Línea 11: tres antecedentes sobre el caso

Noguera pidió a la Cámara de Apelaciones que valide el trabajo de su par Navarro Dávila.

25 Oct 2017
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CAUSA PENAL. El expediente de la línea 11 involucra a cuatro magistrados. la gaceta / archivo

El Ministerio Público Fiscal, órgano que representa los intereses de la sociedad en la Justicia, dijo que es arbitraria la sentencia del juez Juan Francisco Pisa (N°3) que anuló los actos del fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) y lo apartó de la causa penal de la Línea 11. Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, pidió la validación de la pesquisa que llevó adelante su par respecto de la denuncia de Jorge Mihelj, representante de la empresa de transporte público Leagas. Esa presentación involucra en una presunta maniobra delictiva a los camaristas Salvador Ruiz (con renuncia aceptada por el Poder Ejecutivo), Sergio Gandur y Horacio Castellanos, y al padre del segundo y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Gandur. Mihelj sostuvo que los Gandur tenían vínculos profesionales con Oscar Alonso, empresario favorecido por la medida cautelar relativa a la Línea 11 que firmaron Castellanos y Ruiz.

En dos dictámenes distintos, Noguera adhirió a la posición de Navarro Dávila: según su criterio, todo lo que hizo el segundo en esta causa con altísimas implicancias institucionales se ajusta a la ley. Los camaristas Eudoro Albo, Liliana Vitar (con renuncia aceptada por el Poder Ejecutivo) y Enrique Pedicone han de resolver -luego de que todas las partes se expresen- si sostienen o revocan la resolución de agosto de Pisa, quien manifestó que Navarro Dávila carecía de potestades legales para investigar a los magistrados denunciados y que, por ello, había vulnerado su derecho de defensa. Según el juez N°3, por haber funcionarios con fueros implicados, la intervención de Navarro Dávila debía limitarse a evaluar la denuncia para desecharla o bien pedir a un juez que investigue a sus colegas. Si su tesitura quedara firme, dicha evaluación debería ser practicada por otro fiscal.

Ante la Cámara de Apelaciones y con el fin de que el caso regrese a las manos de Navarro Dávila, Noguera dijo que la posición de Pisa causaba numerosos perjuicios. Según su criterio, el asunto exhibe una gravedad institucional inusitada que compromete la propia administración de justicia. Además, expresó que Pisa se había contradecido con una resolución anterior y que había reconocido la calidad de partes a quienes no debían tenerla: “ello pone en riesgo la pesquisa, máxime en este caso con aristas institucionales complejas. (...) Para garantizar la igualdad es necesario que la persecución de conductas que afectan el orden social o bienes jurídicos en general sea desarrollada sin distinciones”, añadió el 27 de septiembre.

A Apelaciones ingresó también un planteo de Martín Gandur, defensor de su padre y nieto del titular del alto tribunal, que afirma que el recurso de Navarro Dávila debe ser rechazado por extemporáneo. En discusión están los alcances de la miniferia dispuesta en la Fiscalía N°5 por Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público, entre el 16 y el 18 de agosto. Según Navarro Dávila, tales días fueron inhábiles y, por lo tanto, no deben computarse. El abogado Gandur consideró que de la resolución de Jiménez surgía lo contrario, y que, en cualquier caso, sólo una ley, un decreto o una acordada de la Corte podía establecer qué días eran hábiles y cuáles no.

Iniciado en febrero, este caso reavivó las disputas internas existentes en la Justicia desde por lo menos 2015. En mayo, Jiménez llamó a una rueda de prensa para decir que el presidente de la Corte usaba su investidura para entrometerse en la pesquisa. A continuación, el vocal Antonio Gandur desmintió al jefe de los fiscales: dijo que se estaba defendiendo porque Navarro Dávila lo investigaba a él pese a que lo había recusado y a que carecía de facultades para eso. Frente a ello, el presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Marcelo Billone, opinó que tanto el jefe de la Corte como el de los fiscales debían dar un paso al costado mientras que la filial local de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) desempolvó la idea de nombrar veedores externos para el Poder Judicial.

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