Con estas medidas hubo cierto alivio y expectativas. El Consejo Superior aprobó el balance y el nuevo presupuesto. Pero a mediados de año se levantaron voces advirtiendo de riesgo inminente. Criticaron que no se conocía que hubiera un plan de salvataje; que tampoco desde el Consejo Superior se haya manifestado preocupación ni que el gremio docente se hubiese expresado por la situación económica. Dos grandes problemas que mencionaron era la fuga de afiliados -se calcula que se fueron unos 1.800; quedan unos 8.000- y el hecho de que Asunt no esté categorizada como obra social sindical por lo cual no tiene derecho a subsidios que otras prestadoras de salud sí reciben y que les permiten afrontar servicios costosos. Entonces Silvera explicó que este año hubo 14 bajas, entre renuncias, jubilaciones y fallecimientos, lo que llevó a que la planta actual sea de 213 personas.

Hace un mes fue el anuncio del déficit de $ 25 millones. Silvera reconoció que el plan de salvataje no había resultado en su totalidad, entre otras cosas por los aumentos de costos y porque uno de los proyectos -compartir gastos con el PAMI en el caso de los que tienen doble afiliación- no se había dado por el recorte de gastos de la Nación y por el cambio de autoridades en la obra social de los jubilados. El interventor insistió en que es clave suspender la libre afiliación, y planteó que se busca auxilio del Gobierno nacional. También dijo que se estaba revisando el pago de adicionales a algunos empleados, que estaban contemplados en el convenio colectivo de trabajo de los no docentes. Asimismo, se está realizando un reempadronamiento para saber quiénes están afiliados y en qué condiciones.

Así las cosas, convendría que las autoridades universitarias, el Consejo Superior y quienes tienen responsabilidad en los destinos de esta obra social que responde a los intereses de los universitarios y sus familias se pongan en campaña seria para hallar las soluciones. Varios son los objetivos. Para que sea obra social sindical la entidad tiene que estar saneada y se tiene que hacer un plan para que se vea cuáles son las salidas. ¿Saneada significa que puede operar con 50 empleados y tiene 213? Por ahí el camino está difícil. Pero quizá el compromiso nacional pueda ayudar. Otros puntos son la idea de permitir la afiliación de estudiantes; bajar de 27 a 25 años la edad de los hijos adherentes (como rige en otras obras sociales) y avanzar con el convenio con el PAMI, que ha estado en burocrática negociación a lo largo de todo 2017.