Concejales cruzan acusaciones por el reparto de ayudas sociales

En plena campaña electoral, el manejo de los fondos para ayudas económicas enfrenta a dirigentes del gobernador Manzur y del intendente Alfaro. Ambos grupos visitaron LA GACETA con diferencia de horas Ediles ligados al PE denuncian anomalías en 1.500 subsidios. Berarducci y ediles de Cambiemos piden conocer los beneficiarios.

11 Oct 2017

Entre vecinos de otros distritos y DNI falsos

Los concejales peronistas de la capital denunciaron presuntas irregularidades en la entrega de subsidios por parte de la gestión del intendente, Germán Alfaro. El jefe municipal de Cambiemos había autorizado por decreto, en plena campaña electoral para diputado nacional, la asignación de ayudas económicas de $ 1.500 a 1.502 vecinos. “Si no nos responden el pedido de informes del Concejo vamos a acudir a la Justicia. Esto puede ser una estafa: malversan fondos municipales dando subsidios a vecinos de otras localidades, de otras provincias y a gente fallecida”, disparó Dante Loza, presidente del bloque Tucumán Crece-PJ.

El decreto 3.810 del 28 de septiembre (la campaña había comenzado el 23) autorizó a la Secretaría de Gobierno Municipal de San Miguel de Tucumán a destinar $ 2,2 millones en subsidios para 1.502 beneficiarios. El instrumento trascendió la semana pasada de manera incompleta: se adjuntó al expediente una planilla con datos de 700 vecinos, es decir, menos de la mitad de los favorecidos.

Los siete ediles de la bancada Tucumán Crece-PJ y el concejal José María Franco (bloque Restauración Peronista), acudieron a LA GACETA con documentación del cotejo de datos de quienes cobraron subsidios según el decreto de la polémica. Del total, consignaron que más de 300 vecinos residen fuera de la capital, que 12 viven en otras provincias y que en un caso, un beneficiario falleció (desde la Intendencia afirmaron que se trata de un DNI mal anotado -ver nota aparte-).

“En el padrón figura la supuesta vecina Margarita del Valle Acevedo, pero ese número de DNI consignado, según el Registro Nacional de Electores, corresponde a Juan Ernesto Cingolani, que reside en Monte Buey, Córdoba. Otro caso es el de una vecina Rebbeca Iramain, cuyo DNI en realidad es de Rocío Rafaela Sánchez, que vive en Santa Clara, Jujuy”, detalló Loza. David Mizrahi interrumpió el relato de su compañero de bancada para enumerar las provincias de algunos de los beneficiarios: Mendoza, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Río Negro, Santa Cruz, Chaco y Buenos Aires. Y agregó: “la identidad consignada con el beneficiario 661 del listado corresponde en realidad a Manuela Speroni, una mujer que falleció en 1983 en Buenos Aires”, detalló.

La punta de un “iceberg”

“Estos datos nos pondrían frente a la punta de un iceberg de una cadena de corrupción y clientelismo. Los $2,2 millones de este decreto corresponden al 5% del presupuesto anual de la Partida Principal 31 para la Secretaría de Gobierno”, criticó Mizrahi. Y agregó: “creemos que se trata de una modalidad del municipio para sacar plata y hacer caja. Se trataría de un acto de corrupción y de malversación de fondos”.

“Estas irregularidades nos pondrían frente a una estructura de corrupción que empieza con el director de Empleo y termina con toda la cadena jerárquica involucrada, y en la cabeza está el intendente Alfaro. Me sorprende que no hayan entregado subsidios en Zaimán”, ironizó Franco, despertando las risas de Graciela Suárez de Cano, Matías Alejandro Figueroa, María Belén Cruzado Sánchez y Dolores Medina .

Juan Luis Pérez explicó que su bloque trabaja en la presentación de un pedido de informes. “Queremos que nos completen el listado de beneficiarios del decreto 3.810. Pediremos la documentación respaldatoria de los $ 30 millones ejecutados en 2016 en esta partida de la Secretaría de Gobierno. Y solicitaremos la documentación de la ejecución de la Partida Principal 31 de la Secretaría de Gobierno de 2017, con el listado completo de beneficiarios”, adelantó el concejal. “Nos gustaría conocer cuántos decretos de estas características se firmaron”, acotó Medina.

