Un alto costo político

El Gobierno nacional abrió en las provincias un debate hasta ahora postergado y que puede resultar un verdadero dolor de cabeza para los gobernadores. El aumento de salarios de $ 150 en el sector público aparece como un tema tabú en las agendas de los 24 distritos del país. Los ministros de Economía provinciales pensaban que la discusión salarial podría darse en el segundo semestre del año, cuando los ingresos mostraran una tendencia constante hacia el aumento. El costo de vida sigue creciendo. El posible aumento de las tarifas de los servicios acelerará la pauta inflacionaria y, por ende, el poder adquisitivo de la población continuará en descenso. Como ejemplo, según el registro de la última medición efectuada por el Indec, el costo de la canasta básica de alimentos subió un 0,5%. Al finalizar este año se prevé que la inflación llegue al 10,5%. A este escenario hay que sumarle que, por distintas razones, en las provincias se mantienen congelados los haberes de los estatales.
En Tucumán, el gobernador José Alperovich trató de anticiparse al anuncio que efectuaron los funcionarios del presidente Néstor Kirchner. Con los $ 400 de ayuda social, que se pagarán en ocho cuotas mensuales, Alperovich buscó disminuir la presión de los gremios por una recomposición salarial. Es sólo una aspirina para una fiebre que volverá a subir en los primeros días de 2005, cuando el Gobierno y los sindicatos estatales vuelvan a sentarse a negociar para mantener o mejorar el aporte no remunerativo al personal.
Por ahora, en los cálculos del Ministerio de Economía sólo está mantener la ayuda social que registraría un gasto adicional en personal de $ 45 millones anuales. Sin embargo, los gremialistas anticipan que irán por más. En las proyecciones oficiales figura que otorgar un incremento de $ 150 mensuales a los 65.000 agentes significaría una erogación anual de $ 120 millones (equivalente a tres planillas salariales mensuales).
Si bien el Gobierno nacional tiene que financiar los planes sociales para compensar la desocupación que reina en la Argentina, en su presupuesto el gasto en personal representa sólo el 12% del total de gastos, mientras que en la mayoría de las provincias, el dinero destinado a salarios consume más del 50% del ejercicio anual.
Sobre ese dato surgen los planteos de las provincias, cuyos gobernadores afirman que sólo podrán atender las demandas salariales con la ayuda federal. Hasta ahora no hay respuestas del Palacio de Hacienda. En Buenos Aires sólo se afirma que el incremento de los sueldos fue una decisión política del más alto nivel; es decir, del Presidente.

Quejas del interior
El cordobés José Manuel de la Sota puso el grito en el cielo. Dijo que la Nación se dio el lujo de otorgar el aumento con la plata que les pertenece a las provincias. En realidad, dijo lo que otros gobernadores prefieren callar para no enemistarse con la Casa Rosada. En La Rioja, Angel Maza anunció una recomposición parcial con impacto en las asignaciones familiares. En Catamarca, los funcionarios abrieron el paraguas y afirmaron que el aumento fue una decisión unilateral de la Nación que repercutirá negativamente en las provincias.
En Tucumán, crece la preocupación. Los funcionarios saben que pudieron apaciguar los ánimos de los estatales con el aporte no remunerativo, pero aclaran que la discusión salarial se renovará. En el medio del conflicto, los gobernadores presumen que, al finalizar el ejercicio fiscal 2004, el excedente de la recaudación nacional que se repartirá entre las provincias sería inferior a los $ 2.000 millones proyectados. Así, junto con la coparticipación y con la refinanciación de la deuda, se incorporó otro tema a la discusión Nación-provincias: el salarial. En el pasado, la administración federal transfirió los servicios (salud y educación). En el presente delegó un alto costo político para los gobernadores.