Errónea decisión para tratar de evitar el clientelismo

28 Sep 2017 Por LA GACETA

El soborno ha construido un largo camino en todos los territorios, especialmente cuando se trata de llegar o mantenerse en una situación de poder, en un cargo importante o en ganar licitaciones. Sus gemelos, el clientelismo o el bolsonerismo, han hecho una carrera inusitada en nuestro país y se profundiza cuando se aproximan elecciones. Estas “ayudas sociales” se incrementan en esos momentos.

El 22 de octubre habrá elecciones legislativas en todo el país. El lunes, funcionarios de la Nación y de la Provincia anunciaron que los programas de asistencia social que cada administración lleva adelante, serán suspendidos durante los días previos a los comicios.

La delegada local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció que el 6 de octubre se van a suspender “las ayudas urgentes” hasta luego de las elecciones. “No queremos que se interpreten estas acciones como clientelismo, a pesar que ningún funcionario ni candidato de Cambiemos participa de las entregas... queremos llevarle tranquilidad a la gente que inició los expedientes para recibir ayudas urgentes. Cuando pasen las elecciones vamos a continuar con las entregas como lo venimos haciendo desde diciembre de 2015, de una manera transparente y ordenada”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social de la provincia anunció que los depósitos se cerrarán una semana antes de las elecciones y aclaró que es una medida que se efectúa siempre antes de cada elección.

Hace siete semanas, en ocasión de efectuarse las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, miembros de la administración provincial denunciaron a sus opositores de incurrir en prácticas clientelares a través de los operativos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y en las comunas del sur que se habían inundado a principios de año. La delegación local de ese organismo nacional no suspendió entonces los operativos pautados del programa “Ayudas urgentes”.

Las prácticas bolsoneristas en Tucumán son añejas. Por ejemplo, en las elecciones legislativas del 27 de octubre de 2013, Tucumán fue una vez más víctima de esta acción deleznable. Se estimaba que, únicamente en la capital, el Gobierno provincial había repartido alrededor de 350.000 bolsones. Camiones cargados con bolsones, así como la misma gente llevando el “regalito”, fueron ampliamente filmados y fotografiados. Años atrás, el entonces presidente de la Corte de Justicia, Alfredo Dato, había afirmado que el bolsonerismo no era delito.

Esta suspensión provisoria de los beneficios afectará sin duda a aquellas personas realmente necesitadas que reciben ayuda a través de programas nacionales y provinciales. Con esta medida, el Estado está reconociendo su incapacidad para evitar la práctica clientelar y para impulsar medidas que no sólo aseguren que las tareas del estado se hacen de modo transparente, sino para fortalecer las instituciones, que deben estar exentas de manejos políticos interesados, porque su obligación está con la sociedad, no con el gobernante de turno. Tampoco se conoce en todos estos que la Justicia haya enjuiciado y sancionado a alguien por este delito penado por el Código Electoral Nacional.

Por otro lado, esta medida tampoco garantiza que el bolsonerismo se renueve con otras modalidades en estos comicios. Es tan corrupto el que da como el que recibe. Sin control efectivo y sin sanción esta práctica no podrá ser desterrada.

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