Critican un giro de $20 millones para subsidios

En medio de las acusaciones por presunto clientelismo en la previa a las próximas elecciones, el equipo del intendente Germán Alfaro (Cambiemos) aseguró que la Casa de Gobierno, más allá de sus acusaciones, no “muestra las cartas” sobre sus erogaciones.

“Redoblamos la apuesta”, desafió el secretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci, escoltado en la sala de entrevistas de LA GACETA por los concejales de Cambiemos. Y como si tuviera cara a cara a los funcionarios del equipo de Juan Manzur, añadió: “así como nosotros dimos a conocer a los beneficiarios (de las ayudas económicas por $ 2,2 millones), que se transparenten todos los gastos; queremos conocer a los beneficiarios de los $ 20 millones que se liberaron en septiembre (del Tesoro de la Provincia) a la Secretaría General de la Gobernación, cuyo titular (Pablo Yedlin) está de licencia pero, a la vez, es candidato a diputado (del Frente Justicialista por Tucumán)”.

Berarducci se presentó acompañado por los concejales del interbloque ApB-Cambiemos, Agustín Romano Norri, Roberto Ávila, Sandra Manzone, Raúl Pellegrini, Rodolfo Ávila, José Argañaraz y Roque Mendía. El secretario de Gobierno de Alfaro aseguró que la Municipalidad está adoptando medidas en pos de la transparencia en el manejo de fondos. “Este tema (de los subsidios en campaña) trascendió porque el decreto está acompañado por un anexo donde constan todos los beneficiarios. Está todo asentado en el Registro Público de Ordenanzas y Decretos, que es accesible para todo el mundo”, indicó Berarducci.

Afirmó que, en cambio, no se conocen los destinatarios de los $ 20 millones que transfirió el PE a la Secretaría General de la Gobernación mediante el decreto 3.130/3 (SH), del 25 de septiembre pasado, que salió publicado ayer en el Boletín Oficial. Allí consta que esa repartición solicitó ese mes la libración de $ 42.250 para becas, de $ 11,9 millones para “ayudas sociales a personas”, y de $ 9,2 millones para “transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”.

“El Gobierno de la Provincia sí mantiene el oscurantismo. A través de la Secretaría General de la Gobernación se ha ocultado incluso hasta el decreto de designación del ex gobernador (José Alperovich, firmado en 2015)”, manifestó Berarducci.

¿Error de tipeo?

El funcionario de Alfaro negó además las acusaciones sobre presuntas anomalías en la entrega de ayudas sociales a vecinos de las afueras de la capital. “Ninguna persona muerta puede cobrar un subsidio en la Municipalidad, y te digo por qué: una vez emitido el decreto (de la Intendencia), el beneficiario tiene que apersonarse con su DNI y eso es controlado por el órgano de control municipal. Es un trámite personalísimo, con DNI en mano”, indicó Berarducci. Luego, desde el Ejecutivo municipal enviaron la foto de una planilla en la que aparecía el nombre del supuesto destinatario de un subsidio que habría fallecido, como sostienen los ediles afines al PE. La acompañaron con la imagen del documento de la persona en cuestión, y aseguraron que se trataba de un error en la transcripción de los números: mientras el caso “sospechoso” comenzaba con 2 millones, el presuntamente correcto -según la Intendencia- era de 26 millones. “Faltó poner un número”, sostuvo Berarducci.

Además, objetó las críticas de los ediles afines a Manzur por la entrega de ayudas sociales con recursos municipales en otras localidades. “No hay ninguna prohibición expresa a la asistencia o la promoción social a personas que no sean de San Miguel de Tucumán. Además, los fondos vuelven a la gente; no van a cajas fuertes ni a casas o departamentos en Miami, como (sucede con) los funcionarios de la Provincia”, indicó.

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