Errónea idea sobre el salario

El escándalo de los sobresueldos en cargos políticos del Gobierno nacional que ha generado una causa judicial donde se indaga a ex funcionarios y a ex empleados, no alumbra un hecho nuevo y se corresponde con otras situaciones que desde hace muchos años han testimoniado el desorden y la corrupción que afectaron y todavía subsisten en nuestra vida pública. Amparadas en la figura de los "fondos reservados" que el Estado debe ordenar prolija y responsablemente para asegurar la legítima protección de intereses ineludibles, esas sobreasignaciones a funcionarios políticos, que en algún tiempo habrían duplicado sus sueldos formales, se hicieron efectivas regularmente mediante alrededor de 120 leyes y decretos secretos, en su mayoría de gobiernos de facto, referidos a la seguridad, pero con efectos muchas veces derivados a retribuciones ocultas como las que motivan el nuevo escándalo. No deja de ser paradójico que este último se produzca cuando los funcionarios de los cargos políticos tienen fijadas remuneraciones que no pueden ser superiores a los 3.000 pesos del sueldo presidencial, de acuerdo con sucesivas prórrogas que los ex presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner dispusieron de la decisión adoptada por Adolfo Rodríguez Saá. Ese límite está por debajo de las remuneraciones que perciben 18.854 empleados permanentes de la administración nacional, lo cual representa un despropósito con el que también se ha tratado de justificar el desvío irregular de fondos reservados. El control de esos gastos de inteligencia fue, por cierto, preocupación de algunos legisladores, aunque sin poder suficiente para lograr medidas con tal fin, especialmente durante la década anterior, cuando los diputados Raúl Baglini y Jesús Rodríguez, ambos de la UCR, propusieron iniciativas (1993 y 1994) sobre tratamiento legislativo de dichos fondos, juntamente con los proyectos de presupuesto nacional. Más recientemente, diputados del Frente País Solidario siguieron esas inquietudes con ligeras variantes pero que tampoco prosperaron. En todos esos casos se trató de consolidar un régimen suficiente de identificación y aislamiento de los recursos destinados a inteligencia mediante controles reservados, tal cual se cumple en casi todos los países. Según evidencias que ahora se investigan, los fondos reprobables por sus destinos políticos no se limitaban al Poder Ejecutivo, sino que igualmente habrían sido beneficiarios los legisladores, salvo quienes los declinaron aunque sin cumplir con el deber de denunciarlos. La cara oculta de la luna en la señalada situación que echa más sombras sobre la administración del Estado es, como se ha expresado, el hecho de que alrededor de 400 funcionarios políticos del poder central se hallen sujetos a un nivel de sueldos que violenta todo sentido común y sólo se justifica con una visión demagógica del genuino interés social. Ese recorte de sueldos a partir de enero de 2002 no fue precedido por estudio alguno de la realidad presupuestaria que, aunque muy grave, ofrecía alternativas diversas. La decisión, pues, tuvo un sentido político que desatendió las razones del nivel de remuneraciones afectado, es decir, la calidad exigida para la gestión pública de máxima decisión. No observar esa exigencia ha sido causa, más que ninguna otra, de fracasos y frustraciones de gobiernos, incapaces de cumplir con las promesas ante la sociedad. Es muy probable que una decisión de restablecer el principio de mejor remuneración para asegurar mejor servicio en los niveles políticos de gobierno, provoque ciertas reacciones negativas, pero no ha de perderse de vista que la conducción del Estado debe atender prioritariamente los fines superiores de mediano y largo plazo. Ese y no otro es el rumbo político que puede permitir a la República su recuperación tras la larga crisis.